CONFLICTO LABORAL

CCOO demanda a Interior en la Audiencia Nacional por el despido del personal que repara las comisarías

Muere un trabajador que llevaba tres meses sin cobrar al caer de la sexta planta de una comisaría

CCOO ha demandado ante la Audiencia Nacional al Ministerio del Interior por el despido de 136 trabajadores de la empresa valenciana Arción, que se encarga del mantenimiento de las comisarías de la Policía Nacional en casi toda España.

Los trabajadores de Arción fueron despedidos el pasado 9 de julio, después de soportar el impago de sus nóminas durante cinco meses. Como la empresa, una constructora con una división multiservicios, era la adjudicataria de un contrato suscrito con la Dirección General de la Policía, el sindicato reclama la “responsabilidad solidaria” de Interior. A su juicio, la “rescisión injustificada y antes de tiempo del contrato”, sin “causa legal justificativa” ha provocado o colaborado en dicho despido. También la constructora ha sido demandada.

La demanda no sólo reclama que la extinción de los contratos de la plantilla sea declarada nula o improcedente, sino que también pide que la empresa que gane ahora la nueva adjudicación se haga cargo de los trabajadores. Éstos llevan años subrogados: haciendo las mismas tareas de mantenimiento para las distintas empresas que consiguen la contrata de Interior.

Y ése debió de haber sido su destino si no fuera porque Arción decidió despedirlos tres meses antes de que se resuelva el nuevo concurso, este mismo mes de septiembre. En todo caso, la nueva empresa no empezará a prestar el servicio hasta el 1 de diciembre, por lo que las comisarías de la Policía pueden quedarse sin mantenimiento durante seis meses. Además, entre las condiciones de la adjudicación no figura la subrogación de la plantilla. El importe del contrato es de 10,9 millones de euros

Interior rescindió el contrato con la empresa valenciana tras apercibirla al menos tres veces por “deficiencias graves” en la ejecución de los tres contratos que había suscrito con ella. Después fue expedientada y penalizada. En el caso de las comisarías de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, fue Arción quien pidió a Interior que le permitiera ceder el contrato a otras empresas.

Arción culpa al ministerio por impago

La empresa valenciana, por su parte, culpa a Interior del impago de las nóminas, ocasionado a su vez porque el ministerio dejó de abonarle facturas el 20 de diciembre de 2012. Durante las negociaciones sobre el ERE, Arción alegó ante los trabajadores que no podía aplazar los despidos más allá del 9 de julio porque la Dirección General de la Policía Nacional mantenía “impagadas facturas de mantenimiento de servicios ya prestados”. Interior, por su parte, asegura que está al corriente de pagos con Arción. 

De hecho, la empresa adujo causas económicas para el despido colectivo. Entonces estaba en preconcurso de acreedores. El 12 de agosto se acogió al concurso voluntario. En las negociaciones con los trabajadores, en junio, presentó unas pérdidas de 1,9 millones en 2012, y una caída de ingresos en el primer trimestre de este año del 52% respecto a diciembre. En las cartas de despido que envió por burofax a sus trabajadores, Arción les comunicó que carece de liquidez para pagarles los 20 días de indemnización. El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) tendrá que abonárselos, por tanto.

Los trabajadores, por su parte, se quejan de que la empresa ha estado “desaparecida” desde el momento en que consiguió la adjudicación. También sufría problemas para pagar a los proveedores y no suministraba material y herramientas a los operarios, que debieron demandar a Arción ante el juez para cobrar los sueldos que les garantiza su convenio. Además, la constructora carece de oficinas en las zonas donde se encuentran estos trabajadores, que apenas tenían contacto con los encargados o con la sede central.

Interior se desentiende

En la demanda, CCOO pide la nulidad del despido colectivo porque la empresa valenciana no presentó la documentación mercantil auditada, como le exige la ley, ni aportó prueba alguna de las reuniones que dijo haber mantenido con la Dirección General de la Policía. También denuncia que la negociación no fue real: ni ha acreditado la causa por la que Interior le rescindió el contrato ni aceptó propuestas para reducir el número de despidos. Por ejemplo, rechazó sustituirlos por suspensiones de contrato.

Cuando Interior le concedió las tareas de mantenimiento de las comisarías de Castilla y León, en septiembre de 2010, la constructora cifró en dos millones de euros el presupuesto de la adjudicación, que obtenía por dos años y medio prorrogables. Entonces lanzó una campaña de publicidad con el eslogan Cuidamos de los que cuidan de nosotros.

Interior, por su parte, descarga en la constructora toda la responsabilidad sobre la suerte de los trabajadores. Pese a que el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores establece que los empresarios que contraten o subcontraten responderán “solidariamente durante el año siguiente a la finalización del encargo” de las obligaciones de “naturaleza salarial contraídas por los contratistas y subcontratistas con sus trabajadores".

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