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El indulto no es un acto caprichoso del Gobierno...

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Manuel Vega Marín

...pero tampoco la oposición debiera utilizarlo como un pretexto más para derribar al Poder Ejecutivo, elegido legítima y democráticamente.Y esto es lo que parece pretender todas las fuerzas contrarias y reacias a la aplicación de la medida de gracia.

Allá por febrero escribí que "mientras haya líderes políticos presos o en el exilio, y no se olvide los delitos supuestamente cometidos por éstos y sentenciados por el Tribunal Supremo, difícilmente se restaurará la convivencia". Del título del artículo, La amnistía como solución al “conflicto” entre Cataluña y España, el lector deducirá a qué me refiero y cuál es mi tesis sobre el tema (de 20-2-21). Obviamente, no repetiré. Si me autocito, no es por dármelas de profeta, sino por resaltar mi no extrañeza ante el bochornoso espectáculo que se está produciendo en la política española.

El artículo 97 de la Constitución prescribe que "el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes".

Creo que todo ciudadano bien intencionado entenderá fácilmente que el indulto es un acto de dirección política y siempre que esa potestad del Ejecutivo se realice dentro de los límites marcados por las leyes, será legal y legítima. Por ello, la decisión de aplicar la medida de gracia de indultar debe hacerse en Decreto bien razonado y motivado. El Gobierno, cuando lo cree conveniente, en un acto administrativo, no hace más que ajustarse a la Ley reguladora, que, salvo algún pequeño retoque, es del año 1870, y que, desde entonces, todos los Gobiernos de distinto signo han venido aplicando. Dicha ley, de 18-6-1870, establece en su artículo 11 que el indulto total se otorgará a los penados tan sólo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del Tribunal Sentenciador y del Consejo de Estado.

Todo el mundo sabe también que, aunque el informe del tribunal sentenciador es preceptivo, sin embargo no es vinculante para el Gobierno. No obstante, la dureza que el Supremo manifiesta en su informe y el uso interesado y desmesurado del mismo que las fuerzas reacias y sus medios afines, hace creer a los menos informados que el Ejecutivo debe someterse a los criterios de la Justicia. Es lógico, según ha transcurrido todo el proceso judicial, en el que no voy a entrar, que la Sala se haya pronunciado de esta manera. Aunque no tiene por qué ser necesariamente así. Otras veces tal informe ha parecido contradecir su sentencia.

En casos como el presente pone de manifiesto para el “profano” la difuminada y tenue línea que separa al Poder Ejecutivo y al Judicial. Cada uno actúa de acuerdo a su independencia e instrumentos de que disponen. Ni el Supremo tiene que decir al Gobierno lo que tiene que hacer, ni éste con su indulto tiene por qué entrar en un diálogo con el Tribunal. Como dice el constitucionalista Pérez Royo, el plano en el que el Gobierno se mueve es distinto de aquél en que se movió el Tribunal Supremo al dictar sentencia y aquél en el que se ha movido ahora para rechazar la concesión del indulto. La perspectiva desde la que se “opina” sobre el indulto por el Tribunal Supremo es una; la perspectiva desde la que se “decide” sobre el indulto por el Gobierno, otra. La primera tiene que ser exclusivamente jurídica. La segunda no puede no ser política (“Dirección política, explicación para no juristas”).

Cosa bien distinta es que, igual que ocurrió en el juicio, las irregularidades jurídicas vengan fundamentadas en opiniones políticas, y que las razones técnico-jurídicas sean sustituidas por argumentos políticos. (Remito a la lectura del análisis hecho por el magistrado emérito José A. Martín Pallín en su libro El Gobierno de las Togas). Cuando eso ocurre, y no sería la primera vez en lo que va de legislatura, se entra en un barrizal, en el que puede resbalar hasta el Estado de derecho. Mucho más si ese húmedo terreno es regado excesivamente por personajes “influyentes”. Ya no sólo se trata de determinadas interpretaciones de una misma norma, sino de los bulos y mentiras, que en torno a una decisión, sólo anunciada, legítima del Gobierno, se están profiriendo.

Haría muy extenso este artículo entrar a debatir con todos los que, de una u otra opinión, lo vienen haciendo. Me conformaré, pues, con remitir al lector a los expertos citados, además de a los artículos de la periodista, especialista en tribunales, escritos recientemente sobre el tema, La bala de plata se sirve fría y El coágulo de los indultos.

Sí me referiré a algunas exigencias del informe, así como a lo que algunos personajes han manifestado sobre las mismas. Haré mención de la exigencia de arrepentimiento por parte de los “indultables”. Es una de los varios requisitos establecidos en el artículo 25 de la ley de 1870 que el tribunal deberá tener en cuenta, pero no exigible a aquéllos. Si la ley permite indultar a quien ni siquiera ha solicitado tal gracia, menor razón habrá para exigir arrepentimiento a quien no tiene conciencia de haber delinquido. Más bien hacer bandera de esa exigencia, como lo está haciendo la derechona y afines, pone de manifiesto que una parte de nuestra sociedad no ha abandonado el nacionalcatolicismo. El indulto no es una absolución de confesionario, sino un acto de justicia, necesario para solventar un problema de convivencia cívico-política. Si el arrepentimiento fuese una condición sine que non, la institución del indulto carecería de sentido...

