PARAÍSOS FISCALES

La herencia envenenada de Bankia

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El memorando de entendimiento que negoció el Gobierno de Mariano Rajoy con Bruselas en 2012 para rescatar al sector financiero español obliga a Bankia a deshacerse de todo su negocio internacionalBankia. Entonces operaba en Holanda, Costa Rica, México, EEUU, Singapur, República Checa, Polonia, Marruecos, China, Islas Caimán, Cuba, Reino Unido, Portugal y Alemania. Hoy aún le quedan sociedades en China, Cuba, Marruecos, Portugal, Holanda y las Islas Caimán. Es decir, aún posee intereses en paraísos fiscales y países de baja tributación. Según su memoria anual, en las islas del Caribe mantiene Caymadrid Internacional Limited y en Holanda sobreviven cuatro inmobiliarias con resonancias mexicanas: Baja California Investments BV, Fortuna Investments BV, Riviera Maya Investment BV y Varamitra Real Estates BV. Todas ellas forman parte de la herencia envenenada recibida por Bankia de las cajas que la crearon en 2011: los turbios negocios inmobiliarios de Bancaja y las emisiones de deuda –renta fija y preferentes– de Caja Madrid en paraísos fiscales.

Caja Madrid creó en las Islas Caimán dos sociedades en los años 90: la citada Caymadrid Internacional Ltd y Caymadrid Finance Ltd. Con un desembolso mínimo de capital –1.000 dólares, 883 euros– y exentas del pago de impuestos, la primera se dedicó de 1990 a 1993 a un Programa de Papel Comercial Europeo, una emisión de pagarés a corto plazo por importe de 200 millones de dólares; la segunda, a la emisión de preferentes.

En 1994 Caymadrid Internacional Ltd amplió su operativa a renta fija a medio y largo plazo, por importe de un millón de dólares, que fue aumentando en años sucesivos hasta alcanzar los 8,5 millones en 2001. En 2002 hubo otra emisión de 7,99 millones. Como esas emisiones siguen vivas –algunas no vencen hasta 2032, otras hasta 2039– y Bankia no puede recomprarlas, la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri no ha liquidado aún la sociedad offshore, asegura un portavoz.

En cualquier caso, precisa Bankia, es una operativa “totalmente transparente, de la que tiene conocimiento Hacienda: todos los suscriptores de bonos están identificados y, si alguno de ellos es español, debe tributar por ellos en España”.

La segunda filial en Caimán, Caymadrid Finance Limited, creada en octubre de 1999, se dedicó a emitir preferentes, 600 millones de euros luego ampliados a 900 millones. Como entidad codirectora actuó Lehman Brothers.

Prohibidas en España hasta 2003

Hasta 2003 las preferentes no existían legalmente en España. Así que los bancos constituyeron sociedades en el extranjero desde los años 90 para emitir este tipo de instrumentos, híbridos de deuda y acciones, con los que reforzaban sus recursos propios de primera categoría, su core capital, en una época en la que empezaba a dispararse la concesión de créditos fruto de la euforia inmobiliaria. Las Islas Caimán y otros paraísos fiscales, como Delaware, o países de baja tributación como Holanda y Luxemburgo, se convirtieron en lugares favoritos para decenas de emisiones de las cajas de ahorro –que no pueden captar capital del mercado emitiendo acciones– y de empresas cotizadas –Fenosa, Repsol–.

Hasta que el Gobierno de José María Aznar, con Rodrigo Rato al frente de la vicepresidencia económica, prohibió la emisión de participaciones preferentes en paraísos fiscales, que entre 1998 y 2003 sumaban los 15.100 millones de euros, según el Banco de España. Al tiempo, la Ley 19/2003 perdonóperdonó a bancos, cajas y sociedades cotizadas los impuestos de las emisiones realizadas hasta entonces, pero pasó a grabar sus dividendos de las nuevas en el impuesto de sociedades. Y obligó a las entidades a informar a Hacienda sobre la identidad de los titulares de las participaciones.

