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Los políticos Egea y López Miras piden amparo a la Justicia porque una periodista ha cumplido con la obligación de su oficio de informar. Se trata de la comisión de una falta, un delito, un abuso punible, una desvergüenza abusiva, lo que sea que han perpetrado Egea y Miras, aprovechándose del cargo público que se les confió no para su beneficio.

Defraudar la confianza pública depositada en una persona es feo, ensucia una trayectoria. Lo podemos considerar otro peldaño de la ancha escalera que conduce a la puerta de acceso a la nutrida cofradía de los corruptos. Protestar judicialmente, porque te han pillado con la mano forzando un hueco en la larga cola de los españoles necesitados de una cirugía, extorsionando a todos los que mientes aprovechándote del cargo, es la respuesta del ladrón que amenaza al ciudadano que se da cuenta de la trampa y la denuncia. Hay gente o gentuza, elija el amable lector el término que piense que se acomoda mejor al caso, que se cría en un ambiente político y social tóxico y desestructurado, hasta el punto de no ser capaces de distinguir cuándo actúan con derecho o contra derecho. Éste es el caso de los ciudadanos, malos ciudadanos murcianos, Egea y López Miras.

Las nutridas filas de honrados vecinos de las 1.217 poblaciones de Murcia, necesitados de atención sanitaria deben someterse al albedrío que rige en el coto de los dirigentes por ellos mismos elegidos, según el cual si eres pariente de Fulano o de Mengano tienes más derechos que los que no guardan relación de familia con los caciques que ejercen la pernada sanitaria ante cualquier residente en esa envidiable por otros conceptos Comunidad Autónoma de Murcia.

No sé qué clase de defensa judicial esperan recibir de los Tribunales de Justicia para el presunto derecho de los escurridizos Egea y López Miras a colarse en las listas de espera de pacientes en los quirófanos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Murcia. “Cosas veredes Sancho”. Quizás fían su estrambótica defensa del derecho a saltarse los turnos legalmente establecidos invocando la consabida razón de “por ser vos quien sois”. Existen encapsulados en la Justicia española extravagantes togados que no dejan de sorprendernos con sus consideraciones y sentencias tan peculiares como que el derecho de expresión protege la exaltación de la dictadura, que asesinó la democracia y la Justicia en España durante casi cuarenta años, o el interés público de organizaciones como la Fundación Francisco Franco dedicada a divulgar los encantos y ventajas de dicha dictadura sustentada en la traición al Estado democrático que los golpistas juraron defender y el asesinato de todo opositor a sus parciales y antidemocráticos caprichos.

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En fin, resulta aventurado ponerse en el lugar de quienes reclaman en los tribunales la defensa judicial que invocan quienes han hecho de la parcialidad, el mercadeo y el derecho a que permanezcan en secreto las irregularidades o presumibles delitos cometidos en interés de su propia familia, en perjuicio de los murcianos rasos que no tienen más amparo, ni más derechos que los que la Constitución Española les reconoce como al resto de los ciudadanos.

Esperamos la sentencia judicial que asiente el derecho de los dirigentes y sus familiares a prevalecer sobre el censo electoral, o que castigue el abuso de poder inadmisible en democracia. No se han apagado los ecos del aparente unto de parlamentarios autonómicos que Egea, como en “La bien pagá” supo poner a favor del, en ese momento, defenestrado expresidente López Miras, cuando aprovechando la emoción de recuperar la presidencia que daba por perdida le demanda un favorcillo en comparación tan minúsculo como colar a un pariente en la lista de espera. Tal vez considera que el juez de turno encuentre que el tejemaneje merece la consideración secreta reclamada que conviene a ciertas sordideces y no debe ser desvelado.

Fernando Pérez Martínez es socio de infoLibre

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