De los personajes de los que he hecho mención antes, uno es Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que refiriéndose al concepto de concordia, expresado por el presidente del Gobierno, ha declarado, aún reconociendo -¡sólo faltaba!- que el indulto es una prerrogativa del poder político, dice que es difícil de aceptar si no la hay. ¡Justo al revés! El indulto se da para que haya concordia. Pero, desde luego, lo que más arrastra de sus palabras es, que a pesar de no haber formado parte del tribunal, y, por tanto, no ejercer poder judicial, su presidencia del Consejo General del Poder Judicial, hace creer a los no expertos que, a través de sus palabras, habla el Poder Judicial. ¿Quién es este señor para decirnos cuándo existe concordia o no entre los pueblos de España? Mejor haría en dimitir de ese Consejo, cuyo alto sillón ocupa inconstitucionalmente desde diciembre de 2018.

Y, ¡¿cómo iba a faltar en los medios?! Esta vez en El hormiguero, el expresidente Felipe González, cual gurú, como siempre, ha espoleado a sus secuaces, unos en activo y otros en las cavernas disfrutando de las mamandurrias de sus pensiones vitalicias, a expandir sus falsos agüeros. Él, que hace mucho tiempo que no tiene responsabilidad de gobierno, ni siquiera tiene la gallardía de respetar las decisiones de su secretario general. Pienso que, si ha salido a la palestra, es para contribuir al encharcamiento del terreno de juego, con tal de difuminar y restar importancia a los indultos, concedidos por él, especialmente, el que otorgó al general Armada, la X del golpe de Estado del 23F. Otro renegado sabihondo que pretende decirnos cuál y cuándo es el momento oportuno para conceder el indulto... En fin.

Basta recorrer la trayectoria del Partido Popular cuando no gobierna, para comprender su escasa visión de Estado. Es suficiente con recordar su actitud en la negociación de Zapatero con ETA, o las críticas de Aznar, tachando de pedigüeño a Felipe González, cuando éste negociaba con la UE los fondos a favor de España. La frase que caiga España, que ya nosotros la levantaremos, pronunciada por Cristóbal Montoro, resume muy bien el sentido de Estado y de la Política que tiene el PP.

Desde que cayó el Gobierno de Rajoy por corrupción, Pedro Casado y sus huestes, no han tenido otro objetivo que, incluso en crisis pandémica, tumbar al actual Gobierno de coalición. El indulto, hasta ahora sólo anunciado, es un peldaño más en el cumplimiento de ese objetivo. Cuando dicen que el indulto es un precio que Sánchez paga por seguir en la Moncloa, indica el miedo que ellos tienen a que su objetivo se aleje cada vez más. Es claro que al PSOE y a su Gobierno esta difícil decisión le puede suponer en el corto plazo un drenaje de votos. Pero, si miran por el interés de España, su unidad y por una madura convivencia entre todos sus diferentes pueblos, estoy seguro que, a medio plazo, será un triunfo. En cambio, las derechas, en su corta miopía electoralista, no será extraño que sigan, aumentando su ruido, con la cantinela, ya anunciada de recurrir a la Sala III de lo Contencioso. Luego, ya tarde, vendrá el debate de la amnistía, que, para mí, es la única solución. La traca final será cuando los Tribunales Europeos digan su última palabra sobre el asunto del procès.

De entrada, las derechas ya anunciado una nueva “foto en Colón”, aunque esta vez son otros los personajillos que, hipócritamente y sin representar a nadie, llaman a rebato. El PP, no escarmentado, repetirá las mesas petitorias de firmas de Rajoy, y añadirá a dicha campaña mociones de protesta y censura en comunidades y municipios donde tienen presencia. Sólo falta el boicot a los productos catalanes... Y después... y después...

Si, como dice Pérez Royo (Indulto y cuestión de confianza), el PP está tan convencido de que la mayoría de los españoles son contrarios a la concesión del indulto, ¿por qué no preguntan a sus legítimos representantes en el Parlamento, presentando una moción de censura? No creen mucho en el Parlamento si no son ellos los que mandan. En último término, el Gobierno podría hacerse eco de la sugerencia del catedrático, y ya que el PP no se atreve a presentar una moción de censura, presentar él una “cuestión de confianza” en los términos previstos en el artículo 112 de la Constitución.

En definitiva, el Gobierno de coalición no debiera dejar que se gangrene la herida que abrió el de Rajoy entre Cataluña y España.

Manuel Vega Marín es socio de infoLibre

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