"Los movimientos nacionalistas progresistas tienen que tener claro que si quieres cambiar el modelo de Estado, tienes que acumular fuerzas… pero … las izquierdas a la izquierda del PSOE de ámbito estatal tienen que tener en cuenta que, sin la alianza con los nacionalismos progresistas, tampoco pueden cambiar las cosas". Esto decía Xosé Manuel Beiras en 2024 en una entrevista en otro medio de comunicación. Cuando hace unas semanas Gabriel Rufián apeló a la creación de un frente amplio de cara a las próximas elecciones generales —que, salvo sorpresas, llegarán en 2027—, fue inevitable recordarle a él y a su valentía. Beiras se atrevió a trascender el espacio político tradicional del nacionalismo gallego, sumándolo al de las izquierdas estatales. Apostó por aunar fuerzas para alcanzar a un electorado más amplio y construir un nuevo espacio político en defensa de la gente común. Aquella estrategia cristalizó en unos resultados que hoy pueden considerarse más que exitosos: un 25 % de los votos en las elecciones generales de 2015 y seis escaños, incluyendo un hito histórico al lograr representación en dos de las provincias más caciquiles del Estado, Lugo y Ourense.
Sin embargo, todo este espacio implosionó por las tensiones internas entre los partidos políticos y la falta de un modelo común que armonizara la autonomía del espacio político en Galicia con una estrategia estatal compartida.
La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que participó en el proceso de las mareas, fue clara al ser preguntada por la propuesta de Rufián: “no puede ser una suma de partidos sin más”, dijo. Y no pudo estar más acertada. Estos últimos años han demostrado que, en política, 2 + 2 no siempre suman 4. Una coalición de siglas no es un fin en sí mismo, sino apenas el nacimiento de algo mayor: un proyecto político común en favor de las mayorías sociales del Estado.
Los resultados de las coaliciones de Podemos e IU en elecciones generales o autonómicas obteniendo peores resultados que yendo por separado es un ejemplo de esto. No obstante, en ese ciclo político surgido después del 15-M, también hemos visto grandes aciertos, como el de Ahora Madrid, que poniendo el programa por delante de las siglas partidistas y que construyéndolo desde el respeto de forma asamblearia, la plataforma política llegó al poder de una ciudad cuyas mayorías llevaban siendo conservadoras varias décadas.
Por contra, el recorrido posterior mostró los límites de la división: Más Madrid, surgido en 2019 como escisión del espacio, logró resultados más modestos tanto ese año como en 2023. La fragmentación demostró una vez más que ninguna parte del espacio es suficiente por sí sola para disputar el poder institucional. Si se quiere construir un frente amplio que sea real y no solo retórico, todas las sensibilidades deben estar representadas y comprometidas con un proyecto colectivo.
Las experiencias de En Marea o Ahora Madrid, entre otras, aportan lecciones clave para cualquier intento de frente amplio plurinacional. Estos espacios deben basarse en el respeto a las distintas organizaciones que la conformen, independientemente de su peso para alcanzar unos mínimos de viabilidad.
Además, existen otros aspectos clave que deben abordarse para dotarlo de solidez política, coherencia estratégica y estabilidad interna si se quiere que el frente consiga logros sustanciales.
El primer punto clave a tener en cuenta es el de las distintas sensibilidades territoriales y relaciones políticas dentro del Estado. Si en una futura candidatura de frente amplio participaran fuerzas del nacionalismo catalán y vasco, no sería fácil que un votante de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, León o Castilla se sintiera inmediatamente identificado.
Esto se debe, en parte, al clima de desconfianza promovido por buena parte de los medios de comunicación, que alimentan fobias y clichés hacia los nacionalismos periféricos.
A ello se suma otro factor menos visible pero igual de profundo: el sentimiento de abandono que recorre amplias zonas del interior y del oeste peninsular. Muchas de estas regiones sufrieron una dura reconversión industrial en los años 80 o, directamente, nunca llegaron a industrializarse, relegadas al monocultivo turístico o a la economía de servicios de bajo valor añadido
En este contexto, no son pocos los ciudadanos que, antes que señalar a los verdaderos responsables —los caciques locales, políticos o burgueses—, culpan al nacionalismo periférico del atraso de sus tierras.
Sin embargo, en la pasada legislatura, fuerzas como ERC y EH Bildu apoyaron medidas fundamentales para las clases trabajadoras de todo el Estado, desde subidas del SMI hasta la ley de vivienda, mostrando un compromiso claro con el bienestar de las gentes humildes más allá de su territorio.
