Con el verano a las puertas, las campañas turísticas despegando y unas previsiones de la patronal hostelera que anticipan “una primavera y un verano positivos”, llega también el debate sobre cómo regular esta actividad para que no se vuelva una pesadilla en algunos municipios. Sobre todo en los más pequeños, que ven cómo la población se multiplica en la temporada estival. Una de las medidas que se suelen tomar al respecto es la aplicación de la polémica tasa turística o ecotasa. Aunque otros países llevan tiempo aplicándola, en España ha comenzado a ser más habitual en los últimos años y en muchas comunidades el debate está encendido. En general, ni las patronales turísticas, ni los partidos más a la derecha la respaldan, aunque con alguna excepción, como Galicia (gobernada por el PP).
Esta misma semana, Bizkaia avanzaba en la tramitación de una tasa turística que comenzará a aplicar en enero de 2027. En mayo, el ejecutivo de Asturias daba forma a un gravamen para las pernoctaciones y, en enero, el Partido Socialista catalán, ERC y los Comunes anunciaron un acuerdo para aumentar la tasa turística en Barcelona. En el otro extremo, regiones como Madrid se han negado sistemáticamente a aplicarla y en la Comunitat Valenciana el debate enfrenta a Gobierno y oposición. El PSPV y Compromís habían pedido al Ejecutivo valenciano que la implantase para que los municipios que lo consideraran se pudieran acoger a ella, pero el presidente de la región, Juan Francisco Pérez Llorca (PP), afirmaba en mayo que la tasa “deteriora la imagen de la Comunidad”.
La ecotasa es un impuesto que se suele aplicar sobre las pernoctaciones hoteleras y que recaudan las comunidades y los ayuntamientos. La idea de fondo es gestionar el impacto del turismo y financiar mejoras en servicios públicos e infraestructuras cuando la población se multiplica por el turismo. La primera comunidad que la aplicó fue Cataluña en 2012 –que recaudó 90 millones en 2024, según los últimos datos disponibles– con una cuantía que varía en función de la categoría del establecimiento. Y algunas ciudades como Barcelona han optado incluso por incrementarla. De hecho, desde abril, el importe de esta tasa es un 25% superior a las cuantías originales en la Ciudad Condal y se podrá ampliar progresivamente de aquí a 2029 hasta llegar a los 15 euros por persona y noche.
Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid, son las regiones que más turistas acogen, si atendemos a las estadísticas de movimientos turísticos en fronteras que emite el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero ni Canarias, gobernada por Coalición Canaria; ni Valencia, ni Andalucía y tampoco Madrid, todas ellas del Partido Popular, aplican esta tasa. Sí lo hacen, en cambio, las Islas Baleares, gobernadas por el PP, pero donde se multiplican las protestas sociales por los efectos del turismo masivo.
En el caso de Asturias, la polémica se ha avivado con la proximidad del verano por la oposición de la patronal turística, que criticaba duramente la medida: “Mantenemos una oposición total y absoluta a la implantación del gravamen”, señalaba OTEA este martes. Por otro lado, también recibía quejas de algunos ayuntamientos que pedían tener un papel más relevante en el diseño de la tasa. Frente a estas posiciones, también ha comenzado a crecer el malestar social de la mano de asociaciones y vecinos que denuncian una masificación turística y tensión en los servicios públicos cuando llega la temporada alta.
En este contexto, el Principado ha decidido avanzar en la aplicación de este gravamen. Sostienen que la tasa no tendrá impacto en la ocupación y “sí generará un retorno directo al territorio en forma de ingresos que permitirán reforzar la sostenibilidad y calidad del destino”, valora Gimena Llamedo, la consejera de Turismo. La tarifa, cuyo diseño ha aprobado el Principado y será de aplicación voluntaria para los ayuntamientos, será de entre 0,50 y 3 euros por noche, dependiendo de las estrellas del alojamiento.
Un poco por encima de estos importes se sitúa la que está diseñando el Gobierno vasco, que será obligatoria a partir de este verano y va desde un mínimo de 2,25 euros hasta 7,50 euros por noche, dejando exentos a los menores de edad. La aplicación más reciente en esta comunidad es la que ha tramitado Bizkaia, pero también Álava y Gipuzkoa la asumen.
