España vive pendiente del avance de las llamas. Tres fallecidos, una veintena de heridos, miles de personas desalojadas, casas en llamas e incontables hectáreas que se han vuelto cenizas, dan cuenta de un desastre que asola varias comunidades desde la pasada semana. El coste más doloroso es el que asumen las personas afectadas y los profesionales que intentan controlar las llamas, pero más allá de esto, el gasto de intentar salvar el territorio de las llamas alcanza unas cifras elevadísimas. “Apagar un incendio cuesta 20.000 euros por hectárea, prevenir el incendio para que no se queme nos cuesta 2.000”, explicaba en RTVE Paco Castañares, presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales (Extrefor).
Muchas hectáreas arden sin que se pueda hacer nada, pero en aquellas zonas donde es crucial apagar las llamas, intervienen bomberos, camiones, maquinaria, helicópteros e hidroaviones, entre otros. A esto se suma el coste de realojar a las personas que tienen que ser evacuadas, repartir comida y ofrecer respaldo a quienes se han quedado, provisional o definitivamente, solo con lo puesto.
Es difícil hacer una estimación cuando el desastre aún no se ha contenido, pero otras experiencias de este tipo dejan algunos datos. En 2017, la Asociación Forestal de Galicia estimaba que dos incendios provocados en Pontevedra habrían ocasionado daños por valor de 18,9 millones de euros. En Castilla y León el incendio de Tábara (Zamora) en 2022 fue uno de los más virulentos que se recuerdan, con 35.000 hectáreas arrasadas y en las mismas fechas se produjo el de la Sierra de la Culebra.
En ese verano fatídico, la Junta de Castilla y León informaba de que solo en tareas de extinción habían llegado a gastar alrededor de 300 millones de euros. Además, a esta cifra se suma el coste medioambiental posterior (efectos en aprovisionamientos de agua, comida, efectos en el paisaje, etc.), que un estudio de la Universidad de Salamanca cifraba en 71,5 millones de euros.
Las consecuencias van más allá del terreno calcinado. Otro incendio reciente, el de Lleida de este año, tuvo una incidencia en el transporte ferroviario que las asociaciones de consumidores han estimado en 5 millones de euros en indemnizaciones por retrasos y cancelaciones. Tantas aristas económicas tiene el problema, que un estudio de la Comisión Europea de 2022 indicaba que el impacto de los incendios en España equivaldría al 4,5 % del PIB, es decir, unos 71.623 millones de euros.
Los costes varían en función de las comunidades y de la zona en la que se tengan que desenvolver las tareas. Sin embargo, las estimaciones de los informes oficiales coinciden con los datos del presidente de Extrefor. Un informe de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) redactado junto al Ministerio de Transición Ecológica, señala que el coste medio general de extinción supera los 19.000 euros por hectárea. Esta cifra considera los recursos movilizados en distintos incendios a lo largo de 2022.
En cuanto al coste de los efectivos, la intervención de aviones y helicópteros se suele llevar la mayor cantidad de dinero por el elevado coste por hora de trabajo que tienen. Las estimaciones apuntan a que un hidroavión puede superar los 5.000 euros por hora de trabajo. Por el momento, el Gobierno señala que ha desplegado a 1.000 militares y 600 miembros de brigadas forestales. Por otro lado, ya operan sobre el terreno más de 50 medios aéreos.
En cuanto a la reforestación y reparación de los montes quemados, corresponde al Estado y a las comunidades autónomas y sale de los presupuestos de estas, independientemente de si el incendio ha sido provocado o accidental. Este proceso va más allá de plantar árboles e incluye estudios de suelo y tratamientos para que la tierra vuelva a estar en condiciones óptimas.
Poco dinero para prevenir
Ninguna comunidad aplica la ley de 2024 que daría a los bomberos forestales unas condiciones dignas
En la Estrategia Forestal Española, que publica el MITECO, uno de los objetivos que se marcan es incrementar la inversión forestal. El documento pide “superar los 100 euros por hectárea forestal y año, integrando todas las inversiones públicas y privadas que se realicen” y fomentar la prevención en la lucha contra incendios. Pero esa gestión no parece resultar efectiva hasta el momento y 2025 va camino de convertirse en uno de los peores años en lo que a incendios se refiere.
La Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) advertía esta semana de que la inversión total para prevenir incendios, que incluye partidas estatales y de las comunidades autónomas, se había desplomado un 51% entre 2009 y 2022, pasando de 364,17 millones de euros en 2009 a 175,8 millones en 2022. El recorte es considerable y afecta tanto al personal contratado como a los medios técnicos, el material o las infraestructuras. Algo paradójico si se tiene en cuenta que estos fenómenos cada vez se dan de manera más recurrente y más virulenta.
Del lado de los profesionales, tampoco ellos trabajan con sueldos y condiciones favorables. Tal como un artículo de infoLibre, los salarios de peón forestal oscilan entre los 1.100 y los 1.400 euros. En las labores de extinción confluyen desde funcionarios a empleados de subcontratas o militares, por lo que los perfiles y las remuneraciones son muy diferentes. Además, debido a que la gestión es competencia de las comunidades autónomas, el número de efectivos disponibles cambia en función de cada una de ellas. Sin embargo, en el último informe sobre incendios publicado por la Comisión Europea hay algunas pistas: señala que en 2023 había en España alrededor de 600 trabajadores distribuidos en las 10 brigadas de labores preventivas que habrían realizado labores de prevención en 1.600 hectáreas. Para ponerlo en perspectiva, solo en el incendio de Las Médulas, en León, calcinó en pocos días 1.500 hectáreas.
España vive pendiente del avance de las llamas. Tres fallecidos, una veintena de heridos, miles de personas desalojadas, casas en llamas e incontables hectáreas que se han vuelto cenizas, dan cuenta de un desastre que asola varias comunidades desde la pasada semana. El coste más doloroso es el que asumen las personas afectadas y los profesionales que intentan controlar las llamas, pero más allá de esto, el gasto de intentar salvar el territorio de las llamas alcanza unas cifras elevadísimas. “Apagar un incendio cuesta 20.000 euros por hectárea, prevenir el incendio para que no se queme nos cuesta 2.000”, explicaba en RTVE Paco Castañares, presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales (Extrefor).