Corrupción

Defensa dice que los dos oficiales condenados entrarán en prisión pero no perderán su condición militar

Un grupo de soldados durante unas maniobras del Ejército de Tierra.

Los dos tenientes coroneles condenados a dos años de prisión por recibir dinero y regalos de empresas a las que ayudaban a conseguir contratos de Defensa ingresarán en la cárcel. Según ha explicado el ministerio a infoLibre, la sentencia ya es firme y ambos oficiales cesarán en sus destinos y entrarán “un establecimiento penitenciario militar”. Sin embargo, no perderá su condición de militares, lo que ocurre sólo cuando la condena es superior a tres años.

Los tenientes coroneles Cruz Picazo Ramírez y Epifanio Ramírez Requeno han sido condenados por el Tribunal Militar Central en una sentencia que podía haber sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. Ninguna de las partes lo ha hecho, ni los militares ni los tres empresarios condenados por cohecho. Las penas de estos últimos han sido, en palabras del propio tribunal, “extraordinariamentes livianas”, sólo una multa de 600 euros para cada uno, tras haber llegado a un acuerdo con la fiscalía.

El acusador público había pedido para los dos oficiales una pena de tres años por un delito consumado y continuado contra el patrimonio en el ámbito militar, con pérdida de empleo, así como otros tres años por actividades prohibidas a funcionarios públicos. El presidente de la Sala, en su voto particular, solicitaba para ambos tres años de cárcel, porque consideraba que su “comportamiento criminal” ha “denigrado la imagen, no solamente suya como militares en activo, sino también del cuerpo al que pertenecen y de las fuerzas armadas en general”. De ahí que solicitara que fueran expulsados de las fuerzas armadas.

Aunque no pierdan su condición militar, Picazo y Ramírez sí quedan suspendidos de empleo. Ya lo estuvieron antes mientras se les procesaba. El primero fue destituido en su destino de la Secretaría General de Contratación el 15 de mayo de 2015, poco después de ser detenido. Y se le suspendió en sus funciones a partir del 8 de agosto de ese año, según el relato que hace Defensa. En esa situación se mantuvo hasta el máximo periodo que permite la ley, hasta el 4 de febrero de 2016. Desde el 7 de mayo quedó destinado a la Jefatura del Mando de Personal, donde ha permanecido hasta ahora.

Al teniente coronel Epifanio Ramírez se le suspendió en sus funciones y se le destituyó en su destino de la Dirección de Asuntos Económicos (DIAE) del ministerio el 16 de julio de 2015, tres meses después de su detención. La suspensión duró también el máximo permitido por la ley, hasta el 12 de enero de 2016. El 31 de agosto, siete meses más tarde, fue destinado a la Jefatura del Mando Logístico, según el ministerio porque Ramírez Requeno “carecía de capacidad decisoria”, a diferencia del otro oficial condenado.

Relojes, coches, entradas al Bernabéu

Según considera probado la sentencia, a cambio de información privilegiada y asesoría sobre contratos, los dos oficiales recibieron diferentes cantidades de dinero, como los 4.000 euros pagados por la empresa de seguridad Proman, en un sobre entregado en un restaurante de Madrid, y los 20.000 euros que Ucalsa transfirió a Epifanio Ramírez y con los que pagó parte de un Audi A5 Sportback, valorado en 43.777 euros. Otra firma, Tecnove, dedicada al carrozado de vehículos militares, regaló a Cruz Picazo un reloj Hublot con un precio de 2.870 euros.

Además, estas y otras empresas proporcionaron a los dos militares entradas para distintos partidos del Real Madrid en el palco del Santiago Bernabéu y para el Mutua Madrid Open de Tenis. Finalmente, el hijo del teniente coronel Ramírez fue contratado en Easy Sea East, del grupo Proman, en noviembre de 2014, con un contrato indefinido como auxiliar de servicio y un sueldo de 752 euros al mes. Curiosamente, su lugar de servicio era el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), dependiente de Defensa. Y el hijo del teniente coronel Picazo consiguió otro contrato, primero como conductor y luego como coordinador de comidas a domicilio –1.203 euros al mes– en otro contratista, Ucalsa.

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