Quien quiera entender, que entienda
Todo empezó con una posición antidemocrática: la idea de que este gobierno es ilegítimo porque no gobierna la fuerza más votada. No se trata de un desconocimiento del funcionamiento del sistema parlamentario español, en el que la ciudadanía vota al poder legislativo y gobierna quien logra reunir una mayoría suficiente en el Congreso. Lo que había detrás era el resentimiento de una oligarquía que ya se veía vencedora.
En el fondo, la cuestión es siempre la misma: la existencia de poderes, dentro y fuera del Estado, que pretenden coaccionar al legislativo, el único poder elegido directamente por la ciudadanía. Las elecciones se celebraron en julio de 2023 y, ya en otoño de ese mismo año, José María Aznar dio el toque de corneta con su célebre llamamiento: «Quien pueda hacer, que haga».
La corrupción, para quienes —en la estela de Donoso Cortés— consideran que la aristocracia es un elemento de libertad y la democracia un elemento de tiranía, nunca ha sido un problema especialmente preocupante. Las grandes fortunas y muchas de las familias que las poseen hunden sus raíces históricas en formas de apropiación y expropiación vinculadas a la corrupción por sistema.
Se actúa de una u otra forma dependiendo de a quién afecte. El caso Aldama resulta paradigmático. Mientras que José Luis Peñas, el concejal del PP que contribuyó decisivamente a destapar la trama Gürtel, sufrió, junto a su familia, un auténtico calvario, Víctor de Aldama, tras reconocer delitos cuando fue descubierto, ha sido elevado a la condición de referente moral por buena parte de la derecha mediática en su supuesta cruzada contra la corrupción.
Imaginemos por un momento que familiares directos del presidente del Gobierno se hubieran enriquecido mediante negocios vinculados a la pandemia, del mismo modo que se ha normalizado que ocurra en el caso de Ayuso. Resulta fácil imaginar cuál sería la magnitud del escándalo.
Las razones que explican el clima de olla a presión que vivimos no pueden entenderse únicamente a partir de los casos de corrupción. Aunque estos existan y sean graves, el problema de fondo es todavía más peligroso. La idea sería la siguiente: hasta hace poco, el PSOE era funcional al régimen del 78; de hecho, constituía uno de sus pilares fundamentales. Sin embargo, cuando da muestras de querer emanciparse parcialmente de los límites establecidos, comienzan las advertencias. Y eso, desde determinados centros de poder, no se tolera. Al PNV ya le han mostrado la primera cabeza de caballo.
Sin embargo, lo verdaderamente preocupante no son los episodios concretos de corrupción, por escandalosos que sean, sino la existencia de relaciones de poder capaces de ocultar o exhibir la corrupción según convenga a determinados intereses. Lo que quiero destacar es que hay algo todavía más grave que la corrupción de las tramas organizadas: el poder para decidir qué corrupción se persigue, cuál se silencia y cuándo se hace cada cosa en función de la obediencia política al poder oligárquico. Esa arbitrariedad es la que convierte la corrupción en democracia en una corrupción de la democracia.
Si no ganan quienes deben ganar, la convivencia está en riesgo
Esto no pretende relativizar ni minimizar la gravedad de los casos que afectan al PSOE. Lo que busca es situarlos en un contexto más amplio, en el que la consideración de quién es corrupto y quién no parece depender menos de los hechos que de los intereses. Cuando eso ocurre, la corrupción deja de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en un mecanismo estructural de disciplinamiento político.
Quizá todo este contexto de corrupción estructural ayude a explicar por qué el PSOE, incluso en una coyuntura tan delicada como la actual, no quiere pasar a la ofensiva e impulsar una agenda profunda de reformas democráticas. Actuar cuando aparece la corrupción es necesario —qué menos—, pero resulta insuficiente. Eso significa actuar sobre los efectos y no sobre las causas.
La peor consecuencia de la corrupción no es económica. El daño fundamental es político: la subordinación de la cosa pública a intereses privados. La corrupción es un disolvente de la democracia y, al contrario, reforzar la democracia —a saber, reforzar la igualdad y blindar la cosa pública frente a los agentes privados— significa llevar a cabo medidas extraordinarias que cuestionan a poderes de dentro y de fuera del Estado. Y eso ya significa alterar sustancialmente la manera de funcionar y organizar el poder en España. Y hasta ahí podíamos llegar en la lucha contra la corrupción.
Aznar lanzó su llamamiento contra el Gobierno en 2023. En junio de 2026, el destinatario de sus advertencias ya no parece ser únicamente el presidente, ni siquiera el Ejecutivo. El mensaje se dirige directamente a la sociedad española: si no ganan quienes deben ganar, la convivencia está en riesgo. Quedarse quietos no va a frenar su voracidad. Quien quiera entender, que entienda.
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Jorge Moruno es sociólogo por la UCM, diputado de Más Madrid y portavoz de Vivienda.
