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LAS SECUELAS DE LA CRISIS

La subida salarial permitirá a los funcionarios recuperar sólo el 40% del poder adquisitivo perdido desde 2010

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Maritxel Batet.

El Gobierno aprobará este viernes en el Consejo de Ministros la subida salarial del 2,25% en 2019 para los funcionarios pactada el pasado marzo por el anterior Ejecutivo con los sindicatos. El acuerdo está incluido en los Presupuestos Generales, pero ante la incertidumbre sobre su aprobación, el Gobierno firmará mediante un Real Decreto Ley el alza de los sueldos en las administraciones públicas. La subida del 2,25% para el próximo año podrá ser un 0,25% superior si el PIB alcanza el 2,5% este ejercicio –la previsión del propio Gobierno es que aumente un poco menos, el 2,3%–. E incluso puede aumentar otro 0,25% con el reparto de los fondos adicionales, los que se emplean para corregir desequilibrios –brecha salarial de género y entre los sueldos más altos y más bajos, por ejemplo–. Es decir, la mejora puede alcanzar el 2,75% en 2019.

El acuerdo firmado por el entones ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y los sindicatos UGT, CCOO y CSI-F es trianual. Para 2018 se pactó un aumento del 1,5%, más un 0,25% adicional por el crecimiento del PIB y otro 0,20% de los fondos adicionales. Finalmente, en 2020 la subida será del 2%, e igualmente si el PIB mejora un 2,5% los salarios podrán elevarse otro 1% más un 0,30% procedente de los fondos adicionales. Un máximo del 3,85%.

En total, por tanto, los funcionarios habrán mejorado sus salarios hasta en un 8,79% en esos tres años si se cumplen los máximos, según los cálculos de UGT y CCOO. CSIF cifra la subida máxima en un 8,55%, que incluye un 0,55% adicional en 2021 si se cumple el objetivo de déficit público en 2020. Pero los sindicatos son unánimes en considerar el alza positiva pero insuficiente. Tan sólo “el comienzo de la recuperación de los derechos arrebatados a los funcionarios”, según lo ha referido CCOO. Porque la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos la cuantifica UGT en un 13,1% desde 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero les rebajó los salarios un 5%. CSI-F la eleva hasta el 20%. UGT calcula que las subidas salariales acordadas hasta 2020 permitirán recuperar 5,3 puntos del poder adquisitivo perdido en los últimos ocho años, un 40,4%. CCOO, por su parte, advierte de que los empleados de las empresas públicas aún no han cobrado el 1,75% de aumento salarial pactado en el acuerdo de marzo y que el personal del Servicio Exterior –que lleva dos años protestando por sus bajos salarios– “acumula una deuda de más de 10 años de recuperación del poder adquisitivo”.

Congelaciones y recortes de sueldos

Los funcionarios sufrieron su primera congelación salarial en 1994, que debería haberse compensado con un aumento según el IPC entre 1995 y 1997. Al menos ése fue el pacto firmado por el ministro Pedro Solbes con los sindicatos. Pero en 1997, ya con José María Aznar en el poder, el Ejecutivo dictó una nueva congelación salarial. En ambos casos el motivo había sido el mismo: reducir el déficit público.

Con los años de bonanza económica, los salarios de los funcionarios crecieron como los del resto de los españoles. Hasta que volvió la crisis. En 2010 se les rebajaron los sueldos por primera vez, un 5% de media: el recorte fue proporcional según la cuantía de la nómina –los miembros el Gobierno redujeron sus nóminas un 15%–. Y a partir de 2011 se sucedieron cinco años de congelación, hasta 2015.

Además, en 2012 los empleados públicos se quedaron sin paga extra de Navidad, así como sin el complemento específico ni otras pagas adicionales del mes de diciembre y se aumentó la jornada semanal hasta las 37,5 horas a quienes la tenían de 35. También se les suprimieron tres de los seis días de libre disposición con que contaban hasta entonces –los moscosos– y se les quitaron todos los que disfrutaban según su antigüedad –llamados canosos–. Finalmente, dejaron de cobrar el 50% del salario durante los tres primeros días de baja y el 25% entre el cuarto y el vigésimo día. Sólo con esta última medida, el Gobierno preveía ahorrar 1.023 millones de euros en 2012; por el recorte salarial de 2010, otros 2.400 millones más. De nuevo, el culpable era el déficit público.

A partir de 2015, los funcionarios empezaron a recuperar parte de las retribuciones perdidas. En enero de ese año se les pagó el 25% de la extra navideña de 2012 y en octubre otro 26,23%. También se les devolvieron dos de los tres moscosos suprimidos. Y la tasa de reposición pasó de estar limitada al 10% a elevarse hasta el 50% de los funcionarios que se jubilaran. En abril de 2016 se les ingresó el 50% que les quedaba de la extra de Navidad. Además, se les subieron los sueldos un 1% ese año y otro tanto en 2017. El alza pactada para los tres años siguientes supone, por tanto, “un cambio de tendencia”, explica CSI-F, pero está lejos de compensar aún lo perdido por la acumulación de recortes.

La masa salarial encoge un 12% en la Administración General del Estado

La masa salarial de los funcionarios de la Administración General del Estado es de 3.128,6 millones de euros, según las cifras del Ministerio de Hacienda y Función Pública para 2017. En 2010, ascendía a 3.552,9 millones. Por tanto, se ha recortado en 424,3 millones en siete años, un 12%. A esa cifra hay que añadir las nóminas de los funcionarios de los organismos públicos, de la Seguridad Social, la Administración de Justicia, los investigadores del CSIC y el personal laboral de la Administración. En total, la masa salarial suma 6.673,6 millones de euros.

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El descenso de estos años se ha debido no sólo a los recortes, sino también a la reducción del número de funcionarios, consecuencia del progresivo envejecimiento de las plantillas –el 43,6% tiene más de 50 años, mientras que en 2010 eran el 31,6%– y de la tasa de reposición, también congelada durante los años de crisis y sólo recuperada recientemente. Según las últimas cifras oficiales, en España hay 2,55 millones de empleados públicos2,55 millones de empleados públicos, cuando en 2010 la cifra alcanzaba los 2,69 millones. La plantilla se ha reducido en 145.123 personas, un 5,4%.

El acuerdo con los sindicatos incluye la recuperación del 100% del salario durante la baja laboral y de las tasas de reposición del 100% en todas las administraciones que cumplan con el objetivo de déficit y la regla de gasto. Incluso aumentará hasta el 108% en sectores que requieran más personal y en los ayuntamientos si carecen de deuda viva o si deben prestar nuevos servicios porque han aumentado su población. En las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas y locales se elevará hasta el 115%.

Además, el Gobierno se comprometía a reducir la temporalidad en las administraciones públicas en un 8% a lo largo de los tres años del acuerdo. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la cuota de personal temporal público alcanza el 24%. La fórmula consistirá en estabilizar todas las plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpida en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2017.

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