El blog del Foro Milicia y Democracia quiere ser un blog colectivo donde se planteen los temas de seguridad y defensa desde distintas perspectivas y abrirlos así a la participación y debate de los lectores. Está coordinado por Miguel López.
La obediencia debida en los crímenes de guerra
La vuelta de la guerra convencional entre Estados con fines ofensivos de expansión y dominación regional, pese a su radical prohibición establecida en la Carta de Naciones Unidas (1945) como fundamento del actual sistema colectivo de seguridad, supone, además de un claro incumplimiento normativo, la señal más evidente de la transición en que nos encontramos hacia la superación del orden mundial. Los actuales conflictos de Rusia contra Ucrania y de Estados Unidos-Israel contra Irán son un salto cualitativo en el empleo estratégico de la amenaza instrumental y el uso efectivo de la fuerza sin necesidad de alegar otra excusa que la propia razón de Estado.
Se consolida así la desconexión voluntaria del derecho internacional, desactivando con sus derechos de veto la gobernanza del Consejo de Seguridad, por parte de las grandes potencias que adoptan una política unilateral de imposición de sus intereses (realismo ofensivo) cuando se abre una ventana de oportunidad para utilizar sus capacidades ofensivas y controlar la posible respuesta. En 2022, Rusia decidió dar continuidad a la guerra abierta en 2014 con un ataque a gran escala sobre Ucrania, buscando detener la presión occidental sobre su territorio. La campaña fracasó y la situación bélica se extiende ya al cuarto año, consolidando sus anexiones irregulares de Crimea y las regiones del este y sur. Ante la falta de respuesta unitaria, los actores beligerantes forman sus propias coaliciones por áreas de influencia internacional.
Un análisis similar de oportunidad llevó a la coalición Israel-EEUU a principios de abril a desencadenar una ofensiva para derribar de manera expeditiva el régimen de Irán con el descabezamiento del liderazgo religioso, político y militar, y con la asunción de que la oposición y las señales de descomposición interna que indicaban la represión sangrienta de finales de año llevarían a un rápido colapso del régimen, cambiando así la relación de fuerzas en Oriente Medio, destruyendo las capacidades militares y el programa nuclear. Estados Unidos abrió las hostilidades incluso en pleno proceso de negociación con la república islámica. Para Israel, que asumió el protagonismo en los ataques y encajó la respuesta iraní, sus objetivos eran proseguir la guerra en la región para desactivar el peligro de Teherán y de sus milicias satélites (red de proxies); paralelamente, avanzaba su plan sistemático de construcción del Gran Israel, con la ampliación a sangre y fuego de su territorio en varias direcciones (Gaza, Cisjordania y Líbano).
El conflicto ha resultado un fiasco para Estados Unidos, cualquiera que sea la resolución final. La guerra se ha parado en un punto muerto, la dictadura iraní se ha reforzado y radicalizado con la sucesión en el mando militar. El control del Estrecho de Ormuz, conseguido con limitados instrumentos coercitivos, ha otorgado una baza ganadora, por su clara afectación al mercado de petróleo y a la economía mundial. Los misiles iraníes han conseguido desestabilizar la región y sus fuentes de riqueza. La estrategia de aspiración al arma nuclear se ha visto reforzada con los ataques. En esta situación, la tentación de un ataque masivo que “borre una civilización” (Trump dixit) ha pasado de ser una exagerada e intolerable declaración a una opción criminógena que puede estar siendo planeada como desesperada hipótesis de conclusión de la guerra.
La ética militar profesional exige el cumplimiento de normas morales en el combate, especialmente en la ejecución de operaciones que pueden derivar en actos contrarios al derecho internacional humanitario
Estados Unidos se ha involucrado en una guerra sin respetar tampoco su propia legalidad, que exige la aprobación formal del Congreso de Representantes. El presidente ha utilizado sus poderes ejecutivos para desplegar la fuerza ante el riesgo de bloqueo de la iniciativa y anulación del factor sorpresa. Evidentemente, no es la primera vez que ocurre, de hecho constituye la pauta habitual en las intervenciones militares estadounidenses. Pero, una derivada de esta manera de proceder, en las operaciones bélicas a gran escala, es la cuestión de la exigencia de responsabilidades individuales cuando, en el marco de estas operaciones, se cometen posibles crímenes de guerra. Los ataques indiscriminados sobre las ciudades, la población civil y la destrucción deliberada de la infraestructura básica apunta en esta dirección.
Los deberes morales no se suspenden durante las operaciones, sino que, al contrario, es el momento oportuno para comprobar su vigencia. Es lo que distingue al militar profesional del criminal
La ética militar profesional exige el cumplimiento de normas morales en el combate, especialmente en la ejecución de operaciones que pueden derivar en actos contrarios al derecho internacional humanitario en el curso de los conflictos armados. En tales situaciones, los combatientes se enfrentan, en condiciones de presión jerárquica y estrés de combate, a una grave tensión entre la obediencia debida disciplinaria y el respeto a los códigos éticos en las acciones letales. La responsabilidad individual, examinadas las circunstancias, no se subsume en la principal de los líderes políticos que imponen guerras de espaldas a la legalidad internacional. Los deberes morales no se suspenden durante las operaciones, sino que, al contrario, es el momento oportuno para comprobar su vigencia. Es lo que distingue al militar profesional del criminal.
La atribución de la responsabilidad individual por acciones u omisiones es independiente de las posibilidades de que sean sustanciadas en un proceso. El hecho de que, de los países involucrados en las guerras interestatales actuales, ninguno haya firmado o ratificado el Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional —salvo Ucrania que asumió la jurisdicción voluntaria en 2024—, es un indicador de la pretensión de los Estados de situarse al margen de la legalidad internacional para que no interfiera con su política de intereses. Pero en modo alguno constituye impunidad, ya que tales conductas pueden (y deben) ser investigadas y juzgadas a la espera de ser ejecutadas.
En el proceso de toma de decisiones políticas tan trascendentes como es hacer la guerra, u otras acciones armadas más limitadas del uso de la fuerza, es fundamental contar con un asesoramiento profesional solvente, no solo en el aspecto técnico de oportunidad y despliegue de las capacidades militares para cumplir los objetivos señalados por el poder político, sino también para servir de consejo moderador, respecto de la necesidad de su ajuste con la legalidad internacional y derecho humanitario, así como la garantía de la conducta moral de las fuerzas armadas, basada en valores de la mejor tradición. El decoro profesional debería impedir que se amenace con el empleo ilícito de una fuerza desproporcionada como simple elemento de presión en el curso de una negociación y que se haga en un acto oficial con presencia de los comandantes militares, que están subordinados, pero no obligados a la obediencia ciega. Tal vez estas tensiones expliquen los relevos de altos mandos militares producidos en plena campaña.
