La culpa es del árbitro
“El gremio periodístico es el único que no es un gremio”. Lo decía un veterano profesor de la Universidad del País Vasco en los albores de los años 90. Quizá el nuestro sea uno de los pocos desempeños profesionales donde no cabe corporativismo, donde nunca se cierran filas porque nos fiamos los unos de los otros lo justo. Y no solo ni principalmente entre medios adversarios. Cada sección es una nación en permanente estado de preguerra contra las secciones vecinas dentro del mismo medio. Uno de los primeros compañeros de oficio que uno tuvo en un diario regional le informó de que no tratara de comprender las dinámicas de los periodistas deportivos: “Son un periódico dentro del periódico”. En muchos sentidos, puede aplicarse a cualquier otra sección, cada una convencida de ser la única que cuenta lo verdaderamente relevante para la comunidad humana —da igual que se trate de política, cultura, economía, ciencia, internacional, sociedad o deportes— y condescendiente con la pretensión de importancia de todas las demás.
Pero, de todas ellas, quizá, como decía el compañero, la más aislada, también por desempeñarse en jornadas y horarios particulares, sea la de deportes. Su forma de hacer —de hacer el fútbol, quiere decirse, que es la tarea que ocupa nueve de cada diez de sus contenidos—, marcada por la adhesión a colores y a menudo una pasión de hincha que desmerece la supuesta ecuanimidad del periodismo, nunca ha sido particularmente respetada por el resto de secciones, a las que también mueven los celos —para qué negarlo— por la atención popular que reciben los periodistas deportivos.
Y sin embargo, quizá deberíamos tomar en cuenta alguna de las características, o incluso vicios, que exhiben en su tarea. Por ejemplo, el excepcional protagonismo que dan a quien no debería tenerlo, el árbitro, al que nunca dudan en responsabilizar de los infortunios que acaecen a los colores que a cada cual mueven cuando alguna decisión arbitral se antoja determinante para el resultado. El juicio al juez es algo de lo que el periodismo político, el económico, el cultural o el internacional se mantiene alejado como de la peste. Y pensándolo con detenimiento quizá haga bien el hooliaganismo deportivo en poner la lupa sobre los titulares de la lupa. Porque, atendiendo al eslogan de uno de los cómics más famosos de todos los tiempos, Watchmen, de Alan Moore y Dave Gibbons, “¿quién vigila a los vigilantes?”.
El juicio al juez es algo de lo que el periodismo político, el económico, el cultural o el internacional se mantiene alejado como de la peste
El arriba firmante aún recuerda el estupor funcionarial del Ayuntamiento de Oviedo cuando comenzó a poner en pie la praxis de no esperar a que los grupos de oposición denunciaran las imaginativas modalidades contractuales que empleaba el equipo de gobierno para sortear la obligación de realizar concursos públicos, ampliar contratos o acortar los plazos de tramitación, sino que se compró una ley de contratos y una ley de bases, y se dedicó a leer los informes de los servicios de intervención municipales que daban por buenas las pintorescas prácticas de contratación de la Alcaldía. Esa forma de obrar permitía afirmar en los titulares que las modalidades contractuales de tal o cual expediente estaban fuera de lo que establecían la ley de contratos del Estado o la ley de bases de régimen local, sin esperar a que lo denunciara la oposición tras el estudio del expediente. No gustaba al equipo de gobierno, en aquel caso el PP, pero tampoco gustaba a la oposición, claro, porque les hurtaba la posibilidad de hacerse valer después en los titulares, como “IU critica…” o “El PSOE denuncia…”.
En aquellos tiempos, un veterano del tinglado protestaba amargamente porque los verbos enunciativos copaban el 90% de cualquier publicación. “Anuncia, sostiene, denuncia, critica, asegura, propone, afirma, cuestiona…”. Las secciones enteras de política local, autonómica y nacional eran —y en buena medida siguen siendo— alguien hablando de algo con convencimiento pleno, y el periodista se acomodaba a la mera transcripción del relato eufónico, en el mejor de los casos abriendo comillas. La lectura íntegra de los expedientes que iban a comisión fue la forma que uno encontró para tratar de hurtarse a la condición de emisario de conclusiones ajenas.
Si bien, como decía, aquello no gustaba a los grupos políticos, ni gobierno ni oposición, los que realmente andaban furiosos por los cafetines ovetenses eran los miembros del servicio de intervención municipal, un cuerpo de habilitación nacional —es decir, que el gobierno local no puede cesarlos ni trasladarlos—, acostumbrados a la invisibilidad, que no estaban preparados para que se diera a conocer el contenido de los informes en los que daban su plácet a extraños procedimientos de tramitación urgente, bendecían con su hisopo la habitual fragmentación de contratos con la que el gobierno municipal elegía a dedo al contratista y asentían ante ampliaciones y modificaciones de contratos que multiplicaban hasta por diez el precio de la adjudicación original. Compañeros de oficio y concejales de todo pelaje preguntaban al cronista por esta práctica inhabitual que tan pocos amigos hacía en las consistoriales, pero uno estaba convencido de que la tarea de unos altos funcionarios que tenían salarios muy superiores a los de los ediles y cuyo cometido era asegurar la legalidad de las tramitaciones bien podía ser expuesta para el juicio del respetable en una administración cuya tarea dio lugar a la primera manifestación “contra la corrupción” de la historia de España.
Los interventores eran pues los árbitros de la política de contratación municipal y, cual periodista deportivo, uno exponía con super slow motion su aplicación del reglamento —en este caso, la ley— a las más controvertidas obras de aquella administración local.
Es obvio que esta excentricidad juvenil no creó escuela ni allí ni en ninguna parte y, de hecho, en la política nacional, los árbitros —las altas magistraturas judiciales— no solo no son cuestionados sino que cuando se conducen con reglamentos inventados o retorcidos, lo más que se puede esperar del oficio es que los califique de “pintorescos” y juzgue sus patentes arbitrariedades como “singulares” o “excéntricas”.
Y el caso es que, en tanto poder informal de contraste —“cuarto poder” es el sintagma clásico para definir lo que hacemos los impostores— y llegados al caso de la crisis de la democracia liberal por el abrazo de las derechas del iliberalismo, cuando consta que los togados han cambiado gobiernos en América Latina (el caso brasileño es particularmente indecoroso) pero también en la Unión Europea (aquí al lado, Antonio Costa fue forzado a dejar el Gobierno luso por una arbitrariedad judicial), quizá sería deseable que el periodismo empezara a poner el grito en el cielo ante los penaltis inexistentes y los fueras de juego discutibles que siempre se inclinan hacia el equipo local para hinchar su marcador y garantizar su clasificación.
Y, levantando la vista, más allá del colegiado en cuestión, convendría cargar las tintas contra el Comité Arbitral de la Competición Profesional por los disparates que su labor está patrocinando. Y sí, hablamos del Consejo General del Poder Judicial.
