Carlos Lesmes se hace trampas al solitario

La cierta expectación creada por el discurso que iba a pronunciar Carlos Lesmes en la apertura del año judicial no era por el texto, sino por el contexto en que lo exponía y las circunstancias que concurrían. Carlos Lesmes lo sabía y quería salir airoso. Lesmes estaba interpelado como nunca. No había medio de comunicación escrito, digital, radiofónico, artículo o tertulia que no llevara en sus portadas u opiniones que el Consejo General del Poder Judicial lleva 1.000 días sin renovarse. Y mil en número es redondo, mágico.

En su discurso de este año, Carlos Lesmes se ha hecho varias trampas al solitario, autoengañándose, queriendo convencernos a los demás mortales de su sinceridad y de la defensa cerrada de la independencia que ha hecho del Poder judicial en su vertiente jurisdiccional en general y del Consejo General del Poder judicial, en particular. En su intervención se refirió constantemente a los discursos de años anteriores, insistiendo en la necesaria renovación del Consejo y el deber de las Cámaras al respecto, “sin que un deber que dimana de la propia Constitución pueda subordinarse en cuanto a su cumplimiento a razones de oportunidad política”. En ese marco solemne, lo oportuno hubiera sido añadir, “como está haciendo el grupo parlamentario popular en este momento”. Y todo su discurso hubiera sido creíble.

Releyendo el discurso que pronunció en la apertura del año judicial en 2018, he encontrado una contradicción aparente con el de este año. En el discurso de septiembre de 2018, sus palabras fueron de despedida, al cumplirse en diciembre el plazo de renovación del Consejo, mientras que en el discurso de este año he notado que tenía más notas de investidura porque su deseo de renovación en “próximas semanas” pueden ser cuarenta.

Decía Carlos Lesmes en 2018: “En este año de apertura, que coincide con el año de finalización del actual mandato del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, de mi propio mandato como presidente, quiero también agradecer públicamente el compromiso y la lealtad institucional mostrada por los vocales del Consejo. Cuando en el mes de diciembre las Cortes General cumplan con su deber constitucional y procedan a la renovación de esta institución, espero poder enarbolar en nombre de todos ellos la satisfacción producida por el deber cumplido”. Palabras de todo un caballero.

Carlos Lesmes ha dicho este año: “La Constitución –así lo dice expresamente el art. 122– ha querido que las personas que sirven en nuestra institución, vocales y presidente, tengan un mandato de duración determinada, cinco años, sin que este plazo pueda ser considerado, en ningún caso, como meramente orientativo”. Palabras impecables.

Lesmes defiende de forma rotunda en los dos discursos el plazo de cinco años del mandato del Consejo. Se trata de un plazo perentorio o fatal, como el que exige el derecho procesal. En buena lógica, constitucional y procesal, Lesmes tendría que haber cesado el día 12 de diciembre de 2018, aunque hubiera permanecido en el cargo “en funciones”, un mínimo tiempo. Si los vocales del Consejo y él mismo, como presidente, llevan ocho años, en algún sitio está la trampa. Lesmes achaca la responsabilidad a las Cortes Generales o las Cámaras, que emplea indistintamente, pero si un profano mínimamente informado sabe que el PP es el único responsable, ante las decenas de llamamientos que le ha hecho Pedro Sánchez a Pablo Casado, a Carlos Lesmes le es archiconocida esa responsabilidad.

Difícilmente descubriremos la trampa, si no analizamos las circunstancias y hechos que rodearon los discursos de Carlos Lesmes en 2018, los sucesivos de 2019, 2020 y el de este año. En 2018, Carlos Lesmes pronunció su discurso en septiembre, a los tres meses del éxito de la moción de censura hecha a Rajoy, su valedor, y tres meses antes de cumplirse el plazo de los cinco años en la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial. Los mal pensados y los escépticos dudan, y con razón –y el pensamiento no delinque–, si sus palabras de entonces eran sinceras y respondían a una cierta e inminente despedida o ya imaginaba una no solución a corto plazo. Por dos razones: porque su buen padrino, Rajoy, había perdido la presidencia del Gobierno y porque, en parecidas circunstancias, el PP, del que fue cargo Lesmes, ya había actuado de igual manera.

Entonces, ¿podemos considerar sinceras las palabras de este año cuando dice que “la anormal situación en la que se encuentra al día de hoy el Consejo General del Poder Judicial se debe a causas que le son completamente ajenas”? Los mal pensados y los escépticos dudamos, extendiendo los motivos de las dudas, en argumentos de sus mismas palabras. En el discurso de 2018 agradece "el compromiso y la lealtad institucional mostrada por los vocales del Consejo, y en 2021 dice que “la Constitución ha querido que las personas que sirven en nuestra institución…".

La lealtad institucional, y también la personal, de los vocales a Carlos Lesmes es indiscutible, porque los primeros han dicho que ellos no dimiten porque Carlos Lesmes no dimitirá nunca y Carlos Lesmes no dimite porque sabe que los vocales le son leales y no dimitirán, con lo que ese servicio en la institución, pasados tres años, parece más bien autoservicio. A eso se llama cerrar filas con la corrupción institucionalizada y el plazo, que es cierto e indiscutible, es el primer autoengaño de Lesmes y también de los vocales.

Carlos Lesmes ha realizado en su discurso de este año tal elogio de la independencia del poder jurisdiccional y de su relación con la independencia y autonomía del Consejo General del Poder Judicial, el órgano político de gobierno de los jueces, que si ya del poder jurisdiccional su elogio la eleva a dogma, cuando le concede el mismo tratamiento al Consejo adquiere ese dogma de la independencia una virginal pureza.

