La insoportable levedad del racismo institucional

Fernando Flores

Yo me lo imagino así: un juez declara agriamente en su despacho que los políticos son unos delincuentes, una mierda a expulsar de la vida social, y que él se va a encargar personalmente de empapelarlos a hostias. La conversación de ese juez, que tiene algunos casos de representantes públicos bajo su jurisdicción, sale a la luz pública, y él trata de resolver el tema disculpándose, reconociendo que sus palabras eran inapropiadas y que, obviamente, él no se refería a todos los políticos, sino sólo a aquellos que son corruptos. Por corporativista que se pusiera el Consejo General del Poder Judicial, creo que ese juez tendría los días contados, y con razón, porque con sus palabras habría dejado claro que como servidor público no está en condiciones de proteger la tutela judicial efectiva y defender el Estado de Derecho.

La realidad no imaginada es que se ha sabido que el alcalde de Sestao, Josu Bergara, ha insultado a los inmigrantes, les ha amenazado con hacerles la vida imposible y ha afirmado a voces que él incumple la ley todos los días. Sin embargo, a diferencia del juez imaginado, el alcalde no tiene los días contados. Tiene el apoyo de su partido (PNV) y cuenta con la comprensión de buena parte de los vecinos, que agradecen que se les simplifique la razón por la que su vida es últimamente más difícil. La culpa, no busquéis más, es de los inmigrantes y los gitanos.

Creo que este vergonzoso episodio nos muestra varias claves del contexto político, social y moral con que el respeto a la legalidad y a los derechos humanos encara los tiempos que vivimos. La consideración de los derechos de los más débiles como algo prescindible o secundario, el desprecio a la idea de responsabilidad política de los servidores públicos que los vulneran, la doble vara de medir según el despropósito sea protagonizado por un amigo o enemigo político, la renuncia a mostrar ejemplaridad a los ciudadanos…

Sin embargo, de todas esas claves me gustaría quedarme con una que, probablemente, no va a ser de las más comentadas, por ser su comprensión algo farragosa y, me temo, porque en el otro extremo nos encontramos con los derechos de inmigrantes y de gitanos. Me refiero al racismo institucional que revela el comportamiento del alcalde de Sestao, y a los efectos que ese racismo provoca sobre la aplicación perversa de los procedimientos administrativos que afectan a la vida diaria de los más vulnerables, de los que no son Nadie.

La postura racista del alcalde se refleja en la actuación del Ayuntamiento ante las personas, en la aplicación de ese “infraderecho” que es el mundo de la tramitología burocrática, el mundo de la híper-regulación administrativa, de los papeleos que impiden acceder a derechos, de las colas, los pasillos, las salas de espera, las ventanillas y el vuelva usted mañana. Es evidente que el primer edil sabe que por esa vía puede hacer la vida imposible a los inmigrantes: poner a prueba su paciencia, controlar sus movimientos, infligirles la humillación de pedir repetidas veces lo mismo, obligarles a desistir y abandonar el pueblo… y ello sin posibilidad de queja o reclamación, pues hacerlo les condenaría a la segura negación de una magra prestación o de un documento importante. Bergara sabe que hacerlo es ilegal, pero tiene el poder institucional para hacerlo y la impunidad que le otorga la falta de transparencia que caracteriza a la buro-represión. Y lo hace.

Pero esa es precisamente la razón por la cual SOS Racismo Bizkaia ha denunciado al alcalde, por prevaricación con agravante de racismo, en concreto por negarse a empadronar en el municipio a unas familias extranjeras. En la nota de prensa que explica la denuncia, SOS Racismo se hace estas preguntas:

Las preguntas son directas y claras, y ofrecen bastante información sobre el modus operandi del alcalde. Éste está reprimiendo y controlando por vía burocrática el acceso de las personas a un derecho, como es el de estar empadronado en el sitio de residencia. Ahora bien, este comportamiento es más habitual de lo que parece, y aunque resulta relativamente fácil de detectar, demostrarlo ante los tribunales es muy difícil (no hay más que ver las impotentes recomendaciones del Ararteko). En el caso del de Sestao se ha podido acudir al juez porque la demanda va acompañada de una grabación auto-inculpatoria que demuestra su intención prevaricadora, pero evidentemente esta circunstancia es una excepción.

La realidad poco visible para la sociedad es que la “democracia cotidiana” de muchas personas vulnerables es un pequeño infierno de regulaciones, requisitos y ritos burocráticos que ponen en manos de la autoridad una capacidad arbitraria para decidir si esas personas acceden o no a los derechos. Cuando esa autoridad es racista, reaccionaria, xenófoba, o simplemente quiere perjudicar a un grupo de personas, el “infraderecho” –caracterizado por su elaboración unilateral, su falta de publicidad y transparencia, su difícil compresión o nula claridad, su impugnación imposible– le facilita el trabajo enormemente. Así, se impiden empadronamientos, se deniegan prestaciones debidas, se olvidan certificados, se anulan permisos, se retrasan renovaciones…, sin miedo a la responsabilidad que debiera deducirse por ello. Se comprueba cómo la aplicación de las normas superiores que protegen los derechos humanos quedan supeditadas a un sistema para-legal de circulares y decretos cambiantes en manos de quien ejerce el poder.

En último término, la garantía de los derechos de los vulnerables queda en manos de algunos abogados y abogadas, trabajadores sociales y periodistas, aguerridos y consecuentes, que se manejan con cierta soltura, mucho trabajo y bastante sufrimiento en el laberinto de control y represión social que esas normas construyen. En la mayoría de los casos, a base de mucho coraje y mucha lucha; en ocasiones, favorecidos por algún descuido que muestra la calaña del represor y su comportamiento delictivo.

Foto: El alcalde Sestao con algunos vecinos. Agencia Efe.