Imputados, investigados y presunción de inocencia

I.- En el año de 2015, es decir hace casi doce años, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) fue modificada en el sentido de cambiar el concepto de imputado por el de investigado, en la fase de instrucción del procedimiento penal. La razón de ello fue que imputado, del latín “imputare”, significa “atribuir a otro una culpa, delito o acción”, de evidente sentido peyorativo e inculpatorio, que no se corresponde con la fase del procedimiento en la que el juez no imputa nada a nadie. En esta fase el juez se limita a investigar si realmente hay indicios razonables de criminalidad o no. Por ese motivo se sustituyó lo de imputado por el más preciso, aunque menos escandaloso, de investigado, es decir, del verbo investigar o “hacer diligencias para descubrir una cosa”, en este caso una falta o un delito. Es exactamente lo que hace el juez cuando recibe una denuncia o una querella, con algún viso de realidad: someter a la persona o entidad a investigación formal. Además, la figura de investigado se creó con una finalidad garantista, pues permite al afectado o afectada conocer los supuestos cargos, acceder al expediente, solicitar pruebas, no declarar o hacerlo y acudir al juzgado asistido de abogado. Cuando concluye el procedimiento de instrucción tampoco se trata, en su caso, de imputado, sino de encausado o acusado, así que no sé de dónde se han sacado algunos lo de “imputado”, pues no existe esa figura en la Lecrim. Yo comprendo que suena más escandaloso e impactante lo de imputado que lo de investigado y, por eso mismo, se modificó el término, pues parecía que ya desde el principio el sujeto afectado aparecía como culpable de algo cuando no era cierto. Por eso mismo, no es igual que se diga que un juez te imputa de un delito —el que sea— que se informe de que te está investigando, por si hubieras podido incurrir en actividad delictiva.

II.- La diferencia es tan evidente que en España, cuando aparece en todos los medios de información o redes sociales que fulano o mengana han sido imputados de uno o varios delitos, la persona concernida ya se puede dar por condenada, por lo menos ante la opinión pública. Mientras que si se dice que está siendo investigada no significa, en principio, nada, pues los jueces o magistrados cuando reciben una denuncia o querella, sobre la posibilidad de que se haya cometido un delito, lo lógico es que indaguen, previa audiencia del interpelado, si tiene o no visos de realidad la acusación denunciada.

El otro día, sin ir más lejos, se dio un caso realmente notable de tergiversación del lenguaje. Todos los medios de comunicación anunciaron, a bombo y platillo, que el juez Calama había citado como “imputadas” a las hijas del expresidente Zapatero y, curiosamente, a continuación se decía “aunque el juez no las acusa de nada”. Entonces, ¿por qué se dice como imputadas si no se les imputa nada? ¿No sería más veraz decir que el juez las citó en condición de investigadas, precisamente para que pudieran defenderse mejor? Mi impresión es que como en esta importante confusión, entre ambos conceptos, incurren todos los medios de difusión, ya sean de derechas o de izquierdas, sólo concibo dos explicaciones: unos lo hacen por mala leche, porque es más sensacional y atractivo, vende más, hace más daño, publicitariamente, lo de que un juez imputa que el más neutro de que un juez investiga. Pero en otros medios, más serios y objetivos, con periodistas de gran calidad, no encuentro explicación que no sea la costumbre —más difícil de cambiar que las leyes—, el olvido, la ignorancia o quizá porque entienden que es lo mismo utilizar una palabra u otra. Reconozco que a veces he dado la batalla por perdida, pues quizá hay intereses comerciales de por medio —en términos de audiencias, etc.—, pero no me resigno, pues el daño que se hace es considerable.

En España, cuando aparece en todos los medios de información que fulano o mengana han sido imputados, la persona concernida ya se puede dar por condenada

La importancia de esta cuestión está relacionada con un tema que es realmente trascendente. He sostenido, en más de una ocasión, que lo que diferencia, entre otras cuestiones, una dictadura de una democracia es el respeto a la presunción de inocencia. En la dictadura regía el principio de la presunción de culpabilidad, pues era el empapelado quien debía demostrar su inocencia y, aun en estos casos, era igualmente condenado por “analogía”, preventivamente o porque a la autoridad gubernativa o judicial le salía de los 'telenguendengues'.

Pues bien, ahora este derecho fundamental de la democracia está siendo laminado a nivel de opinión publicada y, por supuesto, en el debate político. Un solo ejemplo, sólo existe hoy en día una sola condena firme a personas relacionadas con el PSOE —caso Ábalos— y, sin embargo, la mayoría de los medios y las derechas acusan todos los días al Gobierno de que es el más corrupto de la historia y su sede una cueva de ladrones y una banda de criminales. ¿Qué se podría decir entonces del PP, que tiene varias condenas firmes que han afectado al propio partido, a un vicepresidente del gobierno de Aznar o a varios ministros? Se trata, en mi opinión, de una de las violaciones más graves de la democracia, de nuestra Constitución, y supone regresar, si no se remedia, a lo que estaba vigente durante la dictadura.

Además, me es igual que el encartado o encartada sea de izquierdas, de derechas o de centro. Para mí, los señores Zapatero, Montoro, Fernández Díaz, la pareja de la Sra. Ayuso o cualquier otra persona que esté en este momento investigada o acusada es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, en todos estos casos ya no interesan los que afectan a la derecha, aunque sean mayoría los que están todavía pendientes de juzgar y sentenciar, pues en España ser inocente o culpable, ante la opinión pública, no está en manos de jueces y magistrados, sino de los medios y las redes sociales, que en su inmensa mayoría están controlados por la derecha y la ultraderecha. Casi todos los días, unos y otros se tiran la Constitución a la cabeza, e incluso el PP acusa al Gobierno de que ya está fuera de la ley y de todo, pero se sigue conculcando la presunción de inocencia como si fuera una costumbre. Si esto pasa ahora, qué ocurrirá si gobiernan PP/VOX en el futuro. El Altísimo nos coja confesados.

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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas, abogado y escritor, su último libro es 'La Democracia Expansiva' (Anagrama)