50 años del golpe que nunca debió producirse

En marzo de 1973 se celebraron elecciones parlamentarias en Chile para renovar la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado, dos años y cuatro meses después de la subida al poder del gobierno de Salvador Allende.

Los resultados significaron una victoria para la Unidad Popular y una derrota para la derecha. Del 36,2 % de los votos en 1970, la coalición gobernante pasó al 43,3% consiguiendo medio millón de votos más que en la elección anterior.

El 11 de septiembre de 2023, a los 50 años del golpe, es buena fecha para que a quien corresponda en Estados Unidos, permita la desclasificación de todos los documentos secretos sobre su implicación en el golpe de Pinochet

La derecha fue unida a aquellas elecciones en una coalición, la CODE formada por el Partido Nacional y la Democracia Cristiana. Consiguió el 54,71% de los votos, pero bajó en número de diputados y senadores con respecto a la composición de la Cámara y Senado anteriores.

No pudo conseguir la acusación constitucional contra Allende, es decir su destitución porque para ello se necesitaban los dos tercios del Senado que la coalición derechista no alcanzó. Quedó claro que por la vía parlamentaria no era posible la destitución de Allende y que el respeto a los resultados electorales y a los métodos democráticos exigía esperar hasta las elecciones de 1976.

No ha habido gobierno democrático en el mundo que haya debido atravesar más dificultades que el de Salvador Allende en esos dos años y cuatro meses; sin embargo su apoyo popular aumentó.

Desde el momento de su elección, la oposición exterior e interior se trazaron como objetivo derrocar a Allende, incluso antes de su toma de posesión, mediante vías parlamentarias, estrategias de continua desestabilización y creación de caos con la alternativa del golpe siempre en el horizonte hasta que éste se pudo concretar.

Una democracia destruye a otra democracia

“La actuación del Gobierno Popular no fue reticente o adversa a las libertades públicas y cívicas sino todo lo contrario. Permitía alcanzar las libertades sociales no sólo manteniendo sino vigorizando las libertades políticas y cívicas, al hacerlas más concretas”, explica Joan Garcés en su libro Chile: El Camino Político hacia el Socialismo” una obra escrita en 1971, cuando Garcés asesoraba al presidente Allende, quien, por su parte, afirmó: “Mi mayor fuerza reposa en la legalidad”, cumpliendo en la práctica con dicho propósito durante todo su mandato.

Sin embargo, otra llamada democracia mucho más poderosa se propuso desde el primer momento impedir, por los métodos que fueren necesarios, la implantación de un proyecto por vías democráticas que amenazaba sus intereses de gran potencia y los de sus clases dominantes.

Los intereses económicos concretos de Estados Unidos en Chile hubieran podido ser prescindibles para la gran potencia, sin mayores problemas. Su oposición al proyecto de socialismo en libertad y pluralismo en Chile fue de orden político por la amenaza que suponía para su orden global y por el contagio que el ejemplo chileno podía tener en América Latina.

Allende y la Unidad Popular no buscaban un régimen de tipo soviético ni alinearse con la URSS, sino con los No Alineados, pero eso no importó. El gobierno de Estados Unidos de aquel momento dejó evidente que para la gran potencia la democracia era secundaria, si se ponían en peligro sus intereses. Me temo que tal norma de conducta sigue vigente en los gobiernos de Estados Unidos. En diciembre de 1973, le fue concedido a Kissinger el premio Nobel de la Paz, sin que la evidente implicación del Secretario de Estado de Nixon en el golpe y el apoyo explícito posterior a Pinochet hayan motivado a Estados Unidos para cuestionar tal designación.

La potencia norteamericana utilizó todos sus recursos legales e ilegales contra la democracia chilena; boicot económico y de créditos, maniobras para rebajar los precios de las materias primas chilenas; financiación de campañas de prensa y de las organizaciones de derecha y extrema derecha; pago directo a camioneros en huelga, operaciones encubiertas y finalmente apoyo concreto, es decir militar, hasta donde hiciera falta a los militares golpistas.

