Este martes el Consejo de Ministros ha ratificado la aprobación definitiva del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Esta medida, dotada con un presupuesto total de 7.000 millones, ha generado polémica desde que se anunció el año pasado. Si bien el Gobierno insiste en que el tono de las negociaciones con las distintas comunidades autónomas ha sido sosegado, algunas autonomías como Madrid ya han reiterado su rechazo al plan del Ejecutivo. “Es un plan que se ha hecho a espaldas de las comunidades autónomas y ni siquiera se ha aprobado en la conferencia sectorial”, ha dicho el consejero de Vivienda y Transportes de la Comunidad, Jorge Rodrigo, en un vídeo donde insistía en que la nueva regulación es una injerencia en sus competencias.
Hoy también se ha conocido cómo quedará el reparto de fondos que se ha realizado teniendo en consideración parámetros como la tensión del mercado, la dispersión poblacional, las tasas de desempleo y otros similares. Las comunidades que más se llevan son Andalucía y Madrid. La primera, con un importe total de 1.197 millones, de los cuales el Estado aportaría 718 millones (un 60%), mientras que el 40% restante correspondería a la región. En el caso de Madrid, recibiría en total 1.113 millones, de los cuales 667 millones provendrían de las arcas del Gobierno central. En la cola quedarían La Rioja y Cantabria, con una dotación total de 119 millones y 133 millones, respectivamente.
La propuesta queda ahora en fase de implementación y aún tiene camino por delante. Primero, el Ministerio de Vivienda se reunirá con las comunidades para explorar su implementación técnica y para la redacción de convenios. Además, se espera que en abril se celebre una comisión multilateral como primera toma de contacto con las diferentes autonomías. En mayo se celebrará la primera conferencia sectorial donde se aprobará la distribución territorial de los fondos y, finalmente, (considerando que haya acuerdo) se espera que el plan se despliegue entre julio y diciembre de este año.
El Gobierno ha condicionado los fondos al cumplimiento de determinados puntos, algo que le reprochan comunidades como Madrid o Andalucía. La primera línea roja es que toda la vivienda pública que se haga a partir de este plan debe estar blindada de por vida, esto es, que no deje de llevar la etiqueta VPO nunca. La segunda es la cofinanciación, es decir, que las comunidades pongan un 40% del dinero. La tercera es el control de los datos y la transparencia en materia de precios o de depósitos de fianza.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, la responsable de Vivienda, Isabel Rodríguez, justificaba las condiciones impuestas señalando que el Estado no podía seguir siendo un mero pagador: "Que nunca más con este dinero público se pueda especular", insistió. Sobre el rechazo de la Comunidad de Madrid, la primera en pronunciarse, señaló que su presupuesto en vivienda subiría desde "apenas 300 millones el año pasado a más de 1.100 millones".
La respuesta era al hilo de las declaraciones de Jorge Rodrigo, que calificó la financiación de inviable. "El Estado dice que aporta el 60%, pero obliga a las comunidades autónomas a multiplicar por seis el esfuerzo. Además, parte de ese dinero ni siquiera está garantizado, porque depende de un presupuesto que no está garantizado”, señaló.
¿Cuánto se lleva cada comunidad?
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En el documento compartido por el Ministerio de Vivienda señalan que un 40% de la financiación debe destinarse a construcción de vivienda; un 30% debe canalizarse a la rehabilitación de vivienda existente y el 30% restante a ayudas directas para los ciudadanos. Por otro lado, ni País Vasco ni Navarra están incluidas en este plan, ya que no forman parte del régimen común.
Como se observa en el gráfico posterior, Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña son las tres comunidades que más presupuesto tendrían. En la cola, La Rioja, Cantabria y Baleares serían las regiones con menos dotación. Por su parte, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se llevarían siete millones cada una en total.
A la espera de lo que ocurra en las próximas semanas, la previsión del Gobierno de llegar a acuerdos con las autonomías ha encontrado en Madrid un primer escollo. Sobre esto, la responsable de Vivienda se mostró dura con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Ella [en referencia a Isabel Díaz Ayuso] cree que daña al Gobierno cuando no aplica la ley, pero a quien está dañando es a un millón de personas que viven de alquiler en Madrid". Rodríguez señaló que durante este tiempo se habían reunido con la comunidad y se mostró escéptica ante una posible renuncia: "Tras el trabajo de estos meses con todas las comunidades, incluida la de Madrid, a mí no me entra en la cabeza que vayan a renunciar a estos mil millones. Tengo que verlo", concluyó.
Este martes el Consejo de Ministros ha ratificado la aprobación definitiva del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Esta medida, dotada con un presupuesto total de 7.000 millones, ha generado polémica desde que se anunció el año pasado. Si bien el Gobierno insiste en que el tono de las negociaciones con las distintas comunidades autónomas ha sido sosegado, algunas autonomías como Madrid ya han reiterado su rechazo al plan del Ejecutivo. “Es un plan que se ha hecho a espaldas de las comunidades autónomas y ni siquiera se ha aprobado en la conferencia sectorial”, ha dicho el consejero de Vivienda y Transportes de la Comunidad, Jorge Rodrigo, en un vídeo donde insistía en que la nueva regulación es una injerencia en sus competencias.