'Caso Shakira' o como los pactos de ingeniería legal libran de la cárcel a los defraudadores millonarios

Su argumento central era que era una nómada que viajaba por todo el mundo protagonizando conciertos multitudinarios y sus visitas a Barcelona fueron esporádicas. Pero al final Shakira ha reconocido con su “sí” que defraudó 14,5 millones de euros a la Hacienda española entre 2012 y 2014 y seis delitos, tres ligados a las declaraciones del IRPF y tres vinculados al Impuesto de Patrimonio durante aquellos años. Tras meses rehuyendo el pacto, la cantante colombiana ha acordado con las acusaciones -Fiscalía y abogacías del Estado y de la Generalitat- una pena de tres años de cárcel y el abono de multas millonarias. De inicio, el Ministerio Fiscal pedía para ella ochos años y dos meses de cárcel y una multa de más de 23 millones. 

Ya no será necesario que desfilen por la Audiencia de Barcelona los 117 testigos con los que la Fiscalía quería poner rostro a su intensa investigación para probar que España debió ser la residencia fiscal de la artista entre 2012 y 2014 y Shakira podrá volver a desplazarse por el mundo como quiera. ¿Por qué no pisará ninguna instalación carcelaria, pese a la sombra de los tres años de prisión que ha aceptado en el global de la componenda con las acusaciones? Varias fuentes del ámbito jurídico y tributario apuntan a que se puede haber beneficiado de dos puntos claves: el Código Penal actual permite que “se aplique el triple de la mayor condena cuando hay varios delitos, en este caso serían seis meses, que multiplicados por tres son dieciocho”, por lo que podría esquivar las rejas. Y a esto se suma otra circunstancia: “Hay penas de prisión que han sido sustituidas por multas por valor de 432.000 euros”, indican las mismas fuentes, y que se unen a la pena de sanción del 50% por cada una de las seis cuotas principales defraudadas, lo que supone los más de 7,3 millones ya mencionados, con lo que el global sería de 7,76. Esto no es novedoso, ya que “se produjo también con otras personalidades populares como los futbolistas Cristiano Ronaldo o Leo Messi, que fueron acusados de defraudar a Hacienda y los procesos se saldaron con sendos tratos”, recuerdan. Y a lo expuesto, hay que añadir otro dato significativo: a Shakira se le ha aplicado la atenuante de reparación del daño, ya que había abonado con anterioridad los 14,5 millones de euros más los intereses.

Otras fuentes de la órbita jurídica dejan caer que el mensaje que se puede trasladar a la sociedad con casos como los mencionados de pactos de conformidad es “de cierta sensación de impunidad” y la idea de que “si Hacienda pilla a los ricos no pasa nada, no así con el ciudadano medio". En ese punto, el secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, introduce otra variable: “El delito contra la Hacienda Pública no está al alcance de cualquiera”. De vuelta al proceso de Shakira, apunta que éste “parte de 120.000 euros de cuota defraudada y los delitos agravados de 600.000” y se pregunta: “Para defraudar 120.000 euros cuánto tienes que ganar, quién tiene eso, la mayoría de la gente no lo gana en su vida”, sentencia. Mollinedo concede que este tipo de asuntos en los que el Código Penal prevé que si el defraudador se regulariza con una declaración complementaria antes de que se inicie una inspección o denuncie la Fiscalía “ya no has delinquido” tienen un “tratamiento muy favorable” con respecto a otros delitos como los que se cometen “contra la propiedad”. Revisa su memoria para traer a la actualidad otros casos de regularizaciones sobresalientes como las del Rey Emérito Juan Carlos I o la familia Pujol, en Cataluña, que optaron por presentar al fisco declaraciones complementarias, pero “sólo antes de que llegara la información de Andorra de que habían tenido un dinero allí, después de avisarles el banco y porque sabían que sí o sí el juez de la Audiencia Nacional los iba a procesar”. “Se ahorran los delitos fiscales”, recalca, para hilvanar que “una persona que quita dinero de una empresa o de otra persona, se arrepiente y la devuelve, es condenada por ese robo, aunque tenga un atenuante por la reparación del daño o el arrepentimiento. En el caso del delito contra la Hacienda Pública es que no ha cometido el delito”, abrocha.

