Vox fija el precio de la Moncloa y Feijóo lo asume tras los cuatro pactos autonómicos

El pacto andaluz no es una cesión (únicamente) del Gobierno de Juanma Moreno Bonilla. También lo es de su líder nacional Alberto Núñez Feijóo. El pacto firmado el jueves pasado en Andalucía cierra un ciclo político auspiciado por Génova en connivencia con sus barones autonómicos. Con él, las cuatro comunidades donde PP y Vox — Aragón, Extremadura, Castilla y León y Andalucía— , han sellado acuerdos en 2026 incorporan el principio de la llamada "prioridad nacional". La consigna xenófoba deja de ser una excepción para convertirse en un requisito de alcance estatal, tal y como los ultras han defendido. 

Es más, en solo un año el propio Feijóo ha pasado de “comprometerse” a no incluir a Vox en un Ejecutivo nacional a aceptar que los ultraderechistas lo hagan, rompiendo así cualquier tipo de frontera política entre ambos partidos. Los acuerdos autonómicos de 2026 han ido erosionando esa línea hasta casi hacerla desaparecer. Y, en este caso, no hay excepciones. Moreno había sido especialmente crítico con ese principio de “prioridad nacional” y lo había reducido a un eslogan en campaña, pero tras una primera investidura fallida cedió y lo incluyó en el acuerdo con la formación de Santiago AbascAndalucía completa el patrón de que allí donde el PP ha necesitado a Vox, ha asumido la "prioridad nacional" y lo ha incorporado a su gobiernoal, a la que ha introducido por primera vez en la Junta. 

La consecuencia trasciende, sin embargo, el marco andaluz. Y plantea varias preguntas. Si el dirigente conservador que más había simbolizado la distancia con Vox ha terminado aceptando un acuerdo que incorpora la "prioridad nacional" pese a que únicamente le faltaban dos votos para ser investido, ¿tiene margen Feijóo para rechazar esa misma exigencia en unas generales si ambas formaciones suman? La experiencia acumulada este año permite aventurar una respuesta. Si Vox ha conseguido introducir la "prioridad nacional" como condición en todos los grandes acuerdos autonómicos, resulta difícil imaginar que renunciara precisamente a esa bandera para llegar a La Moncloa.

Moreno pierde su ‘singularidad’ y Feijóo asume el coste

Desde que llegó a la Junta de Andalucía, Moreno había construido su figura sobre la idea de una derecha amable, pragmática y alejada de las guerras culturales de la extrema derecha. Con él, Andalucía debía demostrar que el PP podía ensanchar su espacio electoral sin mimetizarse con Vox. Pero la realidad ha terminado imponiéndose a ese relato y Moreno pierde su aura de ‘moderación’ mientras deja a Feijóo sin el ejemplo que mejor sostenía su estrategia desde que llegó a Génova. Cuando aterrizó en la presidencia del partido en 2022, quiso diferenciarse de la etapa de Pablo Casado prometiendo centralidad, solvencia institucional y autonomía frente a la extrema derecha. Pero no ha sido así.

En estos años el conservador ha ido borrando, una a una, las líneas rojas con las que trató de presentarse como una alternativa moderada, hasta culminar en el punto actual. Primero aceptó la normalización de los pactos territoriales con Vox. Después asumió que esos acuerdos no eran meros apoyos externos, sino fórmulas de cogobierno. Más tarde toleró que la ultraderecha condicionara políticas públicas en comunidades y ayuntamientos. Y ahora avala que incluso el dirigente más ‘moderado’ del PP incorpore demandas centrales de Vox para conservar el poder. Un peaje que, da por hecho, tendrá que pagar él mismo si quiere alcanzar la Moncloa en el caso de que ambos sumen.

La línea roja más evidente era la de no gobernar de la mano de la ultraderecha. Esa frontera hace tiempo que se desdibujó, pero Andalucía mantenía un valor simbólico especial. Era el territorio que el PP exhibía como modelo de gestión sin estridencias y como prueba de que la mayoría social podía construirse sin asumir el lenguaje de Vox. Con el pacto, esa excepción desaparece. Y con los tres en Extremadura, Aragón y Castilla y León, se consolida el mismo patrón.

Los conservadores aseguran que “el miedo” a los ultras ya no no moviliza a la izquierda y que sus votantes tienen más que asumida la “prioridad nacional”. Es más, sostienen que la mayoría de ellos están de acuerdo con ella y que no tiene “ningún coste”. Sin embargo, para Moreno el coste de este pacto exprés es la pérdida de singularidad. Deja de ser el barón que aspiraba a demostrar que el PP podía ganar por el centro y pasa a ser otro dirigente conservador obligado a pagar el precio de Vox. Para Feijóo, el golpe es mayor y Andalucía se convierte en el espejo de sus renuncias.

La ‘prioridad nacional’ podría afectar a españoles nacionalizados

Si el acuerdo con Vox se replica a nivel estatal, el PP no podría acogerse al argumento de que las competencias autonómicas están muy delimitadas a la hora de aplicar la "prioridad nacional", que ellos tratan de redefinir todo el tiempo y vinculan al arraigo. Con ambas formaciones en un eventual gobierno del Estado, podrían reformar aspectos centrales de la Ley de Extranjería —entre ellos la reagrupación familiar y el acceso a determinados derechos vinculados a la inmigración— con el objetivo declarado de discriminar a migrantes en España.

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Miles de personas nacidas fuera de España han adquirido legalmente la nacionalidad española tras años de residencia. Son ciudadanos españoles de pleno derecho. Pagan impuestos, votan, trabajan y tienen exactamente el mismo estatus jurídico que cualquier otro español. Sin embargo, muchas de las herramientas legales que les permiten mantener la unidad familiar siguen articulándose a través de la normativa de extranjería. Es ahí donde una reforma inspirada por la "prioridad nacional" podría alterar derechos que hoy afectan también a españoles nacionalizados.

El caso venezolano ilustra bien esa dimensión. La crisis política, económica y humanitaria de Venezuela ha llevado durante los últimos años a que muchos de sus nacionales obtengan la nacionalidad española. Y lo han hecho mediante mecanismos de reagrupación o de reunificación previstos por la legislación vigente, precisamente porque España ha adaptado en distintos momentos sus políticas a una situación humanitaria excepcional. El resultado sería que los españoles nacionalizados podrían encontrar más obstáculos para ejercer una facultad que hoy forma parte de su proyecto vital, vivir en nuestro país junto a sus familiares.

Lo que muestran los cuatro acuerdos autonómicos no es únicamente una determinada política migratoria, sino hasta qué punto Vox ha logrado convertir una de sus principales banderas ideológicas en condición estable para pactar con el PP. Aunque hay límites. El artículo 14 de la Constitución proclama que los españoles son iguales ante la ley, sin discriminación por razón de nacimiento o cualquier otra condición. A su vez, el artículo 39 obliga a los poderes públicos a proteger a la familia. Cualquier reforma que estableciera diferencias en el ejercicio efectivo de derechos familiares entre españoles de origen y españoles nacionalizados tendría previsiblemente que superar un intenso escrutinio constitucional y europeo.