Envejecer de alquiler: pensiones que no alcanzan y rentas antiguas amenazadas por la especulación
La crisis de vivienda se ha materializado últimamente en varios desahucios mediáticos que afectan a pensionistas. El de Mariano Ordaz, un jubilado de 67 años al que una orden religiosa echó de su casa en mayo; o el de Maricarmen Abascal (87 años), que afrontará su tercer intento de desalojo en los próximos días, son algunos ejemplos. La crisis inmobiliaria arrecia en dos momentos vitales: el momento de incorporación al mercado laboral, porque se cobra poco y suele haber escasos ahorros, y en el momento de salir, sobre todo si se vive de alquiler. Y aunque el foco se suele poner en los jóvenes, hay un colectivo especialmente vulnerable entre los mayores de 65 que no son propietarios y cuyas pensiones tampoco son capaces de seguir el ritmo a la burbuja de precios de la vivienda. Estos últimos son el grupo que más trozo de renta se deja en pagar la mensualidad de su casa, pero incluso entre quienes tienen un alquiler de renta antigua por debajo de los precios de mercado, la situación comienza a complicarse.
Pese a que la mayoría de pensionistas en España posee vivienda en propiedad libre de hipoteca (82,4%), un 5,5% de las personas mayores de 65 años viven en alquiler a precio de mercado según los últimos datos del INE relativos a 2025. Si se observan las tendencias, el porcentaje de viviendas en propiedad con o sin hipoteca, se situó en 2025 en el 88,2% para los mayores de 65 años y este porcentaje ha caído ininterrumpidamente desde 2022, tras haber tocado un máximo en 2012 del 90,1%. Es decir, cada vez hay menos personas jubiladas propietarias y, además, estas están expuestas a un sobreesfuerzo económico considerable.
Entre las cifras emerge una realidad complicada para muchas personas. Aunque en términos porcentuales un 5% no parece demasiado, si tenemos en cuenta que en España hay 4,2 millones de pensionistas mayores de 65 años, a ese 5% le ponen nombre y rostro más de 214.000 personas que potencialmente estarían expuestas a un mercado de alquiler a precios desbocados. Por su edad, estas personas tampoco son candidatas a una hipoteca, así que si un revés les impide pagar las mensualidades, su mejor opción termina siendo una residencia o el amparo de los servicios sociales. “En materia hipotecaria hay una norma que protege, al menos en teoría, a las personas mayores vulnerables, pero en alquileres no hay absolutamente nada en caso de desahucio”, explica Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y experta en vivienda.
En esta circunstancia, las únicas armas que tienen quienes viven de alquiler a edades avanzadas son su patrimonio (si lo tuviesen) y su pensión. Pero lo que dicen los datos es que esas armas sirven de poco contra el mercado, porque quienes llegan a la jubilación sin casa en propiedad se enfrentan a las tasas más altas de sobreesfuerzo económico de todos los cortes de edad. Un estudio realizado por CaixaBank Research a partir de sus datos internos señala que los mayores de 65 años se dejaban en 2025 más de un 33% de sus ingresos en pagar la renta mensual de sus casas. Los más jóvenes, entre 16 y 29, son los segundos peor parados, con una tasa de esfuerzo que ronda el 30%, según el mismo estudio.
Si analizamos la nómina de pensiones, estos cálculos cobran más sentido. Aunque la pensión media en España se sitúa en los 1.515 euros mensuales, casi la mitad de los pensionistas en España (48,5%) cobran menos del salario mínimo interprofesional (SMI), situado actualmente en 1.221 euros brutos mensuales. El porcentaje de personas que ganan menos del SMI se eleva al 60% para las mujeres, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) publicados en mayo.
Basta un repaso rápido por los portales inmobiliarios para ver que los alquileres que se puede permitir una renta de menos de 1.200 euros mensuales no abundan. Y a esto se añade otro problema: a la vez que el precio de los alquileres en España se ha encarecido de media un 50% desde 2025, cada vez menos personas llegan a la jubilación con casa en propiedad. Es decir, la tendencia no tiene buena pinta.
El seguimiento que hace el INE señala que el porcentaje de mayores que viven de alquiler a precio de mercado ha aumentado casi un punto desde 2023, a la vez que desciende el número de los que viven de alquiler a precios reducidos (desde el 2,7% en 2023 hasta el 2,3% de 2025). Esto se debe, en parte, a que las personas que pagaban rentas antiguas van falleciendo, pero también a que la presión del mercado hace que las casas que se alquilan a bajo precio sean un caramelo muy tentador, ya que suelen ser más grandes y estar situadas en barrios que ahora son céntricos. "Hay una embestida sostenida por parte de fondos de inversión y empresas que adquieren viviendas con gente de renta antigua viviendo dentro", señala Jacinto.
Los contratos de renta antigua tampoco están a salvo
Eso es lo que le pasó a Maricarmen. El bloque en el que vivía, propiedad de una familia, terminó en manos de la empresa Urbagestión, dedicada a la inversión inmobiliaria, que la llevó a los tribunales para anular el contrato de renta antigua que había firmado su padre en 1956 y al que, primero su madre y después ella, se habían subrogado. Pero tras una victoria en primera instancia, el Tribunal Supremo concluyó que solo se permitían dos subrogaciones y anuló el contrato, dejando a Urbagestión la posibilidad de elevar a placer la renta de la afectada. Lo hizo reclamándole una cuota de 1.650 euros mensuales, muy por encima de los 1.450 euros que cobra de pensión.
Aunque situaciones como esta pueden resultar inexplicables, el ansia por conseguir viviendas para especular con ellas se entiende mejor si consideramos que el rendimiento medio de esta actividad ofrecía una rentabilidad media del 16% en el último trimestre de 2025, de acuerdo con el Banco de España, y que el riesgo es muy inferior al de otros productos de inversión. Esto es lo que se ve desde el otro lado del mercado.
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Cerca de 100.000 euros. Eso es lo que el fondo de inversión que compró el edificio de la calle Tribulete, en el centro de Madrid, ofreció a algunos inquilinos de renta antigua para que se marcharan. "La mayoría han ido cediendo. Y teniendo en cuenta que estaban sometidos a un presunto caso de acoso inmobiliario, con unas obras que les hacían la vida muy difícil, mucha gente acabó llegando a acuerdos económicos para abandonar sus viviendas", explica Alejandra Jacinto, que representa a los vecinos de este edificio que aún se resisten a marcharse. Porque pelear contra una empresa para tratar de permanecer en una vivienda requiere, además de recursos, energías para hacerlo.
"De momento va a cuentagotas, pero cada vez estamos viendo más casos"
La cantidad puede resultar jugosa, pero en estos casos implica renunciar a un alquiler asequible asegurado para volver a un mercado de vivienda en el que 100.000 euros no te permiten comprar un piso en muchas regiones y donde buscar un alquiler tampoco es sencillo. En los datos del INE, el porcentaje de mayores que tiene un alquiler por debajo del precio de mercado es de un 2,3%, muchos menos que quienes pagan precios corrientes.
"Vemos de todo. Hay casos, como el de Maricarmen, donde la empresa propone triplicarle el alquiler; hay otros en los que tratan de repercutirles gastos que antes no venían soportando y luego están los casos en los que se ofrece dinero porque se quitan de un plumazo el problema e impiden así que haya subrogaciones en caso de que el inquilino tuviese hijos que se pudieran acoger a él", resume la abogada. "De momento va a cuentagotas, pero cada vez estamos viendo más casos", concluye.