Quejas por el turismo masivo y la vivienda como detonantes
La tasa turística tiene recorrido en otros países europeos, aunque en España se esté reclamando con más fuerza ahora. Francia o Italia gravan las estancias turísticas a nivel nacional y Países Bajos destaca por tener uno de los recargos más altos, con un 12,5% sobre el coste del alojamiento en Ámsterdam. En España, el Ministerio de Industria y Turismo ha tratado de promocionar el gravamen en diversas ocasiones alegando que no reduce la ocupación, pero sigue existiendo resistencia al respecto. Por ejemplo, el consistorio de Madrid rechazaba la idea, propuesta desde Más Madrid, por considerar que no era necesaria. También Cantabria, gobernada por el PP, la rechazaba pese a que localidades de gran afluencia como Santillana del Mar, San Vicente de la Barquera o Comillas no la viesen con malos ojos. Sin embargo, sin un marco autonómico es imposible implantarla.
El turismo es un motor económico a nivel nacional, pero cada vez hay más voces que piden una regulación. “El reto ya no es cuántos turistas tenemos, sino cómo vamos a poder gestionar esta enorme magnitud y esta industria tan potente para España”, explica Javier Blanco, asesor de turismo de la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES). De un lado, está el problema de los recursos y el impacto del turismo en el medio ambiente, de otro, las dinámicas de mercado que arrastra, como la proliferación de viviendas turísticas que agravan el problema de la vivienda. Estas dinámicas han abierto espacio para una consideración más crítica sobre el impacto del turismo y han generado espacios donde se reclaman estas tasas turísticas.
“Ya no hay vecinos, solo turistas, pan bao y cafés de especialidad”: la pesadilla de vivir en un barrio de moda
Canarias es un caso paradigmático. Si bien el Gobierno de Canarias no ha abierto la puerta a su aplicación, algunos municipios se han declarado en rebeldía. En Las Palmas de Gran Canaria, el ayuntamiento de Mogán (21.000 habitantes) estableció una tasa de 0,15 euros que se está dirimiendo en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por una demanda de la patronal turística, pero que le ha valido una recaudación de 721.769 euros hasta mayo. “No podemos seguir sosteniendo este modelo únicamente con los impuestos de los residentes”, señalaba la alcaldesa, Onalia Bueno, en declaraciones a la SER. “Cuando voy a Portugal pago 3 euros, en Barcelona otra cantidad… Cataluña tiene hasta 8 euros”, señalaba para defender que no afectaría a la competitividad del sector y remarcaba que lo lógico es que el Gobierno de Canarias lo hubiera impulsado a nivel autonómico.
La vivienda turística y la incidencia de esta en los precios de los alquileres es otro de los grandes argumentos que se suelen dar para defender medidas de control del turismo como la ecotasa. Las viviendas de uso vacacional también están sujetas a la tasa y en Canarias han sido el detonante de muchas protestas. De hecho, un estudio reciente encargado por la Fundación Canarina y elaborado por Estudios Sociales Geas 7, señala que el 90% de la población canaria cree necesario cambiar el modelo turístico y un 47,6% sostiene que la llegada de turistas está muy relacionada con los problemas ambientales y sociales que atraviesan las islas, situando el acceso a la vivienda como el principal problema.
Con estos mimbres empieza a ganar intensidad el debate sobre la tasa turística, que tiene como trasfondo un debate más amplio relacionado con cómo se gestiona un sector que año tras año firma cifras récord. El año pasado, España recibió 97 millones de turistas extranjeros, un 3,4% más que en el ejercicio previo, y el propio Ministerio de Turismo consideraba que el hito de los 100 millones se podría alcanzar, previsiblemente, en este año.
Con el verano a las puertas, las campañas turísticas despegando y unas previsiones de la patronal hostelera que anticipan “una primavera y un verano positivos”, llega también el debate sobre cómo regular esta actividad para que no se vuelva una pesadilla en algunos municipios. Sobre todo en los más pequeños, que ven cómo la población se multiplica en la temporada estival. Una de las medidas que se suelen tomar al respecto es la aplicación de la polémica tasa turística o ecotasa. Aunque otros países llevan tiempo aplicándola, en España ha comenzado a ser más habitual en los últimos años y en muchas comunidades el debate está encendido. En general, ni las patronales turísticas, ni los partidos más a la derecha la respaldan, aunque con alguna excepción, como Galicia (gobernada por el PP).