Por eso, a la hora de construir una candidatura de frente amplio, el eje central no pueden ser las listas ni las marcas, sino el programa. Y ese programa debe mirar de frente a la España atlántica, la España vaciada y empobrecida, a esos territorios que se están muriendo y cuyas demandas deben ocupar un lugar central si se quiere construir un proyecto verdaderamente estatal y transformador.
A la hora de construir una candidatura de frente amplio, el eje central no pueden ser las listas ni las marcas, sino el programa
El segundo aspecto clave, que continúa con la cuestión de la España vaciada, es la relevancia a nivel electoral que presentan las provincias que aportan cinco escaños o menos al congreso. En muchas de ellas, quién ocupe el tercer puesto decidirá hacia qué lado se inclina el gobierno. Por eso, es imprescindible que el programa electoral mire de frente a esa España olvidada y ponga en el centro las problemáticas del mundo rural.
La izquierda lleva demasiado tiempo dejando fuera de sus discursos e iniciativas a una parte esencial de la clase trabajadora: agricultores y ganaderos. Sin ser consciente de las durezas que soportan en su vida laboral y del rol fundamental que representan para el buen funcionamiento de un estado. Pero es más, la izquierda no es consciente que en el campo, se encuentran soluciones para muchas de las problemáticas que sufren las ciudades, desde el precio del alquiler hasta el coste de los alimentos.
La falta de oportunidades en el medio rural ha generado un círculo vicioso: la gente se marcha, la población disminuye, los servicios públicos se deterioran y eso provoca aún más éxodo. Quienes se van acaban en ciudades grandes o medianas buscando una vida digna, lo que aumenta la presión sobre la vivienda y dispara la demanda, agravada ya por la especulación inmobiliaria.
Además, la fuerte presión que reciben los pequeños y medianos agricultores y ganadores a la hora de comercializar sus productos les dificulta tener un salario digno con el que vivir. Reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria, incorporando mecanismos efectivos de garantía de precios justos que cubran de verdad los costes reales de producción debería ser una prioridad programática, como también exigir una reforma fiscal profunda.
Desde la crisis de 2008, la mayoría de las subidas de impuestos han recaído sobre las rentas de la clase trabajadora y los pequeños autónomos. Es hora de revertir esta tendencia y diseñar una fiscalidad que favorezca a quienes sostienen el tejido productivo rural —pequeños comerciantes, ganaderos y agricultores—, que hoy se enfrentan prácticamente solos a la presión de las grandes cadenas y multinacionales para poder subsistir. Además, de que esta medida, también beneficiaría al comercio de barrio de las ciudades.
Si la izquierda quiere ser una alternativa real, debe reconocer que esta cadena de causas y consecuencias está en marcha y que sin un compromiso firme con el campo y con la España despoblada, no habrá un cambio duradero. La izquierda debe presentar un programa transformador real para el mundo rural, orientado a hacer viable y atractivo vivir en él.
El siguiente aspecto clave es que la izquierda no debe temer palabras como expropiación o nacionalización. La democracia no se limita a votar cada cuatro años: la economía también debe democratizarse. El Estado tiene que estar presente en los sectores estratégicos para el desarrollo de un país, como puede ser la energía o la alimentación.
La experiencia del Ayuntamiento de Marinaleda en los años 80 y 90 es una pista del camino a seguir. ¿Por qué no impulsar, a nivel estatal, una cooperativa o empresa pública de alimentación que promueva un modelo agrícola sostenible y menos contaminante, que garantice buenos salarios para agricultores y ganaderos y que permita que sus productos lleguen al supermercado a precios asequibles? España es un país productor de alimentos, pero vivimos una paradoja: los precios en los supermercados son excesivamente altos, y el enfado social es cada vez mayor. Urgen transformaciones valientes, como también lo exige la materia de vivienda.
No hay que tener miedo a expropiar a los fondos buitre o a nacionalizar o expropiar edificios o pisos abandonados -diferenciando siempre entre grandes y pequeños tenedores- para rehabilitarlos e incorporarlos al parque público. España está muy atrasada en lo que se refiere a esta política en comparación con los países de su entorno.
Es necesario, además, prohibir los pisos turísticos en las grandes y medianas ciudades, como ha anunciado que hará el alcalde de Barcelona en 2028. Y, sobre todo, desarrollar una política valiente que no tema construir vivienda pública: la población crece y la demanda también. No se puede dejar el futuro habitacional en manos de la especulación.
Por otro lado, el programa no es lo único que determinará el éxito de un frente amplio; también cuenta, y mucho, el factor humano. La solidaridad, el cooperativismo y la sinceridad entre compañeros de distintas organizaciones serán decisivos.
