Barcelona, la ciudad más cara para alquilar: 1.100 euros por un piso y 600 por una habitación

Joan se acaba de mudar a Barcelona para estudiar, pero no encuentra dónde vivir. Por ahora, se aloja con unos amigos de la familia, aunque sabe que tarde o temprano tendrá que marcharse. “Tengo un presupuesto de 300 euros y no hay forma de encontrar una habitación decente”. Noelia hace meses que busca piso. Ha visitado una veintena de casas y habitaciones, pero no consigue ninguna que le cuadre. Su tope son 500 euros y, a estas alturas, se arrepiente de no haber aceptado algunas opciones que vio al principio. Al menos tenían luz natural.

Vivir en Barcelona se ha convertido en toda una odisea. Los alquileres han vuelto a marcar un récord histórico —el enésimo desde la pandemia— y cuestan ya 1.123 euros de media al mes, 43 euros más que el salario mínimo interprofesional. Pagar la renta en la capital catalana supone destinar más del 40% del sueldo medio que cobran sus habitantes. En el caso de los jóvenes, el porcentaje se dispara hasta el 85% de los ingresos. Según los últimos datos de la Generalitat, sólo hay tres distritos —Nou Barris, Sant Andreu y Horta-Guinardó— en los que el alquiler baja de la barrera de los mil euros.

Pero compartir vivienda tampoco es ya una alternativa viable para muchas personas. Barcelona es la ciudad más cara de España para alquilar una habitación. De acuerdo con un reciente estudio del portal Pisos.com, el precio de los cuartos alcanza los 631 euros mensuales de media, muy por encima de los 405 euros que vale en el conjunto del Estado. De hecho, en Madrid y Palma, las dos ciudades que siguen en el ranking a la capital catalana, alquilar una habitación implica un desembolso de alrededor de 475 euros mensuales

Estas cifras evidencian una realidad: cada vez es más difícil vivir solo. Sin ir más lejos, la edad de emancipación de los jóvenes sobrepasa los 30 años, aunque el 80% de los catalanes que consiguen irse de casa antes se ven obligados a compartir piso. Los precios están por las nubes, la oferta es menor y son solo unos pocos privilegiados los que pueden hacer frente a la renta sin ningún tipo de ayuda.

El Sindicato de Inquilinas hace tiempo que pide regular los precios. Fue uno de los artífices de la ley catalana de alquileres, anulada por el Tribunal Constitucional, y ahora exige que la legislación española no se demore más. “En Barcelona tenemos los alquileres más altos que ha habido jamás y no paran de subir. No entendemos por qué, si contamos con una herramienta para regular y revertir esta situación, se está bloqueando”, señala en declaraciones a infoLibre su portavoz, Enric Aragonès. Se refiere a la nueva Ley de Vivienda, que permite poner coto a la escalada de los alquileres en zonas con el mercado inmobiliario tensionado. Cataluña es, por ahora, la única comunidad autónoma que ha pedido aplicar esta legislación de inmediato, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez no le ha dado aún el visto bueno.

Este panorama explica, en parte, por qué hay quienes se lanzan a alquilar sus estancias de forma irregular a sabiendas de que lo es. Muchos, incluso, ya no publican anuncios, sino que van a la caza de conocidos a través de las redes sociales para evitar sanciones. En los últimos dos años, el ayuntamiento ha dictado alrededor de 600 órdenes de cese contra habitaciones turísticas ilegales.

¿Qué dice la ley?

En 2020 el Govern aprobó un decreto que incorporaba la figura de hogar compartido y permitía a cualquier persona alquilar su piso con fines turísticos siempre y cuando fuera su vivienda principal, con un máximo de cuatro personas y para estancias que no superaran los 31 días. Sin embargo, este decreto dejaba en manos de los municipios la regulación del alquiler de habitaciones. Por temor a que esta medida sirviera de amparo para muchos pisos turísticos ilegales, el Ayuntamiento de Barcelona, entonces capitaneado por Ada Colau, decidió prohibir esta modalidad.

Desde entonces, las habitaciones turísticas por días en pisos particulares están prohibidas en Barcelona, donde sí se autorizan los alquileres de larga temporada, es decir, superiores a los 32 días y durante un tiempo máximo de once meses. Son una excepción los inmuebles que cuentan con licencia turística, un permiso que lleva suspendido desde 2014, hace casi una década.

En los últimos años, el ejecutivo municipal ha lanzado una cruzada contra los pisos turísticos ilegales, cuyo efecto en la escalada de los precios ha sido demoledor. Según cifras proporcionadas por el consistorio, cada mes se detectan alrededor de 500 anuncios de casas y habitaciones turísticas ilegales. Desde 2016, el ayuntamiento ha impuesto 10.316 sanciones, fruto de más de 22.000 expedientes disciplinarios y más de 9.300 órdenes de cese de actividad. También se han recuperado para uso residencial 3.427 inmuebles que se habían convertido en pisos turísticos sin licencia.

