Mercado laboral

El SMI podría situarse en 1.154 euros si alcanzara el 60% del salario medio que prometió el Gobierno

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el 10 de junio en el Congreso.
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La filtración este martes de parte de las conclusiones del grupo de expertos que aborda una reforma inmediata del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha causado bastante revuelo entre los agentes sociales: la comisión asesora que fijará el objetivo de que el SMI alcance el 60% del salario medio español, vinculada al Ministerio de Trabajo, que es como oficialmente Moncloa designa al grupo de expertos, pide que el salario mínimo, actualmente en 950 euros, llegue hasta 1.047 euros en 2023, de acuerdo con lo publicado por El País. 

Las conclusiones de la comisión asesora no han trascendido porque las labores de ésta no han concluido, aunque no andan lejos según las personas consultadas por infoLibre. Sin embargo, otros consultados vinculados al grupo de expertos creen que en realidad hay margen para más subida de la que se plantea en la comisión. Ni Trabajo ni los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT han querido hacer declaraciones, limitándose los segundos a un comunicado. CEOE y su filial Cepyme abandonaron el grupo de expertos al constituirse en enero por entender que la discusión tenía que producirse en el diálogo social.

Y es que el salario medio en España ha sido al cierre de 2020 de 26.934 euros anuales, por lo que el 60%  de esa cuantía ascendería a 1.154 euros mensuales n la actualidad, y tomando como referencia los datos del año pasado. No hay que confundir el salario medio –media de todos los salarios– con el salario mediano, que divide al número total de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen sueldos superiores e inferiores, ni con el salario modal o frecuente, que es, como su propio nombre indica, el salario más habitual. 

No es para nada una propuesta caída del cielo. Pedro Sánchez la sacó a colación en los debates para las dos elecciones generales de 2019, y se reafirmó tras el pacto inicial con Unidas Podemos para formar un Gobierno de coalición, a finales de ese año. Llegó a recordarlo tras una cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, en rueda de prensa. Si bien es verdad que eran tiempos sin pandemia. 

Hay poco debate académico acerca de este alza del SMI fuera del diálogo social (los sindicatos apremian al Gobierno a subirlo y la CEOE reclama moderación). "Si observamos la evolución de los salarios mínimos, 424,8 euros en el año 2000, veremos en primer lugar que no hay una correlación significativa entre salario y desempleo", señala el doctor en Sociología Andrés Villena, autor del libro Las redes de poder en España (Roca Editorial, 2019). "Tampoco en otras variables como precios o competitividad. Estamos hablando de unos 500 euros de diferencia entre esa época y ahora, y no se aprecia una relación relevante. Por eso una subida que sitúe el SMI en el 60% del salario medio no debería desincentivar la contratación".

Villena cita el informe del Banco de España de la semana pasada sobre los efectos de la subida del SMI de 2019 (cuando escaló un 22%). Un informe que fue inicialmente muy criticado por hablar de hasta 180.000 empleos no creados tras esa subida, pero que en realidad traía más datos a favor que en contra del aumento. Sobre el tema en cuestión, el supervisor decía así: "Existe literatura económica que indica que los efectos del SMI varían con el nivel del salario mínimo en relación al salario mediano, concretamente que son reducidos hasta un 60% y que se evidencian no linealidades a partir de ese número", esto es, que al llegar el SMI al 60% del sueldo medio podría perjudicar a quienes cobran este último. 

Pero a continuación el informe de la institución que preside Pablo Hernández de Cos venía a indicar que había más margen: "En este sentido, sería posible que incluso con la subida de 2019 no se hubiera alcanzado un nivel de salario mínimo en relación al salario mediano lo suficientemente elevado como para evidenciar una no linealidad". 

"La clave es el ritmo de aumento", valora escuetamente el ex ministro de Industria Miguel Sebastián. "Y el momento para subirlo, el ciclo económico". Las fuentes consultadas vinculadas al grupo de expertos restan importancia al hecho de que no se cumpla el 60% en términos matemáticamente estrictos. 

Según El País, la horquilla propuesta para 2023 varía entre 1.012 euros y 1.047 euros. Esto es, un aumento de entre 62 y 90 euros que, de cumplirse con la literalidad de la promesa, tendría que elevarse hasta 100 euros más para llegar al 60%. 

El grupo de expertos lo componen siete personas: Antón Costas, catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona (UB) y actual presidente del Consejo Económico y Social (CES); Olga Cantó, catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH); Gemma Galdón, profesora de Sociología de la UB; José Ignacio Pérez, economista y ex profesor asociado de la Universidad Carlos III; Rafael Muñoz Bustillo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca; Inmaculada Cebrián López, profesora de Economía de la UAH; y Sara de la Rica, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. Les acompañan un representante de CCOO, otro de UGT, los dos de la patronal que decidieron retirarse y tres personas más designadas por el Gobierno pertenecientes a Trabajo, Economía y Hacienda. 

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