Sobre este punto, la izquierda ha cojeado en los últimos tiempos. Podemos lleva esgrimiendo desde hace años que sus caídas electorales se deben a ciertos medios de comunicación de masas y nunca al sectarismo, cesarismo y el ambiente de trabajo tóxico que crearon desde una dirección estatal hermética que cada vez tiene menos que ver con la realidad del estado. No obstante, podemos todavía cuenta con cuadros políticos interesantes en las autonomías como en Extremadura o Andalucía.
Todas esas dinámicas han de cesar para que el frente funcione y alcance todas las metas que se proponga por el bien de la ciudadanía. El enemigo es otro, y todo el mundo en el espacio debería darse cuenta. Las organizaciones apeladas a construir el frente amplio están en la misma trinchera y en ella no existen los enemigos internos.
El último punto a tratar es la relación con el PSOE. El frente amplio no puede existir para ser un salvavidas de Pedro Sánchez ni para subordinarse al Partido Socialista; debe mantener independencia y capacidad de presión.
En un ecosistema mediático que privilegia al bipartidismo, este espacio necesita hacerse oír, incomodar y señalar las contradicciones del PSOE. En 2023, la supervivencia electoral a la izquierda del PSOE se debió en buena medida al “ruido” que Podemos hizo desde dentro del Gobierno a lo largo del primer gobierno de coalición.
Esto ha sido motivo de discrepancia interna dentro del espacio y desde Sumar se argumentó que la ciudadanía no quería ruido, sino soluciones decidiendo optar por otra forma de relacionarse con el socio mayoritario. Y es cierto que las disputas internas desgastan, y mucho, pero la confrontación pública con el PSOE por cuestiones políticas no debilita, sino que refuerza. La ausencia de esa confrontación es lo que, en buena medida, explica los pésimos resultados de Sumar en las elecciones europeas.
Hay organizaciones como Adelante Andalucía que se muestran reacias a entrar en gobiernos con el PSOE, por los riesgos y concesiones que implica. Su postura tiene fundamento, pero también es innegable que desde el Ejecutivo se han conseguido avances como el Ingreso Mínimo Vital o la Ley de Vivienda. El reto, por tanto, es encontrar un punto de equilibrio: tener un pie en el Gobierno y otro en la calle, con el respaldo de organizaciones sociales, para impulsar mejoras concretas para las mayorías sociales. Esto implica asumir que, en ocasiones, habrá que tragar sapos, pero denunciándolos de forma transparente y dejando claro que son imposiciones del PSOE, mientras que las conquistas sociales llevan la firma del espacio a su izquierda.
La derecha y ultraderecha vienen con mucha fuerza y ellas no tienen miedo a cumplir con su programa electoral. Lo estamos viendo en EEUU, en Israel o Hungría, la degradación democrática a nivel global es más que palpable. No valen parches o la ciudadanía dejará de apoyar a este espacio político, al que pocas oportunidades le quedan si no queremos que la ultraderecha gobierne España por años. Las personas migrantes, las personas con discapacidad, el colectivo LGBT, las mujeres… muchas personas dependen de los aciertos de este espacio político. La izquierda no debe tener miedo a cumplir su programa, la derecha no lo va a tener jamás
Esta columna es un llamamiento a Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Compromis, Ara Més, Chunta Aragonesista, Comuns, Verdes Equo, Podemos, Alianza Verde, Adelante Andalucía, EH-Bildu, Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Republicana de Catalunya, Anova, Somos Asturias, Drago Canarias y demás partidos políticos y organizaciones que quieran sumarse y contribuir para cambiar la ola reaccionaria de dirección y sentido. Como bien dijo Rufián: “o nos unimos o nos matan por separado”.
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Diego Miguez Lois es socio de infoLibre.
"Los movimientos nacionalistas progresistas tienen que tener claro que si quieres cambiar el modelo de Estado, tienes que acumular fuerzas… pero … las izquierdas a la izquierda del PSOE de ámbito estatal tienen que tener en cuenta que, sin la alianza con los nacionalismos progresistas, tampoco pueden cambiar las cosas". Esto decía Xosé Manuel Beiras en 2024 en una entrevista en otro medio de comunicación. Cuando hace unas semanas Gabriel Rufián apeló a la creación de un frente amplio de cara a las próximas elecciones generales —que, salvo sorpresas, llegarán en 2027—, fue inevitable recordarle a él y a su valentía. Beiras se atrevió a trascender el espacio político tradicional del nacionalismo gallego, sumándolo al de las izquierdas estatales. Apostó por aunar fuerzas para alcanzar a un electorado más amplio y construir un nuevo espacio político en defensa de la gente común. Aquella estrategia cristalizó en unos resultados que hoy pueden considerarse más que exitosos: un 25 % de los votos en las elecciones generales de 2015 y seis escaños, incluyendo un hito histórico al lograr representación en dos de las provincias más caciquiles del Estado, Lugo y Ourense.