¿Qué pasa cuando te desahucian de la casa en la que llevas viviendo 70 años? ¿Qué pasa cuando eres pensionista y no te puedes permitir acceder a un mercado del alquiler prohibitivo, ni comprar, ni pedir una hipoteca? La respuesta es que quienes pasan por este trance son expulsados de su casa sin ningún colchón de seguridad y sin alternativa habitacional garantizada porque, pese a la vulnerabilidad de las personas mayores, el mercado es igual de insensible a todas las circunstancias. “En materia hipotecaria hay una norma que protege, al menos en teoría, a las personas mayores vulnerables, pero en alquileres no hay absolutamente nada en caso de desahucio”, explica Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) experta en vivienda. “Lo único que queda es acudir a los servicios sociales. Pero en el mejor de los casos solo consiguen una plaza en una residencia”, apunta.
Esta semana le ha ocurrido a Maricarmen, una vecina de 87 años que reside en el barrio de Retiro (Madrid) desde hace siete décadas. Primero la empresa inversión inmobiliaria Renta Corporation adquirió el inmueble que luego le vendió a Urbagestión. Ella pagaba una renta antigua que esta última empresa logró anular en los juzgados. Ahora le exigen un alquiler de 1.650 euros al mes, un importe “rebajado” desde los 2.650 euros que querían originalmente, según explica el Sindicato de Inquilinas de Madrid. Este importe supone una subida del 275%, pero además, supera con mucho los 1.450 euros que cobra de pensión. Esta es la primera opción imposible que se le ofrece a la inquilina para no perder su casa.
Otra de las opciones que se les da a los afectados en estos casos es prioridad a la hora de comprar el piso, en su caso, en una de las ubicaciones más caras de Madrid (y de España). En la zona donde vive Maricarmen el precio medio del metro cuadrado, según la consultora Tinsa, es de 5.589 euros. “Esta evolución en el coste de la vivienda, supone que el precio medio de un piso de 90 m² en Retiro (Madrid) se sitúa en los 502.968 euros”, recogen en su análisis.
“Lo único que queda es la buena voluntad y disposición de los servicios sociales que intentan ayudar”, explica Jacinto, que ha tratado con casos similares, ya que las rentas antiguas no son lo suficientemente jugosas para un mercado de alquiler que multiplica los precios sin freno. “Por ejemplo, en el caso de los vecinos del edificio de la calle Tribulete (Madrid) muchos de ellos son gente mayor con contratos de renta antigua. Cada vez hay más personas mayores afectadas por este problema”, concluye.
“Maricarmen se queda”, reza un cartel del Sindicato de Inquilinas de Madrid que trata de parar la ejecución del desalojo prevista para este miércoles. Pero no es el único nombre propio de este drama. Hace apenas una semana Albert B., de 83 años, se disparó en la cabeza cuando iba a ser desahuciado de su casa en Málaga por una deuda de 2.685 euros que derivó en la subasta de la casa en la que residía. El mes pasado, Amparo Espino, de 70 años y con un grado de discapacidad reconocido del 39%, esperaba a la Policía en su piso de Vallecas (Madrid) para que se cumpliese una orden de desalojo por impago del alquiler. En julio del año pasado, Marina López, de 95 años, salía de su piso en Lavapiés para terminar en una residencia. La razón: no consiguió afrontar el pago del alquiler de su casa porque cobraba una pensión no contributiva de 517 euros.
Son historias que llegan y pasan por los titulares, pero que sumadas revelan un grave problema de desprotección social. Son la otra cara del mercado inmobiliario que no es la de los jóvenes sin oportunidades, sino la de personas mayores que, en el mejor de los casos, podrán recoger algunas pertenencias para irse a una residencia o a casa de un familiar, perdiendo inevitablemente su hogar y el entorno en el que han vivido. “Algunas veces, cuando no eres mayor, te mandan a un albergue unos días o te pagan una pensión”, puntualiza la abogada, pero en el caso de las personas mayores es más complicado. “Lo que vemos en los juzgados es que, aunque los servicios sociales deben aportar información sobre vulnerabilidad, eso no lleva aparejado ningún derecho: ni la suspensión del desahucio, ni mucho menos una alternativa habitacional. Existe una desprotección total”, explica Jacinto. “Si ya es difícil para una persona joven y con trabajo encontrar un alquiler, imagínate para un pensionista”.
En la última estadística de desahucios de vivienda que publicó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los datos indican que entre abril y junio se produjeron 6.960 lanzamientos y, de estos, la mayoría fueron sobre personas en alquiler. Esto es, el 76,1% de los lanzamientos, como se denominan en la jerga jurídica los desahucios, fueron derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Solo el 17% provenían del impago de la hipoteca. En este último caso es donde existe una cierta protección para quienes pierden su casa. Esto es así, porque el Gobierno extendió por real decreto la suspensión de desahucios hasta 2028 para personas o familias en situación de vulnerabilidad, pero esto no aplica para quienes viven de alquiler, que en este caso son mayoría.
Listas de espera “urgentes” que tardan años
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“La Comunidad de Madrid tiene una lista de espera para solicitantes de vivienda pública y vivienda social de años y años”, explica la abogada. Cuando ya no hay nada que hacer y el desahucio se consuma, el único mecanismo que ofrece la comunidad a estas personas es apuntar su nombre en dos listas, una destinada a situaciones de emergencia y otra a situaciones de necesidad. “El de emergencia es un cupo que en teoría está previsto para casos de desahucios vulnerables o si, por ejemplo, hay un incendio y se necesita un realojo rápido. Pero no lo puede solicitar el afectado, se hace de oficio por parte de la Administración”, explica Jacinto, que matiza que “las condiciones son muy estrictas” y poca gente encuentra aquí una solución.
“Y luego está el cupo normal, genérico, de especial necesidad, donde está apuntado medio Madrid. Pero es más fácil que te toque la lotería que conseguir una casa”, concluye. De nuevo, las condiciones se vuelven imposibles y más si el laberinto burocrático se le plantea a personas mayores, poco familiarizadas con los procesos de tramitación.
En el caso de Maricamen el Sindicato de Inquilinas se aferra a la posibilidad de parar el desahucio. En la tarde de este lunes han recorrido el barrio de Retiro en señal de protesta y el próximo miércoles 29, fecha fijada para el desalojo, hay convocada una concentración de apoyo frente al domicilio en la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid. “La ley dice que las instituciones tienen que proveer una alternativa habitacional y eso no está pasando. Y lo peor es que no está habiendo consecuencias porque esa alternativa habitacional no se ofrezca”, concluye la abogada.
¿Qué pasa cuando te desahucian de la casa en la que llevas viviendo 70 años? ¿Qué pasa cuando eres pensionista y no te puedes permitir acceder a un mercado del alquiler prohibitivo, ni comprar, ni pedir una hipoteca? La respuesta es que quienes pasan por este trance son expulsados de su casa sin ningún colchón de seguridad y sin alternativa habitacional garantizada porque, pese a la vulnerabilidad de las personas mayores, el mercado es igual de insensible a todas las circunstancias. “En materia hipotecaria hay una norma que protege, al menos en teoría, a las personas mayores vulnerables, pero en alquileres no hay absolutamente nada en caso de desahucio”, explica Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) experta en vivienda. “Lo único que queda es acudir a los servicios sociales. Pero en el mejor de los casos solo consiguen una plaza en una residencia”, apunta.