El 11 de septiembre de 2023, a los 50 años del golpe, es buena fecha para que a quien corresponda en Estados Unidos, permita la desclasificación de todos los documentos secretos sobre su implicación en el golpe y pida perdón por la conducta golpista y antidemocrática contra un gobierno democrático.

En la película Desaparecido (Missing) de Costa Gravas, basada en el hecho real del asesinato del norteamericano Charles Horman por la dictadura de Pinochet, el funcionario de la embajada asegura al padre de Horman que lo que hacen en Chile es para defender sus intereses. La cámara recorre los jardines y patios de la sede vacíos, en contraste con los de otros muchos países llenos de refugiados. Nadie pidió asilo en Estados Unidos en aquellos días. Como reza el cartel de la película: Charles Horman se creyó a salvo por ser norteamericano. La familia de Horman creyó que por ser norteamericana les dirían la verdad. Ambos estaban equivocados.

La oposición interior se vuelve golpista

En 1970,la primera mayoría relativa en las elecciones, la de Allende, necesitaba el respaldo parlamentario, por mandato constitucional, para poder gobernar; respaldo que se obtuvo con el apoyo de la Democracia Cristiana, obteniendo el candidato de la Unidad Popular el respaldo de 153 diputados. El poder político se obtuvo por las vías institucionales del sistema político vigente en aquel momento histórico de Chile.

Según  explica Garcés en la obra citada, el objetivo del gobierno era consolidar el predominio de los sectores populares y proletarios por un lado. En el orden económico, el objetivo era encarar el desafío de tener que satisfacer simultáneamente parte de las necesidades materiales más dolorosamente sentidas por los trabajadores y al mismo tiempo llevar a cabo las profundas transformaciones socioeconómicas que el programa de la Unidad Popular exigía. El gobierno de Allende necesitaba la expansión económica ininterrumpida y acelerada, la eficacia económica como requisito sine qua non. La política económica de los gobiernos conservadores y de sus capas dominantes había llevado a Chile al estancamiento

El gobierno popular era consciente de que sus decisiones generarían la respuesta de los sectores sociales amenazados por dichas medidas. El requisito imprescindible para afrontar esa oposición era  la unidad y cohesión de las fuerzas populares. La oposición buscó en todo momento la quiebra del movimiento obrero, el enfrentamiento entre trabajadores y el caos.

Particular importancia adquirió el apoyo o al menos la neutralidad de los sectores medios y la pequeña burguesía también beneficiados por algunas de las medidas del gobierno popular. Como también expone Garcés, el hecho político fundamental era conseguir privar a la clase dominante de la base de apoyo social que le permitiera enfrentar física y emocionalmente al gobierno por persona interpuesta o mejor dicho por capas sociales interpuestas. Objetivo que estaba unido al papel de las Fuerzas Armadas ya que, pensaba Garcés en 1971, “si la clase dominante logra movilizar a sectores medios de la pequeña burguesía y con mayor razón a trabajadores, la intervención militar parece lógicamente inevitable”.

Posiblemente los dirigentes políticos de la derecha sabían que el golpe militar significaba también su desaparición política (...) Ni los militares ni Estados Unidos les iban a devolver graciosamente el poder perdido, pero optaron por la vía golpista

Los paros empresariales de 1972 fueron la culminación de la estrategia opositora con el apoyo norteamericano, consiguiendo la movilización antigubernamental de camioneros, comerciantes y colegios profesionales. La crisis ocasionada por dichos paros motivó la entrada de los militares en el gobierno con el general Prats, que siempre se mantuvo leal al orden constitucional, a la cabeza; fue asesinado por Pinochet en 1974. El general Bachelet, detenido y torturado después del golpe, fue nombrado responsable de la Secretaría de Distribución, entidad capital en aquellos momentos. La trama golpista de las Fuerzas Armadas permanecía en la sombra: muchos chilenos seguían creyendo en la imposibilidad de un golpe por parte de sus ejércitos.

El momento crucial

El momento crucial para la oposición y el gobierno llegó con las elecciones de marzo de 1973. A pesar del paro de 1972 y de sus éxitos, el apoyo popular a Allende subió y la oposición unida fue incapaz de derrocar a Allende por la vía constitucional. El respeto a la democracia exigía que el Gobierno siguiera su andadura hasta las elecciones de 1976, pero gran parte de la oposición abandonó los métodos democráticos y se lanzó de lleno al golpismo con todas sus consecuencias.