Desde ese momento, las preferentes se emitirían en España. Sólo dos meses después de aprobarse la ley, en septiembre, el Banco Santander hizo la primera emisión desde territorio español. Caja Madrid se estrenó en 2005. El resto es historia. Más de 400.000 inversores afectados sólo en las entidades nacionalizadas, cientos de condenas judiciales contra éstas y costes millonarios para ambas partes en uno de los mayores fraudes de la historia financiera de España.

Inmobiliarias mexicanas con sede en Holanda

Las cuatro inmobiliarias que aún permanecen en el balance de Bankia forman parte del grupo Grand Coral, un grupo constituido por la valenciana Bancaja, la propia Bankia y las sociedades de dos empresarios hoteleros de Benidorm, Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó. Bankia estaba asociada para este proyecto también con el constructor Enrique Ortiz, imputado en los casos Brugal y Gürtel.

En mayo de 2014 la entidad dirigida por Goirigolzarri demandó a Bancaja por administración desleal y apropiación indebida. El pasado mes de junio el juez del caso ordenó detener al expresidente de la entidad valenciana, José Luis Olivas, y a otros cuatro exdirectivos. Consideraba que los responsables de Bancaja también han cometido los delitos de estafa y blanqueo de capitales. Les impuso fianzas millonarias: 232,7 millones de euros en total. A los hoteleros de Benidorm, propietarios del grupo Mar Confort, los mandó a prisión, donde permanecieron cuatro meses.

Bankia acusa a los directivos de la caja valenciana de causarle un quebranto económico de 250 millones de euros. Para ello se apoyaba en un informe del Banco de España. Entre 2005 y 2009 Bancaja concedió préstamos por importe de 597,24 millones de dólares a Grand Coral, sin hacer tasaciones de los terrenos que esta empresa iba a comprar en México con el dinero, y sin constituir ninguna garantía. De esa cantidad, Grand Coral sólo pudo devolver 134,12 millones de euros.

Según el Banco de España, la empresa tenía dos niveles: uno formado por cuatro sociedades constituidas en Holanda, “que no realizan ninguna actividad”, y las sociedades mexicanas PPM y PDH, las que desarrollaban los proyectos inmobiliarios en el país norteamericano. Su gestión, asegura Bankia, estaba en manos de Ferri y Baldó, que de estas operaciones obtuvieron 140 millones de euros fraudulentamente, después desviados a cuentas en Suiza y Andorra.

Créditos para comprar terrenos sin tasación

El informe del Banco de España detalla la operativa que desangró Bancaja y luego engrosó el agujero de Bankia. La caja valenciana concedía créditos a Grand Coral para comprar terrenos en Cancún y Los Cabos, millones de metros cuadrados, que habían experimentado “elevadas revalorizaciones en los momentos anteriores a ser comprados”. En algunos caso, sólo un par de días antes de la operación. Las tasaciones se aportaban después de firmadas las compras. Y, cuando Grand Coral no pudo devolver los créditos, Bancaja no ejecutó las garantías, que ni siquiera se habían formalizado.

También ayudó a refinanciar el grupo mexicano-holandés, con un préstamo sindicado de 500,2 millones de euros. Grand Coral ni siquiera devolvió la primera cuota en enero de 2013 “pese a que el resultado comercial de las promociones” había sido positivo, destaca Bankia en su demanda.

Por si no fuera suficiente, Bancaja había comprado acciones de las tres sociedades holandesas del grupo “a precios no justificados”. Metió 100,52 millones de euros “mediante operaciones plagadas de irregularidades”: pagó una prima que el resto de los socios no abonó.

Pues bien, mientras el caso sigue en la Audiencia Nacional a la espera de una resolución, Bankia tiene puestas a la venta las cuatro inmobiliarias con sede en Holanda. “No es un paraíso fiscal”, asegura la entidad sobre el país europeo, que cuenta con un polémico régimen fiscal, mucho más permisivo que el resto de la UE. “Si estas sociedades”, añaden, “generan algún beneficio, tributan en el país de destino, en España”. Según las cuentas de Bankia de 2015, las cuatro inmobiliarias suman 166,83 millones de euros en activos, pero sólo una, Varamitra, ha cerrado con beneficios, 50.000 euros. Las otras tres sociedades pierden un total de 231.000 euros.

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