Las empresas públicas compraron material sanitario con una diferencia de precio de hasta el 70% en la pandemia
El Tribunal de Cuentas ha detectado que el material sanitario adquirido por las empresas del sector público en 2020 para hacer frente a la pandemia de coronavirus se compró con una gran diferencia de precio en cada caso, hasta el punto de que, por ejemplo, en el mes de abril TRAGSA pagó por pruebas rápidas un 71,4% más que Adif un mes después.
Así lo detalla el fiscalizador en su 'Informe para la fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, en el ámbito del sector público empresarial no financiero', aprobado este jueves por el Pleno del Tribunal.
Se trata del sexto informe de los siete programados por el órgano que preside Enriqueta Chicano sobre contratación de emergencia realizada durante la pandemia. El tribunal ofrecerá una visión global de todas sus fiscalizaciones cuando concluya todas las previstas.
413 contratos por más de 142 millones de euros
En 2020, 33 entidades del sector público empresarial estatal no financiero celebraron 413 contratos tramitados por un importe de 142 millones de euros (IVA excluido). Para su fiscalización, se ha seleccionado una muestra de 119 contratos por valor de 112 millones de euros (sin IVA) de las seis entidades más representativas del sector: Adif, AENA, TRAGSA, Puertos del Estado, Renfe Viajeros y Correos. Esta muestra representa el 78,9% del importe total contratado y el 28,8% del total de los contratos que se realizaron.
El informe pone de manifiesto los diferentes precios que pagaron las distintas empresas por el material sanitario que adquirieron aquel primer año de pandemia. En concreto, relata que en marzo de 2020 Correos pagó 7,88 euros por gel hidroalcohólico en formato de medio litro, mientras que Adif adquirió la misma unidad a seis euros.
Esta disparidad de precios en la compra de material se observó también en el formato de cinco litros en el que el precio pagado por Correos fue un 38% superior al pagado por Adif.
Pero el caso más llamativo es el relativo a la compra de test rápidos para la detección del coronavirus que Tragsa adquirió en abril de 2020 a un precio un 71,4% más elevado que el que pagó Adifr en mayo.
De todos los productos analizados, el precio medio más bajo de las mascarillas en los meses de marzo y abril fue el pagado por Adif (2,37 euros la unidad). En cuanto a los guantes de látex, en el mes de abril el precio más alto fueron los 0,80 céntimos la unidad pagados por Puertos del Estado, frente a los 0,0689 euros la unidad pagada por Correos.
Mejor pedir ofertas aunque no sea obligatorio
En relación con la justificación de la tramitación de emergencia, todos los expedientes fiscalizados requerían de una ejecución inmediata y se tramitaron por emergencia acogiéndose a lo dispuesto legalmente. "Las empresas justificaron de forma correcta la razón de la emergencia en los correspondientes expedientes", señala el tribunal.
Respecto a la promoción de la concurrencia de ofertas, a excepción de Adif y Correos, el resto de las entidades analizadas no solicitaron ofertas. Esta fórmula está prevista en la tramitación de emergencia en la que no resulta exigible pero, como en informes anteriores, el fiscalizador recomienda que, "salvo en los supuestos en que la emergencia fuera tal que la finalidad del contrato pudiera verse comprometida, se soliciten varias ofertas y se negocien los términos del contrato, como buena práctica de gestión contractual".
En relación con la capacidad y solvencia de los adjudicatarios, en la mayoría de los contratos celebrados por Adif y en todos los celebrados por AENA y Renfe Viajeros, las empresas adjudicatarias ya habían trabajado con anterioridad para el Sector Público o para la propia entidad, por lo que se supone conocida su capacidad y solvencia por quienes las contrataron.
Por otra parte, Tragsa y Correos requirieron acreditación o dejaron constancia en los contratos de la capacidad o solvencia técnica de las empresas contratadas. No obstante, Puertos del Estado "no dejó ningún tipo de constancia sobre capacidad o solvencia técnica del adjudicatario de uno de los dos contratos analizados, respecto al que tampoco constan antecedentes de haber contratado previamente con el sector público".
Dejar constancia de la solvencia técnica
En la tramitación de emergencia la ley tampoco exige la formación del correspondiente expediente de contratación, pero el Tribunal de Cuentas recomienda que siempre que sea posible "se deje constancia en el expediente de la capacidad de obrar y de la solvencia técnica y financiera del adjudicatario".
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Además, el informe reseña que algunas entidades formalizaron los contratos antes de iniciarse la ejecución y otras cuando ya se había iniciado o ejecutado el contrato, aunque se han identificado nueve contratos de TRAGSA y uno de Puertos del Estado donde no aparece consignada la firma del adjudicatario.
Por otra parte, Aena, Tragsa, Renfe Viajeros y Correos no notificaron los contratos al Consejo de ministros en los términos previstos en la ley, amparándose en el Informe 22/2020 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado que exime de esta obligación a las entidades mercantiles. Pero Puertos del Estado, "que no tiene forma jurídica de sociedad mercantil", solo comunicó al Gobierno uno de los expedientes fiscalizados.
En los contratos celebrados por Adif, Aena, Puertos del Estado, Renfe Viajeros y Correos, la ejecución se inició en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la ley. En cuanto a Tragsa, atendiendo a la fecha de la primera factura, se cumpliría al menos en el 48 % de los expedientes. El informe también destaca que Tragsa no publicó en la Plataforma ninguno de los expedientes analizados y que Puertos del Estado no publicó la adjudicación de uno de los dos fiscalizados.
