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Los técnicos de Hacienda creen que el 'destape' de evasores fiscales es un “farol” de Montoro

Los técnicos de Hacienda creen que el 'destape' de evasores fiscales es un “farol” de Montoro

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció en diciembre de 2012 que iba a publicar los nombres de los mayores evasores fiscales, a imitación de lo que hacen Reino Unido o Irlanda. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo repitió tres meses más tarde en el mismo foro, el Senado. En efecto, el Ejecutivo británico publicó el pasado viernes no sólo los nombres, sino también la foto de los 10 defraudadores más buscados. Pero el Ministerio de Hacienda español sigue sin poner fecha al destape fiscal. “El servicio jurídico está trabajando en las reformas de la legislación necesarias para aplicar la medida”, explica un portavoz del departamento. Los técnicos de Hacienda de Gestha, sin embargo, dudan de que se lleve a cabo. “Es un farol”, asegura su portavoz, Manuel Regal.

Aunque la medida no es contraproducente, tampoco la considera Regal muy eficaz. Además, Reino Unido sólo ha publicado la lista de 10 evasores ya condenados y huidos. Muchos de ellos son extranjeros. En España, contrapone, “los condenados por delito fiscal son muy pocos, y de ellos aún menos los que terminan en la cárcel”. Según las cifras aportadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el Congreso, al año se dictan un millar de condenas por fraude fiscal y contra la Seguridad Social. En 2010, el Gobierno del PSOE cifró en 89 los condenados por delito fiscal que cumplían penas de cárcel. La Agencia Tributaria calculaba entonces que el 75% de los casos remitidos a la Fiscalía terminaban en condena, pero menos del 10% de las sentencias significaba que el evasor daba con sus huesos en prisión.

La ineficacia es precisamente el primer reproche que le ha hecho la oposición británica al Gobierno de Su Majestad: de los 20 nombres destapados en 2012, Aduanas consiguió información de 15, pero sólo detuvo a uno.

La última reforma del Código Penal emprendida por el PP aumentó a seis años la pena máximo por delito fiscal, en el caso de defraudar más de 600.000 euros o de hacerlo ayudándose de una trama criminal. A partir de 120.000 euros, es delito, por tanto penado con la cárcel, no pagar a Hacienda.

Confidencialidad sólo para los amnistiados

Para publicar los nombres de los mayores evasores el Gobierno tiene que cambiar la Ley General Tributaria, que protege la confidencialidad de los datos fiscales. Su artículo 95.3 establece que la información obtenida por Hacienda tiene “carácter reservado y sólo podrá ser utilizada para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros”. Las únicas instancias con las que puede compartir la Agencia Tributaria esos datos son los jueces, los fiscales, la Inspección de Trabajo y el Tribunal de Cuentas. “Es un asunto delicado, no se puede hacer alegremente”, alegó Rajoy hace cinco meses para justificar el retraso. Por el contrario, cuando anunció la medida, Montoro fue mucho más audaz. “No puedo entender tanto sigilo y cautela”, remachó el ministro.

Un sigilo y una cautela que, sin embargo, Hacienda ha respetado escrupulosamente en el caso de los beneficiados por la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno en marzo de 2012: un total de 29.065 personas físicas y 618 sociedades, que pagaron 1.200 millones de euros, en lugar de los 2.500 previstos.

Las denuncias de la Agencia Tributaria por delito fiscal cayeron un 35% en 2012

Las denuncias de la Agencia Tributaria por delito fiscal cayeron un 35% en 2012

Pero no sólo debe cambiar el Gobierno los términos en que se consagra la confidencialidad de los datos fiscales, sino también, antes que nada, definir qué es un gran evasor. “¿Va a publicar sólo las sentencias?”, se pregunta Manuel Regal. “Porque las sentencias”, responde enseguida, “ya son públicas; el Ejecutivo debe aclarar qué información va a revelar exactamente”. También son públicos, y notorios, los casos de famosos que han terminado en los tribunales, desde Ana Torroja hasta Lionel Messi pasando por Arantxa Sánchez Vicario o Borja Thyssen. El único detalle que dio Montoro en el Senado fue prometer que haría públicos los nombres de los defraudadores con independencia de su actividad económica y de que sean personas físicas o jurídicas.

Los abusos de ley de las grandes empresas

Para los técnicos de Gestha, en cualquier caso, el centro de atención del Gobierno debería estar menos en el delito y más en lo que Manuel Rega llama “elusión fiscal”, las cantidades “ridículas” que las grandes empresas pagan a Hacienda “aprovechando los resquicios de la ley”. BBVA pagó en 2012 la suma de 1.341,85 millones de euros en impuestos (sociedades, IVA, cotizaciones sociales y otros), el 5,9% de sus ingresos de 22.441 millones. Treinta y tres de las 35 grandes compañías del Íbex usan paraísos fiscalesparaísos fiscales para escamotear impuestos. Las mayores multinacionales, como Amazon, Google o Apple, aprovechan Luxemburgo o Irlanda para eludir el pago de impuestos en España. “No es ilegal”, resume el técnico de Gestha, “pero sí un abuso muy grave porque mucho dinero se escapa por ahí”.

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