Habitaciones a precio de oro

Pero no solo los pisos turísticos tensionan el mercado. Otra de las cuestiones que el Sindicato de Inquilinas pone sobre la mesa es la falta de regulación en torno a los alquileres de habitaciones y de temporada, que no están sometidos a la nueva Ley de Vivienda. El tope al precio de los arrendamientos sólo afecta a los alquileres de larga duración, mientras que el resto de modalidades pueden seguir decidiendo sus tarifas. “Se deben tapar todos los agujeros. No se puede establecer una regulación de precios, pero permitir que los alquileres de temporada o de habitaciones se lo salten”, denuncia Aragonès.

Precisamente en el portal Pisos.com han detectado un cambio de tendencia. Aseguran que cada vez hay más propietarios que optan por arrendar habitaciones para esquivar la regulación de precios que impone la nueva norma. “Aún no es la alternativa mayoritaria, pero está creciendo”, asegura a este diario el director de estudios de la compañía, Ferran Font. De acuerdo con este experto, está creciendo el número de propietarios que apuesta por salir del mercado del alquiler, especialmente en Barcelona, por temor a los efectos que pueda tener la nueva Ley de Vivienda: “La situación de desconocimiento y la falta de previsibilidad hace que muchos no se sientan cómodos en el mercado del alquiler y prefieran vender sus inmuebles o buscar alternativas”. Las consecuencias sobre la oferta son evidentes.

Una de estas alternativas es el alquiler de habitaciones, que cuenta con un público objetivo más amplio que antaño. “Ya no son sólo estudiantes, ahora también son jóvenes que llevan diez o quince años independizados, con muy poca capacidad de ahorro, sufriendo precariedad y salarios bajos, y no pueden acceder a un piso”, continúa Font, quien recuerda que alquilar un inmueble completo requiere tener un cojín económico para poder hacer frente a los gastos y meses de fianza iniciales. “No todos los que pagan una habitación a 500 o 600 euros tienen 4.000 o 5.000 euros para entrar en un piso”, remarca.

Ese es precisamente el caso de Andrea, que paga 700 euros por una habitación en el Eixample. Como tantos otros jóvenes, preferiría vivir sola, pero los exorbitados precios no le permiten ese lujo. “Prefiero pagar un poco más por una habitación exterior con luz natural y poder ahorrar”, detalla a este diario. Ejemplos como el suyo son cada vez más frecuentes en una ciudad en la que existen anuncios de habitaciones que rozan los 2.000 euros mensuales. “La escalada del precio de estos alquileres es la consecuencia clarísima de que cada vez es más difícil disponer de una vivienda entera”, recalca Aragonès.

El efecto ‘expats’

El alquiler de habitaciones no es la única alternativa para los propietarios que se replantean su negocio. La más habitual sigue siendo el alquiler de temporada, que a menudo se asocia al auge de los nómadas digitales en la ciudad, dispuestos a pagar tarifas por encima del precio de mercado a cambio de determinados servicios. Y la oferta de vivienda para este colectivo no ha dejado de sumar activos, desde el edificio Archie Living construido sobre la estación de metro de Arc de Triomf al macrocomplejo de lujo de la calle Parcerisa, en el barrio de la Bordeta.

Aunque la mayoría de expertos consultados tiene claro que este fenómeno está disparando los precios del alquiler, según Font, los nómadas digitales no son responsables por el aumento de esta modalidad de alquiler. O, al menos, no más que la inestabilidad del sector. “El gran factor que provoca que crezca la oferta de alquiler de temporada, en lugar del de larga duración, es la inestabilidad del mercado, la falta de previsibilidad y la desprotección de los grandes propietarios”, asevera.

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Sin embargo, también admite que “hecha la ley, hecha la trampa”. “Hay contratos que siguen la fórmula de uno temporal sabiendo que acabará siendo más largo. Al que quiere alquilar un piso, sea un expat o sea un vecino, no le queda otra opción que aceptar la realidad”, lamenta. Son contratos de once meses que aprovechan la coyuntura para subir el precio anualmente. "Así se vulneran derechos", censura, por su parte, Aragonès.

El gran reto del ‘real estate’

El marco jurídico es complicado, pero el Sindicato de Inquilinas tiene clara la receta para revertir la situación: que el encadenamiento de contratos temporales comporte la obligación de firmar uno de larga duración —como ocurre en el mundo laboral—, que consten los motivos que justifican una necesidad de vivienda temporal y que se limite el número de alquileres de ese tipo que puede haber en cada zona de la ciudad.

La respuesta de Font tiene más aristas. “El asunto es complejo porque el acceso a la vivienda y la emancipación juvenil son el gran reto que tiene el sector inmobiliario sobre la mesa”, sostiene. En opinión de este experto, el problema parte de “una falta de política de vivienda clara y continuada a lo largo de los años”: “La situación de hoy es el paradigma de esta realidad: tenemos un Gobierno que saca adelante una nueva Ley de Vivienda que nadie aplicará porque las autonomías, que tienen las competencias, son de otro color político”. Por eso, a su juicio, es necesario que los ejecutivos tengan “mirada larga” y sean conscientes que la problemática no se solucionará a corto plazo: “Necesitaremos de una a dos décadas para resolver la falta de vivienda”.