Este miércoles un juzgado de lo mercantil de Barcelona admitía a trámite una demanda que la empresa Just Eat le puso a Glovo por seguir operando con trabajadores no contratados. La compañía de reparto Just Eat, que sí contrata a sus repartidores, consideraba que la actividad de Glovo estaba suponiendo para ellos una competencia desleal y le reclama a la compañía que dirige Óscar Pierre 295 millones de euros. Esta resolución llega la misma semana en la que la Comisión Europea anunció una multa de 329 millones a Glovo y a su empresa matriz, Delivery Hero, por prácticas de mercado irregulares.
Las autoridades de Competencia de Bruselas consideran que las dos compañías “acordaron no robarse mutuamente a los empleados” y “se repartieron mercados geográficos”. Además, la nota de prensa emitida por el organismo europeo también apunta que “intercambiaron información delicada a efectos comerciales”. De hecho, el texto remitido desde Europa se refiere a la actividad de las compañías como “un cártel”, una práctica dañina para los consumidores que consiste en acuerdos entre empresas competidoras destinados a manipular el mercado e interferir en los parámetros de competencia.
El periplo judicial de Glovo viene de lejos y en el centro del problema ha estado casi siempre su modelo de contratación. Las primeras demandas laborales contra la compañía de las mochilas amarillas comenzaron en 2018 por la precariedad laboral de los trabajadores que se dedicaban al reparto, ya que operaban como falsos autónomos y a merced de un algoritmo que les marca el ritmo de trabajo. En ese momento, otras compañías con el mismo modelo de negocio comenzaron a recibir denuncias por parte de trabajadores y algunas salieron adelante. La primera que condenaba a Glovo salió adelante en 2019, después de que la Seguridad Social obligase a una de sus competidoras (Deliveroo) a contratar a más de 500 personas.
Ley rider y responsabilidad penal
En este contexto es en el que se aprobó en 2021 la conocida como “ley rider”. Esta regulación introdujo en el Estatuto de los Trabajadores la “presunción de laboralidad” para las personas que distribuyan “cualquier producto de consumo o mercancía” para una empresa que organice el trabajo “a través de una plataforma digital”. La norma salió adelante a propuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto con sindicatos y patronales.
Como consecuencia, Deliveroo decidió cesar su actividad en España en vez de regularizar a sus trabajadores y otras compañías como Uber tuvieron que rediseñar su modelo de negocio (aunque esta sigue operando con un modelo mixto de autónomos y contratados). Mientras tanto, Glovo ya tenía en marcha un juicio con la Seguridad Social por emplear a más de 3.300 riders como falsos autónomos. Las sanciones por incumplir la ley y los gastos añadidos por las cotizaciones a la Seguridad Social que no habían abonado en ese periodo, comenzaron a sucederse.
De hecho, en el último balance anual de su compañía matriz, que corresponde a 2024, se recoge esta circunstancia y se reservan una partida de dinero de entre 440 y 700 millones para posibles sanciones: “Las provisiones de Delivery Hero SE al 31 de diciembre de 2024 incluyen posibles reclamaciones de terceros en relación con investigaciones en curso llevadas a cabo por las autoridades de la seguridad social en España, sobre la clasificación legal en materia de seguridad social de los repartidores bajo un antiguo modelo de negocio de su filial Glovo Spain”, concluye el documento. Además, en el informe sobre el primer tercio de 2025 también se recoge una provisión para Italia, donde se replican los mismos problemas sobre su modelo laboral que en España.
Glovo no se dio demasiada prisa en acatar las nuevas condiciones laborales que imponía la ley. Sin embargo, en 2023, una modificación en el Código Penal proponía penas de prisión de hasta seis años para las empresas que se resistiesen a acatar las formas de contratación regulares o para quienes persistiesen en mantener a falsos autónomos después de haber recibido una sanción administrativa. “Por muy grande que sea una empresa, no se colocará al margen de la ley”, advertía la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en relación con los incumplimientos de Glovo.
Ya en 2024, y después de que el Ministerio de Trabajo emitiese un informe documentando los casos de repartidores autónomos que seguían contratados de forma fraudulenta, la Fiscalía de Barcelona abrió una investigación. Se acusaba a Glovo de un delito contra los derechos de los trabajadores al reconocer la relación laboral entre la compañía y los repartidores.
Mantener la antigüedad o ubicar a trabajadores sin papeles, los agujeros negros del lavado de cara de Glovo
Por aquel entonces, Glovo argumentaba que su labor era meramente de mediación entre el establecimiento y los rider y que no estaba obligada a contratar. Pero un día antes de que se celebrase el juicio en el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona, la compañía dio un giro y cambió de parecer anunciando un “modelo laboral en España” a través de una nota de prensa. En la declaración, el CEO, Oscar Pierre, defendía la legalidad del modelo de autónomos y argumentaba que el cambio se había hecho para esquivar las presiones de Inspección de Trabajo. Este proceso aún sigue abierto.
En el último capítulo del maratón judicial que arrastra Glovo es donde aparece Just Eat. La compañía señala que, aunque ofrecen los mismos servicios, se encuentra en una “situación de desventaja competitiva”, ya que ellos cumplen con la ley y Glovo aún no lo hace. En los cálculos que ofrecen, Just Eat apunta a que la compañía de las mochilas amarillas se estaría ahorrando 645 millones de euros en cotizaciones, generando con esto una ventaja competitiva. Este caso se dirimirá también en los juzgados de Barcelona.
En una de las últimas intervenciones públicas del CEO, Oscar Pierre, señaló que la regularización de los trabajadores se completará “este año”. Sin embargo, y pese a la evidente precariedad de esta actividad, volvió a insistir en que su modelo óptimo es el de autónomos: “Estamos operando en más de 20 países, en todos ellos con el mismo modelo de autónomos. Nuestra demanda es supervolátil, por lo que tener un modelo flexible te permite pagar más y dar más trabajo, y creemos que es también el modelo que encaja a los riders”, señaló en el foro económico CREO 2025.
Este miércoles un juzgado de lo mercantil de Barcelona admitía a trámite una demanda que la empresa Just Eat le puso a Glovo por seguir operando con trabajadores no contratados. La compañía de reparto Just Eat, que sí contrata a sus repartidores, consideraba que la actividad de Glovo estaba suponiendo para ellos una competencia desleal y le reclama a la compañía que dirige Óscar Pierre 295 millones de euros. Esta resolución llega la misma semana en la que la Comisión Europea anunció una multa de 329 millones a Glovo y a su empresa matriz, Delivery Hero, por prácticas de mercado irregulares.