Sánchez pide al PP que escuche a la patronal y a la Iglesia para regularizar inmigrantes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este martes al Partido Popular que escuche a la patronal y a la Iglesia católica para apoyar la regularización de inmigrantes que va a aprobar el Ejecutivo, según informa EFE. Sánchez ha salido así al paso en rueda de prensa en Pekín a las críticas del PP, y también de Vox, a esa regularización que prevé aprobar el Gobierno este martes.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que lo que hace el Gobierno es reconocer derechos a ciudadanos que ya viven en España y ha recordado que ha habido anteriores procesos de regularización. Así, ha llamado la atención sobre el hecho de que el Gobierno del PP de José María Aznar regularizara a medio millón de inmigrantes sin papeles.

"Por lo tanto, no estamos haciendo nada más que, desde un punto de vista de interés económico y también de una cuestión moral, reconocer derechos a quienes hoy ya están aportando a la prosperidad y a la cohesión de nuestro país", ha añadido.

Además, ha señalado que se trata de un proceso de regularización que ha sido demandado por distintos actores que poco o nada tienen que ver con el Gobierno, como la Iglesia católica o los agentes sociales, ya que se necesita mano de obra para seguir la senda de creación de empleo.

Por eso, tras asegurar que de Vox no se puede esperar nada, ha instado al PP a que escuche a la patronal y a la Iglesia y tengan en cuenta su propia historia al haber hecho ya regularizaciones.

Sánchez ha insistido en que se trata de algo bueno para España, para el reconocimiento de derechos y para el crecimiento económico, para tener unas cuentas de la Seguridad Social lo más saneadas posibles y para garantizar las pensiones.

Una acto de justicia pero también de necesidad  

En una carta a la ciudadanía firmada este martes, el presidente del Gobierno ha asegurado que esta medida es un acto de "normalización" al reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de la vida cotidiana de los españoles, cuidan de sus mayores, trabajan para que los alimentos lleguen a sus mesas y emprenden. "Personas que construyen la España rica, abierta y diversa que somos -ya la que aspiramos a ser", ha resumido. 

Pero también se trata, ha señalado, de un acto de justicia con los antepasados de los españoles que emigraron a América y Europa en busca de una vida mejor y de muchos jóvenes que se vieron obligados a marcharse tras la crisis de 2008. Todos ellos ayudaron a levantar las sociedades que los acogieron y contribuyeron a modernizar España, ha recalcado.

El jefe del Ejecutivo ha apuntado que se trata también de "una necesidad" para el país, ya que este, "como otros países europeos, envejece" y sin nuevas personas trabajando y cotizando, su prosperidad se frena, su capacidad de innovar se debilita y sus servicios púbicos -sanidad, pensiones, educación- sufren. 

Por todo ello, Sánchez ha asegurado que el camino es "integrar mejor, ordenar mejor y canalizar todo el potencial de quienes ya viven" en España y la regularización avanza en esta vía, al reconocer derechos pero también exigir obligaciones. 

Ha defendido que la integración solo es posible desde la regularidad: "Desde el acceso a un empleo digno, desde la contribución al sistema, desde la participación plena en nuestra sociedad", ha señalado. 

Sánchez ha contrapuesto el camino de "quieres quieren sembrar el miedo, enfrentar a unos con otros y condenar a miles de personas a la exclusión" frente al de quienes entienden que la migración es una realidad que debe gestionarse con responsabilidad, integrarse con justicia y convertirse en prosperidad compartida.

El presidente del Gobierno ha dedicado unas palabras en su carta a los cientos de organizaciones y más de 600.000 personas que, durante años, han trabajado "sin descanso" para sacar adelante la iniciativa legislativa popular para la regularización, que logró "algo insólito en tiempos de polarización: la capacidad de unir". 

PP, Vox y Junts cargan contra la regularización

PP, Vox y Junts han criticado este martes al Gobierno tras aprobarse la regularización extraordinaria de inmigrantes, pese a que tanto la Iglesia como la patronal sí apoyan este decreto.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Elma Saiz, lo ha definido como "un acto de coherencia ética y de justicia social" y "uno de los grandes hitos" de esta legislatura.

Saiz ha resaltado que para acceder a esta regularización se requerirá carecer de antecedentes penales, por lo que "no supone una amenaza para el orden o la seguridad públicos".

"Frente a quienes defienden un mundo lleno de muros y de expulsiones, la España real habla muchos idiomas, viene de muchos sitios y conoce muchas culturas", ha subrayado la vicepresidenta segunda del Gobierno y titular de Trabajo, Yolanda Díaz.

Otro ministro de Sumar, Pablo Bustinduy, ha incidido en que "quien vive aquí, quien trabaja aquí, tiene que tener responsabilidades, pero también tiene que tener derechos".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una reunión con sus diputados y senadores, ha dicho que la regularización "no es humanitaria" y "alienta a las mafias", ya que extiende el mensaje de que "pueden hacer su trabajo con éxito" dado que en España "podrá entrar cualquiera".

Además, según Feijóo, no tiene "exigencias suficientes" para quienes vayan a regularizar su situación, que cree que podrían ser no solo medio millón, sino incluso "más de un millón".

"Es momento de deportaciones masivas, de prioridad nacional y de controlar nuestras fronteras", ha dicho la dirigente de Vox Isabel Pérez Moñino al presentar una campaña de concienciación de su partido sobre las consecuencias de la inmigración.

Vox recurrirá al Tribunal Supremo para que paralice la medida cautelarmente, antes de que el jueves comience a aplicarse, y también su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, ha criticado que se haga por real decreto y así el Gobierno "se salte" la votación en el Congreso.

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha señalado que una regularización masiva no es una solución y que su partido apuesta por "integrar a quienes llegan en la lengua, valores y cultura" de la sociedad de acogida, por lo que reclama "competencias plenas para gestionar la inmigración desde Cataluña".

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La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, ha recordado que el PP votó a favor de la tramitación de la iniciativa legislativa popular de regularización, pero finalmente Feijóo ha optado "por el miedo, por el odio y por el racismo como proyecto de país".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha indicado que su partido ha negociado hasta el último momento el real decreto y ha lamentado que el Gobierno haya hecho "concesiones" en cuanto a las restricciones por antecedentes penales tras el informe que emitió el Consejo de Estado.

Otras críticas desde la izquierda han llegado de los dos diputados de Compromís: de Andrés Ibáñez, porque ve incompatible la regularización con que continúen abiertos los CIES, que son "cárceles ilegales", y de Àgueda Micó, por quedar los saharauis al margen de este proceso de regularización.