Vivienda

El fondo que compró a Ignacio González 3.000 pisos sociales mantiene los desahucios a pesar de la sentencia

Emilio Antón Morán, con una orden de desahucio para octubre, posa frente a su edificio del Ensanche de Vallecas.

La venta de casi 3.000 viviendas sociales por parte de la Comunidad de Madrid al fondo buitre Azora en 2013 ha sido definitivamente anulada por la Justicia, según adelantó este martes infoLibre. Al no interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso acepta la sentencia del juzgado de Primera Instancia Número 29 de la capital formulada en mayo de 2018,  que anula la enajenación de 2.935 VPO divididas en 32 bloques de pisos al fondo Golman Sachs-Azora.

Los desahucios, sin embargo, continúan produciéndose en los pisos del antiguo Ivima a pesar de que el histórico fallo anulando por primera vez la operación ocurrió hace dos años y medio. Este medio ha tenido constancia de al menos cuatro casos con sus respectivas órdenes de alzamiento dictadas por Encasa Cibeles (el vehículo inmobiliario del fondo) y fijadas para otoño en los distritos como Moratalaz o Vallecas. "Estoy a la espera de que me envíen la orden", lamenta Emilio Morán, inquilino afectado del Ensanche de Vallecas. "De las 55 familias que entramos en mi bloque con el Ivima en 2007 solo quedamos cinco". 

La praxis de Azora es bien conocida en los últimos años: compró por 201 millones de euros las 32 promociones y después optó por subir los arrendamientos o lanzar órdenes de desahucio para desalojar a inquilinos que habían cumplido los requisitos económicos para acceder a un alquiler asequible tras ingresar en una lista de espera del Ivima. Según cálculos de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, de las 2.935 viviendas compradas por Azora en 2013 al gobierno de Ignacio González se han vendido a terceros unas 1.213. 

Vendidas a terceros

La misma consejería asegura que el Gobierno autonómico se está "rompiendo los cuernos" para ver cómo aplica la sentencia firme sin provocar más inseguridad jurídica a los terceros ajenos a la operación de 2013. Y añaden haber recibido una providencia del Juzgado de Instrucción delimitando el alcance del fallo al denunciante que ha logrado el terremoto judicial, Rachid B., un vecino de la localidad de Navalcarnero junto a su abogado del turno de oficio. El veredicto de 2018  dejaba "sin efecto alguno la adjudicación y enajenación", según la literalidad del texto.

Un portavoz de Encasa Cibeles se defiende: "Los procedimientos de lanzamiento se inician siguiendo la normativa vigente, pero el hecho de que se inicien no significa, ni mucho menos, que finalmente acaben en desahucio". Según los cálculos del fondo, "en los nueve meses que llevamos de 2020 había previstos un centenar de lanzamientos de los que solamente se ha ejecutado uno". "Y ese lanzamiento tuvo lugar en enero pasado", antes de que la sentencia fuera firme, agrega Encasa Cibeles.

La versión de los afectados sobre el fondo difiere. "Yo entré pagando 250 euros de alquiler en 2007", evoca Emilio Morán. "Y cuando cambiamos de casero en 2013, un representante de Azora me aseguró que no me cobrarían los recibos en señal de agradecimiento. Tengo la conversación grabada. Seguí pagando una cantidad simbólica por si acaso. Y poco después, en 2018, me llegó una orden de desahucio". La ejecución de Morán se fue posponiendo, pero vuelve a fijarse para el próximo mes de octubre. "¡Cuando yo lo que quiero es ejercer la opción de compra que firmé con el Ivima!", señala.

"Nunca he hablado con Azora"

Anna, polaca de 56 años y viuda con tres hijos, pide no revelar su apellido. "Al convertirse mi arrendador en un fondo perdí el subsidio del Ivima". Abonaba 270 euros al mes, que siguió pagando religiosamente. Encasa Cibeles le ha emitido hasta cuatro órdenes de desahucio, la siguiente también para octubre. "Nunca he podido defenderme. Nunca he hablado con Azora". 

Tras la información publicada el lunes por este medio, la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima ha denunciado la situación de miles de familias. "Nos están arruinando la vida, hay una sentencia firma y solo quieren aplicarla a uno", ha deplorado la portavoz del colectivo, Montse González. "Solo se escaquean y ponen trabas... Mantengo la calma cuando sale una buena noticia, porque me va a venir una mala después. Vamos a seguir peleando hasta el final".

Según el fondo Azora, "desde que la sentencia es firme no se ha desahuciado a nadie por política de Encasa Cibeles". Las próximas semanas se antojan clave para dilucidar el embrollo

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