Posiblemente los dirigentes políticos de la derecha sabían que el golpe militar significaba también su desaparición política al menos durante un tiempo. Ni los militares ni Estados Unidos les iban a devolver graciosamente el poder perdido, pero optaron por la vía golpista. Ellos son también responsables del golpe y de la represión consiguiente.

La preparación del golpe se puso en marcha, pero llevó su tiempo. En junio de 1973 la precipitación de algunos militares puso en peligro la trama con el conocido como Tancazo, golpe prematuro fracasado. Pinochet, con metralleta en bandolera, estuvo en la Alameda de Santiago parando el golpe fracasado. Muchos creyeron que estaban ante un militar constitucionalista.

Para el gobierno y los partidos de la Unidad Popular, marzo de 1973 también fue un momento crucial. Era cierto que  las elecciones demostraban que se había ganado apoyo popular, lo que confirmaba que el camino emprendido era adecuado, pero el Paro de 1972 demostraba también que sectores medios y populares se estaban alejando del apoyo tan necesario para el Gobierno y la coalición, como se ha señalado.

Surgieron opiniones que pedían frenar el proceso sobre todo en la consolidación del área social de la economía, limitando el número de empresas estratégicas y devolviendo alrededor de 100 empresas y revirtiendo la participación de los trabajadores en la gestión.

Para los sectores de la Unidad Popular más comprometidos con el proceso, esta propuesta, concretada en un llamado informe Millas que algunos atribuyeron a los militares reformistas, suponía una marcha atrás irrecuperable y el fin del proceso democrático hacia el socialismo, por lo que insistieron en “avanzar sin transar” y “crear poder popular”, consignas defendidas sobre todo por el Partido Socialista. 

Sin embargo, la decisión golpista de la derecha y de los norteamericanos estaba tomada. Los sectores más progresistas de la Democracia Cristiana fueron apartados. Se hizo realidad, en su parte más negativa, el vaticinio de Radomiro Tomic, en 1970: “O la revolución democrática y popular dando forma a un inmenso esfuerzo de participación para que el pueblo de Chile alcance otro horizonte y un nuevo destino o el colapso institucional dividirá gravemente a los chilenos contra sí mismos”.

En las fechas de marzo a septiembre de 1973, gran parte de la Democracia Cristiana y sobre todo la derecha y las clases dominantes no querían hablar de revolución democrática y popular. Apostaron, en defensa de sus intereses, por el golpe sangriento, la represión y la violación de los derechos humanos, rechazando cualquier posibilidad de entendimiento con Allende.

Pese a lo que ahora, 50 años después, intenta afirmar la derecha chilena y de fuera de Chile, Allende no es el responsable del golpe, que según el sociólogo chileno Manuel Antonio Garretón nunca debería haberse producido. No basta con dolerse o criticar las desapariciones, los asesinatos, la represión. Lo que hay que decir muy alto es que el golpe nunca debería haberse producido.

Garretón, en su obra El Proceso Político chileno, editado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), aporta también críticas al gobierno de Allende. En su opinión se pecó de economicismo haciendo demasiado hincapié en el área social de la economía y olvidando los aspectos del Estado popular y culturales, olvido que motivó, en su opinión, el alejamiento de sectores populares.

La Unidad Popular padeció, según Garretón, un vacío teórico, por lo que no supo analizar debidamente la relación con los sectores medios y la importancia de los valores culturales en la sociedad chilena.

Los errores del gobierno popular se hubieran podido corregir en el devenir del proceso democrático, pero no fueron tales errores los que determinaron el golpe.

Las capas dominantes chilenas y la potencia imperial decidieron acabar no sólo con el gobierno de la Unidad Popular sino con la democracia chilena vigente desde la Constitución de 1925, para impedir la consolidación de la democracia e instaurar un nuevo modelo económico, el modelo neoliberal, defendido por una dictadura militar, y así lo hicieron. 

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.