LOS ABUSOS DE LA BANCA

Economía impuso ocho multas por blanqueo a bancos pero oculta sus nombres

Economía multó en 2013 a ocho bancos por blanqueo pero oculta sus nombres

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales impuso en 2013, último año del que publica datos, ocho multas a entidades financieras por blanqueo de capitales. Pero el Ministerio de Economía, del que depende la comisión, no hace públicos los nombres de los bancos infractores. Las sanciones sumaron un importe de 5,25 millones de euros. Son sólo las administrativas; las multas impuestas por condenas en los tribunales alcanzaron ese año la cifra récord de 655,87 millones de euros.

Los bancos están obligados, al igual que las aseguradoras, las agencias de valores, las sicavs, los fondos de pensiones, las sociedades de capital riesgo o los casinos, a informar al Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales) sobre las operaciones sospechosas de blanqueo de dinero. Sólo incumplir ese deber de comunicación ya supone una infracción muy grave.

Sin embargo, estas sanciones, al igual que las tributarias, por delitos fiscales, son información reservada. Los infractores están amparados tanto por la Ley Tributaria como por la de Protección de Datosla de Protección de Datos. Para saber qué bancos blanquean capitales habría que cambiar la ley, como se va a hacer con la Ley General Tributaria para publicar la lista de morosos de más de un millón de euros a final de año.

Sólo se hacen públicas aquellas multas por infracciones muy graves que deben ser aprobadas por el Consejo de Ministros y aparecen en el Boletín Oficial del Estado. Por ejemplo, la de 1,1 millones de euros impuesta el año pasado a la sucursal española del portugués Banco Espirito Santo por incumplir el deber de comunicación al Sepblac. La Ley de Prevención del Blanqueo, de abril de 2010, fija en 1,5 millones el máximo con que se puede sancionar una infracción muy grave, que también se multa con el doble del montante de la operación ilegal o con el 5% del patrimonio neto de la entidad implicada.

También son públicas las multas si forman parte de una condena judicial. Como la de 1,2 millones de euros impuesta por la Audiencia Nacional a Bankinter el pasado mes de agosto por no vigilar las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales que realizaban clientes marroquíes y mauritanos de una de sus sucursales en Las Palmas de Gran Canaria.

Multas de miles de euros en EEUU

Se trata de unas cantidades que parecen mínimas comparadas con los 1.196 millones de euros con que las autoridades de Estados Unidos han multado al alemán Commerzbank por no denunciar actividades de blanqueo de dinero entre 2002 y 2008. O los 6.500 millones que el Departamento del Tesoro impuso el pasado julio al francés BNP. Estados Unidos sancionó también al HSBC con 1.682 millones en 2012, a JP Morgan con 814 millones en 2013, a ING con 548 millones en 2012, a Credit Suisse con 474 millones de euros en 2009, a RBS con 442 millones en 2010... Reino Unido impuso una multa de 8,4 millones al Banco de Moscú en 2013 y a Coutts & Co, un banco privado británico, otra de 12 millones un año antes.

“Sería deseable que se hicieran públicos los nombres de los bancos infractores”, apunta José María Mollinedo, secretario de Gestha, el sindicato de Técnicos de Hacienda. “La publicidad de la sanción afecta a la reputación de las entidades, qué mejor incentivo para ellas que estar sometidas al escrutinio público”, argumenta.

Más cauto se muestra el presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE), Ramsés Pérez Boga. “Los bancos españoles son bastante serios y no se suelen meter en este tipo de actividades delictivas”, contrapone. A su juicio,sería mucho más eficaz obligar a las entidades a proporcionar información sobre los clientes de sus sucursales en paraísos fiscales sucursales en paraísos fiscales.

Más de 8.700 investigados, 116 condenados

Policía, Guardia Civil, policías autonómicas y la Agencia Tributaria investigaron en 2013 por blanqueo de capitales a un total de 8.728 personas y a 186 grupos organizados. De ellas terminaron detenidas 2.625, según se recoge en la última memoria de la Comisión de Prevención del Blanqueo. Procesados fueron sólo 218 individuos y condenados, 116.

El Código Penal castiga con penas de seis meses a seis años el blanqueo. De los 116 condenados en 2013, sólo tres recibieron la pena máxima, entre cinco y seis años. A 30 se les impuso la mínima, hasta seis meses. Las 52 multas que acompañaron estas penas aumentaron su cuantía un 20% respecto de las impuestas en 2012. La mayoría, 32, no alcanzaron los 10.000 euros. Sólo tres superaron los 100 millones. Una de ellas, la más cuantiosa, 193 millones, fue la impuesta por el Tribunal Supremo a una banda de ocho personas, encabezada por el narcotraficante canario Rafael Bornia Bordón, que desde 1998 hasta 2004 operaba entre Las Palmas de Gran Canaria, Madrid y Marbella.

El informe de evaluación mutua elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un grupo internacional integrado por una treintena de países, critica la escasa contundencia de las penas de prisión por blanqueo de capitales. Lamenta, por tanto, su reducido efecto disuasorio, así como de los, a su juicio, cortos periodos de inhabilitación previstos para los profesionales implicados en este delito. En concreto, se queja de la actuación de los abogados, agentes de la propiedad inmobiliaria y proveedores de servicios a sociedades y decomisos. Al tiempo, advierte de la “limitada capacidad del sistema judicial para tramitar casos complejos de blanqueo en un plazo razonable”.

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