¿Puede un obrero permitirse ir a la huelga?

La noticia de que CCOO y UGT han decidido crear una caja de resistencia para ayudar económicamente a sus afiliados durante determinadas huelgas debería abrir un debate mucho más amplio que el de la propia iniciativa.

La primera reacción puede ser positiva. Si hacer huelga implica perder salario, parece lógico que las organizaciones sindicales intenten aliviar ese coste. Pero, inmediatamente después, surge una cuestión inevitable: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

El derecho de huelga está reconocido en nuestra Constitución desde 1978. Sin embargo, desde entonces, ejercerlo ha tenido un precio. Un trabajador con un salario medio de unos 1.600 € netos puede perder alrededor de 50 € por cada jornada de paro.

Para quien vive con dificultades para llegar a fin de mes, esa cantidad convierte un derecho constitucional en una carga económica.

No es extraño, por tanto, que muchas huelgas reciban más simpatía que participación. No siempre falta conciencia colectiva, muchas veces falta capacidad económica.

El sindicalismo español ha perdido capacidad para convertirse en un movimiento de masas y esa reflexión es la más importante

La caja de resistencia pretende responder a esa realidad, pero solo para quienes están afiliados. Y ahí creo que aparece una enorme contradicción.

Las huelgas nunca las ganan los afiliados de un sindicato. Las conquistas laborales alcanzadas mediante la movilización benefician al conjunto de los trabajadores. Sin embargo, el apoyo económico queda reservado a una parte de ellos. Lo entiendo desde la lógica de una organización financiada por sus afiliados, pero no deja de reflejar un problema de fondo: el sindicalismo español ha perdido capacidad para convertirse en un movimiento de masas. Y esa reflexión es la más importante.

Muchos trabajadores seguimos recordando con respeto el sindicalismo que representaron Marcelino Camacho o Nicolás Redondo. No porque fueran infalibles, sino porque simbolizaban organizaciones profundamente arraigadas en los centros de trabajo, sostenidas por la participación de sus afiliados y con una enorme capacidad de movilización.

Hoy la percepción es diferente. Los sindicatos continúan siendo actores imprescindibles en la negociación colectiva y han contribuido a importantes avances laborales en los últimos años. Sería injusto negarlo. Pero también es cierto que una parte importante de los trabajadores siente que esas organizaciones se han institucionalizado demasiado y que la distancia con la realidad cotidiana de muchos centros de trabajo ha aumentado.

Quizá por eso una caja de resistencia, siendo una buena noticia, también evidencia una carencia. Llega cuando cada vez menos trabajadores pueden permitirse hacer huelga y cuando los propios sindicatos necesitan buscar nuevas fórmulas para reforzar la movilización.

Hay otra cuestión que también merece debate. Cuando un trabajador hace huelga, el salario descontado supone también un ahorro para la empresa o, en el caso de las administraciones públicas, un menor gasto de personal. Nadie discute que no deba cobrarse un trabajo que no se ha realizado. Pero sí cabe preguntarse si ese ahorro, al menos en el sector público, no debería destinarse automáticamente a alguna finalidad social en beneficio de los trabajadores, en lugar de quedar simplemente como una reducción del gasto presupuestario.

No tengo una respuesta definitiva. Solo una convicción, un derecho fundamental pierde parte de su fuerza cuando solo pueden ejercerlo quienes pueden permitirse pagarlo.

Y eso debería preocuparnos a todos. También a los sindicatos.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.