El representante de CCOO en el comité de sabios avala el informe que plantea recortar las pensiones

El informe elaborado por el comité de expertos designado por el Gobierno para diseñar el factor de sostenibilidad de las pensiones ha recibido 10 votos a favor, uno en contra y una abstención. El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid Santos Ruesga, ha sido el único que ha votado en contra del informe. El catedrático del Derecho del Trabajo, José Luis Tortuero, ha decidido abstenerse, mientras que el director del Gabinete económico de CCOO, Miguel Ángel García, ha apoyado el documento.

Estos tres expertos han mantenido hasta el último día su oposición al doble factor de sostenibilidad tal y como lo estaba diseñando la mayoría de los sabios. De hecho, cada uno de ellos ha incluido un voto particular en el informe final.

El factor de sostenibilidad diseñado por este comité –el mecanismo de ajuste automático de las pensiones– recorta estas prestaciones según aumente la esperanza de vida, por un lado, y de acuerdo con la relación entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, por otro. 

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Así, la introducción de este factor se traducirá en una caída de las pensiones reales. De hecho, el texto admite que tendrá un impacto "significativo" sobre la tasa de sustitución, el cociente entre el último salario cobrado por el trabajador y la pensión que percibe al jubilarse. "Aunque se revalorice en términos reales, perderá en términos relativos respecto a los salarios", explican las fuentes consultadas.

El informe que hoy entrega el comité al Ministerio de Empleo será remitido “automáticamente” a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, sin revisión alguna por parte del Gobierno, según adelantó esta semana el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos. Lo hará con una semana de retraso sobre el calendario previsto. También recibirán el documento la patronal y los sindicatos, reunidos en otra mesa de negociación con Empleo, que se encarga de diseñar un nuevo mecanismo para calcular la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. El anterior acaba de ser anulado por el Tribunal Constitucional.

El Gobierno quiere contar con el acuerdo de los grupos parlamentarios y los agentes sociales a fin de poner en marcha la reforma de las pensiones que le exige Bruselas para antes de finalizar el año. De ahí que el propio Tomás Burgos destacara el interés del Ejecutivo en que el documento de los expertos “incorpore las máximas sensibilidades posibles”. También fue la petición que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, hizo a los sabios el día de su primera reunión: un texto unánime.