La cantante colombiana puede ahora respirar tranquila después de que el magistrado José Manuel del Amo dictara de viva voz la sentencia tras apenas diez minutos de vista, dado que, al ser fruto de una conformidad, es firme. De momento, ha sorteado los focos judiciales, consciente de que es un imán que los atrae y se ha agarrado a su papel de madre para justificar su paso atrás con la Agencia Tributaria. “Tengo que escoger mis batallas”, ha dicho. El secretario general de Gestha cree que, más allá de lo que conste en el comunicado lanzado por el entorno de la cantante, "la razón principal" por la que los asesores le han recomendado llegar a un acuerdo es porque "el pleito se puede ganar o perder". "Los abogados pueden entender que hay elementos para ganarlo -la artista cambió de letrados y fichó al penalista Pau Molins que logró la victoria en un proceso similar, sobre la condición de residente fiscal del ex motociclista Sito Pons- pero si no, entraría en prisión y con el pacto minimiza ese riesgo mayor", explica.

Sobre si es mucha o poca la cantidad que ha tenido que pagar finalmente la cantante colombiana, el experto tira de números. Señala que en 2014 "tenía un total de bienes y derechos de 117 millones y ganó 35 millones en esos tres años". Calcula que todo lo abonado, incluyendo cuotas, intereses, multa... asciende a "24,6 millones". "No es poco, pero tiene rentas y patrimonio suficiente y estamos viendo que sigue ganando bastante", asevera. Y hay un porcentaje a tener en cuenta: "La sanción es muy baja, el 50% de la cuota defraudada, que es la sanción mínima que se impondría por una infracción grave en la Agencia Tributaria y esta defraudación es muy grave". En resumen, Mollinedo entiende que el cierre del caso ha sido "beneficioso para ella", aunque haya "dejado de ejercer su derecho a la defensa". También la Fiscalía ha optado por no ejercer la acusación.

Si bien, es posible que Shakira tenga que volver a vivir instantes judiciales incómodos en España. La Fiscalía presentó una segunda querella por presunto fraude en Hacienda en 2018 en la que la acusaba de defraudar otros seis millones por utilizar un “entramado de empresas” para “simular” la cesión de derechos a entidades. El ministerio ha solicitado que la Interpol se la notifique a la artista y la citación para que declare como investigada por dos nuevos delitos fiscales. Desde Gestha defienden que aunque en 2018 Shakira se volviera a Estados Unidos, "residió más de la mitad del año en España y tenía que haber pagado impuestos y no lo hizo". Si bien, auguran que habrá otro pacto en el que "las penas de prisión volverá a ser sustituidas por multas" y como el haber hecho eso en el proceso resuelto en la actualidad supone que "no tiene antecedentes", tampoco "tendrá que entrar en prisión". Hasta entonces, podrá seguir facturando sin llorar.

Lista de antecedentes similares

Pero Shakira no ha sido la primera ni probablemente será la última. La cantante Montserrat Caballé fue condenada a seis meses de cárcel por no pagar impuestos y rubricó un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para evitar la cárcel. El agujero entonces fue de 508.562 euros en el IRPF de 2010, cantidad que pagó a la Agencia Tributaria, además de admitir el delito, por lo que se le suspendió la pena de dos años a la que fue sentenciada de arranque. Se hizo cargo, asimismo de una multa de 254.231 euros y otros 72.000 como indemnización por intereses de demora. Otra cantante, Ana Torroja, ocultó sus rentas en cuatro sociedades extranjeras repartidas por las Antillas Holandesas, Holanda y Panamá; y en otras cuatro españolas. Ratificó ante el juez haber defraudado 660.099 euros entre los años 2003, 2006 y 2007 y la pena de la cárcel que no pisó se le redujo a un año y tres meses. La multa para ella fue de 9.000 euros, a los que agregó otros 477.600 por los intereses de demora.

Relevante en el ámbito de los pactos de conformidad es el que suscribió el expresidente del despacho Cuatrecasas, Emilio Cuatrecasas, que consensuó una rebaja de condena de ocho a dos años de cárcel tras pagar 5,65 millones de euros a Hacienda. Se le atribuyeron ocho delitos fiscales: defraudó en el IVA, el IRPF, el impuesto de sociedades y el de patrimonio desde 2006 a 2008.