“Funcionarios públicos; miembros de entidades conservacionistas subvencionadas; ganaderos y pastores, empresarios que tenemos o hemos tenido contratos con la Administración Pública, proponemos que se nos recorte”. Así comenzaba un comunicado hecho público hace ahora siete años, finales de agosto de 2018, tras varias semanas de incendios en la Península Ibérica. Fue un verano menos virulento que éste pero ya en tiempos de tierras arrasadas por el fuego. En principio parece una contradicción recortar presupuesto pero es que los naturalistas reivindicaban una gestión razonable de los campos y montes de España. Los ecologistas requerían una gestión medioambiental que dejase de “ser monopolio de la Administración Pública y que ésta facilite el acceso a la política de conservación al sector social interesado en proteger y producir fauna amenazada”.
Han pasado muchos veranos, se han quemado muchos campos desde entonces y las cosas parece que van a peor. La gestión sigue en las mismas manos, las comunidades autónomas, que corrieron a solicitar su gestión y ahora no saben qué hacer con esos campos. Unos campos que reciben un trato distinto si los gestiona un dueño interesado. El mejor ejemplo se encuentra en Soria, donde los pueblos velan por su riqueza natural, sus bosques y donde este verano no han sido mencionados en los noticieros y crónicas de incendios. Leo en La Nueva España que ganaderos cabraliegos se organizan para evitar fuegos y mantener fuera de peligro zonas propicias a incendios ocasionados por la naturaleza o las conducciones eléctricas, medidas que han comenzado a implantarse en La Rioja, en León y, al menos, en un municipio ilerdense.
Vuelven, por otra parte, a hacerse públicas medidas para paliar los estragos producidos por los fuegos de estas últimas semanas, que según diversas fuentes han alcanzado récords impensables, que han producido pérdidas a los más vulnerables. Claro que sigue vigente aquella recordada viñeta de Jaume Perich que decía “cuando un bosque se quema, algo suyo se quema, señor conde”. Pero si se le quema al conde ¿Quién lo sufre? “Los de siempre"… el humorista se burlaba del eslogan que pedía cuidar los campos porque “eran de todos”.
Puede que las propuestas no sean mágicas y definitivas, pero no tomar medidas, retrasarlas o tomarlas a medias no remedia la terrible situación de desastre
Algunas de esas medidas que ahora son noticia son pequeños acuerdos como el alcanzado en un municipio ilerdense de formar un rebaño para que las ovejas o cabras vayan desbrozando sus campos, los limpien de hierbajos y malezas y eviten posibles incendios. Lo mismo que ganaderos de Cabrales, éstos a nivel privado. Claro que esa es una decisión suave, paliativa pero no un remedio. Los ecologistas mencionados llevan años intentando introducir animales que históricamente han limpiado campos y manteniéndolos productivos y respetados por los fuegos. Se acusa a las nuevas leyes de abandonar bosques y terrenos por ser “intocables” para conservarlos. Pero esa acusación se basa en tergiversados intereses que buscan rentabilizar sin gastar, sin mantener. Rechazar los intentos de reintroducir bisontes, encebros, uros, tarpanes, quebrantahuesos, linces y otros muchos animales que mantenían los terrenos a salvo de catástrofes.
Puede que las propuestas no sean mágicas y definitivas, pero no tomar medidas, retrasarlas o tomarlas a medias no remedia la terrible situación de desastre, pérdidas millonarias y campos arrasados aunque, según algunas fuentes, no arruinados. Los ancestrales e históricos animales no representan enormes gastos, mantienen los campos receptivos, productivos, vivos… sin miedos, sin restricciones. Con ganadería extensiva, lejos de esas granjas intensivas que contaminan pueblos, que se acogen a esos monstruos que apenas dan trabajo a sus pobladores y donde encierran a unos animales que engordan porque no se mueven. Hacen falta más animales que limpien los campos, ganaderías extensivas.
_______________
Fernando Granda es socio de infoLibre.
“Funcionarios públicos; miembros de entidades conservacionistas subvencionadas; ganaderos y pastores, empresarios que tenemos o hemos tenido contratos con la Administración Pública, proponemos que se nos recorte”. Así comenzaba un comunicado hecho público hace ahora siete años, finales de agosto de 2018, tras varias semanas de incendios en la Península Ibérica. Fue un verano menos virulento que éste pero ya en tiempos de tierras arrasadas por el fuego. En principio parece una contradicción recortar presupuesto pero es que los naturalistas reivindicaban una gestión razonable de los campos y montes de España. Los ecologistas requerían una gestión medioambiental que dejase de “ser monopolio de la Administración Pública y que ésta facilite el acceso a la política de conservación al sector social interesado en proteger y producir fauna amenazada”.