Pero sus propias palabras, impecables teóricamente, en la práctica son tramposas. Dice: “La misión esencial de la creación del Consejo fue, entonces, la de garantizar tanto la autonomía del Poder Judicial respecto del poder político, como la salvaguarda de la independencia de cada uno de sus miembros en el ejercicio de su función jurisdiccional…”. Y abunda: “Sin necesidad de entrar en la misma (la elección de los vocales) quiero poner de manifiesto lo que es más relevante: el Consejo General del Poder Judicial, desde su inicial constitución en 1980, ha cumplido, a lo largo de estas cuatro décadas, su misión constitucional de garantizar la independencia judicial”.

Estoy convencido que han sido aquellos jueces que se han sentido postergados en sus decenas de nombramientos en estos tres años, los primeros que han criticado la pretendida independencia y excesiva discrecionalidad del Consejo. Y en todo caso, la independencia de los jueces tiene, como dice el propio Lesmes, su garantía en la inamovilidad de los mismos y, en cambio, el Consejo tiene un mandato fechado. Por tanto, aun creyendo en la sinceridad de sus palabras, de las mismas se deduce que Carlos Lesmes debía dejar paso a otros compañeros que continúen garantizando esa invocada independencia.

Si Carlos Lesmes hubiera presentado la dimisión en el marco solemne de la apertura judicial, ante la presencia del Rey, al que nombró 14 veces, de los magistrados del Tribunal Supremo, de la ministra de Justicia, de la fiscal general del Estado, hubiera tenido tal resonancia pública esa decisión valiente que se hubieran sucedido los elogios en todas las cancillerías europeas, alabando su independencia y la del Consejo de la que tanto se precia. Esas circunstancias eran favorabilísimas, “lindísimas”, como dicen los caribeños, cuya palabra alaba Lázaro Carreter frente a los que piensan que es un término cursi: es finura, lo que faltó a Lesmes. “La única vía de solución del bloqueo podría ser la renuncia de los jueces con el mandato caducado”, dice la opinión-editorial de El País del pasado día 7 de septiembre.

Aunque resulte innecesario repetirlo, y sea muy molesto para él recordárselo, Carlos Lesmes no es un juez independiente. Es un juez político, muy político, como demuestra su trayectoria política y profesional. Es un juez conservador, muy conservador por lo mismo. Es un juez corporativista, muy corporativista, amigo de sus amigos. Y es un juez con muchas prebendas en su cargo de las que se niega a desprenderse.

En su discurso de este año, Carlos Lesmes lanza varios mensajes explícitos y otros subliminales a sus compañeros del Tribunal Supremo, en nombre de su independencia, que responden a su talante político. En la página segunda de los 14 folios de su discurso, critica ya los indultos que, en el lenguaje judicial característico de Lesmes y otros magistrados, llama “prerrogativa de gracia” y a reglón seguido “indulgencia” (la indulgencia papal), para contraponer la concordia frente al resentimiento, que detectó como un error en el presidente del Gobierno.

Lesmes critica también la Ley Orgánica 4/2021 por la que el Congreso limita las competencias del Consejo General del Poder Judicial en funciones, que prohíbe hacer más nombramientos en los órganos colegiados, entre ellos el Tribunal Supremo, basándose en aspectos accesorios, como no haber pedido informes al Consejo, a la Comisión de Venecia y a los agentes afectados, lo que “ha venido a agravar la situación por la que se establece el régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones”; en su lugar, debía haber aplaudido la Ley, ya que en los sistemas democráticos, los Parlamentos y el Ejecutivo, cuando se ha cumplido el plazo de su mandato, sus funciones disminuyen y no pueden hacer nombramientos. Y siguió quejándose amargamente ante sus compañeros magistrados de que determinados órganos no tengan cubiertas sus plazas, lo que limitará su eficacia. Y ahora pretende, soslayando la Ley, nombrar a magistrados de las Sala Militar, que, sin decirlo, están ociosos.

Carlos Lesmes y los vocales del Consejo tienen un problema personal y profesional agudo. Están en una situación tan crítica y terminal que no tienen tratamiento. Habiéndose prohibido el nombramiento de magistrados para cubrir las vacantes de los órganos judiciales colegiados, la función primera y principal del Consejo, la carga de trabajo de Lesmes y de los vocales ha disminuido sensiblemente. La Ley orgánica 4/2013, que promovió Gallardón, y que justifica los cambios en lo que denomina “ejercicio a tiempo parcial del cargo de vocal para la mayor cercanía de los vocales a la realidad que han de gobernar”, lo cierto es que las tareas y funciones en el caso de Lesmes y vocales han disminuido más. Les sobran horas que pueden dedicar a hacer yoga, a viajar, no solo para dar alguna conferencia, también por placer, y por esta reducción de jornada, Lesmes sigue cobrando 142.000 euros, casi el doble que los ministros y el presidente del Gobierno. Si cesara y se incorporara a la Sala de lo Contencioso a la que pertenece y que, en los próximos meses, va a tener que resolver recursos muy importantes, comprobaríamos en las votaciones su talante. Recuérdese la zapatiesta que se montó entre los magistrados de la Sala de lo contencioso, cuando Luis María Díez-Picazo convocó el pleno y que cambió por un voto de diferencia la sentencia de una Sección, endosando el pago de los Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas a los clientes en vez de a los bancos.

Sin más, doy por reproducidas para el Sr. Lesmes, las palabras que dirigió en una ocasión Aznar a Felipe González. Por el bien y la independencia de la institución que preside desde hace ocho años, siendo cinco, sin que el plazo sea meramente orientativo, como tampoco lo es para los cargos públicos electorales.

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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre