La reacción airada que han mostrado los que esperaban una sentencia absolutoria del Tribunal Supremo para Álvaro García Ortiz ha sido consecuencia de su ingenuidad. En estos tiempos, en que la modernidad sólida ha pasado a una “modernidad líquida”, fluida, inestable y cambiante, no tendría que haber causado tanta sorpresa. Porque la liquidez de la modernidad afecta a todos los ámbitos de nuestra vida, no solo a la política y sus instituciones, también a la justicia y a sus miembros y especialmente a los de su alto rango, al trabajo, a la educación y vivienda, a los jóvenes y mayores. En definitiva, al valor y plenitud de la democracia. La monarquía tambaleante celebra cincuenta años como si fuera un éxito rotundo. Tendríamos que haber estado más avisados o, mejor, más avispados. Los magistrados del Tribunal Supremo lo han estado. Nos han sorprendido, anunciando a la semana de finalizar el juicio el fallo de la sentencia, cuando muchos decían que iría para largo, sin haberla escrito, y nos han dejado unos días (pocos), para que nos desfoguemos, sin poder analizarla. Y encima, les hemos comprado (ellos no lo han dicho) que seguramente ha sido para que no se filtrara. Algún articulista perderá interés en su análisis. El Tribunal Supremo no tenía otro remedio, otra alternativa que condenar al fiscal general del Estado que encarna la persona de Álvaro García Ortiz.
Cuando se publique la sentencia (para seguir con mis pronósticos, el lunes, martes o miércoles) los juristas hablarán y debatirán sobre el contenido y los efectos del art. 417.1 con el que el TS ha condenado a García Ortiz y tendrán que acudir necesariamente a su relación con el apartado del art. 417.2, que el Supremo –consciente o inconscientemente– ha dejado al margen. En este número dos se trata de la revelación de un secreto de un particular, como es González Amador. Puede que así la sentencia deje en el aire muchas dudas sin resolver. Este es el texto que fundamentará la sentencia, pero la sentencia se pronuncia en un contexto mucho más amplio y viscoso.
Han contaminado todo el procedimiento y tiene que ser la gran baza de García Ortiz para acudir al Tribunal Constitucional
La admisión de la querella por cinco magistrados de los siete que han presidido el Tribunal es, a mi entender, la primera y gran lesión del derecho constitucional de cualquier justiciable, pero agravado en este caso, a un tribunal imparcial. Por lo tanto, han contaminado todo el procedimiento y tiene que ser la gran baza de García Ortiz para acudir al Tribunal Constitucional. La Sala de Admisión ha contaminado la instrucción del Juez Hurtado, independientemente de que la Sala de enjuiciamiento con la sentencia también querrá respaldar a su compañero (no se dirá, claro), ha contaminado a la Sala de Apelación, cuando rechazó el último recurso de García Ortiz y dio vía libre para el juicio y han sido esos cinco magistrados y solo ellos los que han votado a favor de la condena. Si luego el fiscal general del Estado no tiene acceso a un recurso de apelación… Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como.
Y todavía hay un contexto más amplio, dentro de esta época líquida que afecta al mundo y a España. La época es de involución y retroceso, de vuelta a épocas que se añoran y de relaciones personales y familiares menos sólidas en las que algunas políticas aventuradas se han enjuiciado con un rigor desmesurado. El juicio al procés, los indultos, la amnistía, en cuyos procedimientos García Ortiz ha mantenido una postura diferente al Tribunal Supremo, a los jueces en general y a sus propios compañeros fiscales, han influido en este resultado final que analizo.
En los tiempos cambiantes en que los jueces se han manifestado y declarado frente a estas iniciativas del Gobierno y del Congreso con total impunidad, porque de su huelga no se les ha retraído un duro, los miembros del Tribunal Supremo también son humanos y tienen sus propias querencias. No entienden de diplomacia. La animadversión que habían cogido a García Ortiz no podía resolverse de otra manera. Su objetivo primero y único fue que dimitiera y, como no lo hizo voluntariamente, por razón de Estado tenían que obligarle. No les interesaba condenarle a cárcel. Si la inhabilitación ha levantado polvareda, la condena a cárcel hubiera formado un huracán. ¿Se imaginan a Marchena, el perejil de todas las salsas o a Martínez Arrieta dándole la mano en un acto institucional? Imposible.
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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.
La reacción airada que han mostrado los que esperaban una sentencia absolutoria del Tribunal Supremo para Álvaro García Ortiz ha sido consecuencia de su ingenuidad. En estos tiempos, en que la modernidad sólida ha pasado a una “modernidad líquida”, fluida, inestable y cambiante, no tendría que haber causado tanta sorpresa. Porque la liquidez de la modernidad afecta a todos los ámbitos de nuestra vida, no solo a la política y sus instituciones, también a la justicia y a sus miembros y especialmente a los de su alto rango, al trabajo, a la educación y vivienda, a los jóvenes y mayores. En definitiva, al valor y plenitud de la democracia. La monarquía tambaleante celebra cincuenta años como si fuera un éxito rotundo. Tendríamos que haber estado más avisados o, mejor, más avispados. Los magistrados del Tribunal Supremo lo han estado. Nos han sorprendido, anunciando a la semana de finalizar el juicio el fallo de la sentencia, cuando muchos decían que iría para largo, sin haberla escrito, y nos han dejado unos días (pocos), para que nos desfoguemos, sin poder analizarla. Y encima, les hemos comprado (ellos no lo han dicho) que seguramente ha sido para que no se filtrara. Algún articulista perderá interés en su análisis. El Tribunal Supremo no tenía otro remedio, otra alternativa que condenar al fiscal general del Estado que encarna la persona de Álvaro García Ortiz.