El Gobierno acaba con las viviendas gratis para jueces y fiscales en Euskadi 14 años después del fin de ETA

Desde la Transición hasta el final de la actividad de ETA en 2011, el terrorismo convirtió el País Vasco en uno de los destinos menos deseados por jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia (denominados anteriormente secretarios judiciales) y demás personal al servicio de juzgados y tribunales. El Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo (UCD) asignó en 1981 33 viviendas propiedad de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda al Ministerio de Justicia para que las utilizara como un incentivo que atrajera a todo el personal de esos cuerpos a los juzgados y tribunales de Euskadi gracias a la posibilidad de ocuparlas de manera gratuita.

Durante los últimos 44 años, el presidente de turno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la máxima autoridad judicial en ese territorio, ha sido quien ha establecido y aplicado los criterios por los que se decidía quiénes ocupaban esas viviendas y quien ha autorizado su uso a sus ocupantes. El pasado 10 de septiembre el Ministerio de Justicia decidió recuperar los inmuebles con la idea de acabar con ese privilegio que, 14 años después del cese de la actividad de la banda y cuando se cumplen siete de su disolución definitiva, había perdido el sentido.

Además de este incentivo, el personal de estos cuerpos judiciales, tuvo otros fundamentados en la violencia y el rechazo que generaban en parte de la sociedad. Jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia fueron considerados objetivos de ETA desde el asesinato a tiros del magistrado de la Audiencia de Bizkaia José María Lidón en 2001. Por esa razón, los destinados en el País Vasco y Navarra obtuvieron un plus salarial (todavía previsto en la ley que regula sus retribuciones) similar al que cobran los que ocupan plazas en Canarias, Ceuta o Melilla. Las medidas estatales para atraerlos a Euskadi se compaginaban con otras del Gobierno vasco. Una de ellas fue la subvención de parte de los intereses de las hipotecas de los jueces que compraran una vivienda en cualquiera de las provincias vascas.

Un agravio comparativo

Los 33 pisos pertenecientes al Ministerio de Justicia los administraba desde 1981 el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (plaza que actualmente ocupa Iñaki Subijana). Tras el final de ETA, su existencia comenzó a ser percibida por la judicatura y la fiscalía vasca como un privilegio muy polémico entre los integrantes de ambas carreras. El resto de jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia que tienen que sufragarse sus propias viviendas en régimen de propiedad o alquiler como cualquier otro ciudadano lo veían como un agravio comparativo, según fuentes judiciales vascas. El salario mínimo de un juez nada más ingresar en la carrera supera los 45.000 euros brutos al año.

44 años después de que se pusieran a disposición del Tribunal Superior y 14 tras el fin de las acciones de la banda terrorista, el Ministerio ha decidido recuperar el control de esos inmuebles, mediante una resolución aprobada el pasado 10 de septiembre. La decisión devuelve al Gobierno "la competencia en materia de autorización y revocación del uso de las viviendas". Fuentes del departamento que dirige Félix Bolaños explican que el siguiente paso será revocar su adscripción a Presidencia y Justicia para que vuelvan a quedar a disposición de Patrimonio del Estado. Este trámite se hará a medida que los actuales ocupantes de los inmuebles los vayan abandonando por cambios de destino o cualquier otra circunstancia.

Fuentes del Ejecutivo explican que la idea es que todo ese patrimonio inmobiliario pase ahora a la nueva empresa estatal de vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Casa 47. Entre las funciones de esta entidad está la creación de parque estatal de vivienda asequible y protegida para siempre. Dicho parque se nutrirá inicialmente de viviendas y suelos procedentes de diversos organismos públicos de los diferentes ministerios que se sumarán a otros 40.000 inmuebles procedentes de la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria.