La unión energética que planea Bruselas choca con la apuesta española por gas y carbón

La demanda de electricidad creció en enero un 3,4%, según datos de Red Eléctrica de España (REE), y se cubrió quemando carbón en un porcentaje del 21,7%. No es un dato excepcional. España mantiene una apuesta por los combustibles fósiles (carbón y gas) que choca con los planes que elabora Bruselas para la Unión Energética.

Los documentos internos sobre la unión energética que se han flitrado desde la Comisión Europea plantean la necesidad un cambio de modelo energético en la UE. El conjunto de la Unión depende en un 53% de las importaciones para asegurar el abastecimiento energético. Esa es la media, porque en el caso de España, pese a la caída de la demanda de los útlimos años, la dependencia ronda el 70%.

Esa elevada dependencia de la Unión supone una sangría de recursos de 400.000 millones de euros anuales, detalla el documento. Los problemas son importantes. El borrador que maneja la Comisión enumera, entre otros, los siguientes: infraestructuras energéticas envejecidas, territorios aislados como auténticas islas energéticas  (caso de España) y precios caros. Las empresas europeas, sostienen los técnicos de la Comisión, pagan un 40% más por su energía que las norteamericanas.

Cambio de modelo

La solución, recoge el trabajo de los técnicos, pasa por un cambio de modelo. Se trata de pasar de un modelo centralizado y basado en el petróleo a otro en el que los Estados miembros sean interdependientes energéticamente, con un sistema energético integrado, que utilice tecnologías bajas en emisiones y en la que el ciudadano pueda participar en la propiedad de la energía y a la vez reducir lo que paga en sus facturas.

Ese cambio de modelo choca con lo que sucede en España y con la estrategia que lleva a cabo el Ministerio de Industria que dirige José Manuel Soria. Para muestra, un botón. En enero, el carbón incrementó su participación en la cobertura de la demanda eléctrica en un 33% con respecto a la media del año 2014. En los doce meses del año pasado se generó con carbón el 16,4% de la electricidad. En enero de 2015 su aportación ha llegado al 21,7%.

No se trata de algo excepcional, Industria trabaja en el diseño de medidas para favorecer el empleo de carbón en las centrales eléctricas. Entre las medidas en estudio está aprobar una bonificación fiscal a la venta-consumo de carbón nacional. La idea, según recogió Cinco Días, consiste en rebajar el llamado céntimo verde al carbón.

Gas y carbón

El tributo (14,9 euros por tonelada de carbón) es un tipo del impuesto de hidrocarburos que el Gobierno activó para gravar el consumo de gas natural y el carbón. Formó parte del paquete de impuestos energéticos para reducir el déficit de la tarifa (la diferencia entre los costes de generación y los ingresos por tarifas) y  entró en vigor el 1 de enero de 2013. 

El incentivo a la quema de carbón no es lo único que chirría en la política energética respecto a la que diseña Bruselas. La Comisión quiere favorecer el autoconsumo mientras en España, donde las empresas se oponen con fuerza a perder el control del sistema, la norma para facilitar el autoconsumo eléctrico permanece en el limbo.

Existe un borrador desde hace más de un año, pero la norma no se aprueba. A cambio, el Gobierno defiende la imposición del denominado "peaje de respaldo" –el famoso impuesto al sol–, por el que los usuarios de paneles solares que quisieran estar conectados a la red eléctrica tendrían que pagar hasta 70 euros MWh.

Placas solares

Mientras el Gobierno contiene el desarrollo del autoconsumo en España, en muchos países ya se ha regulado. En EE UU, las placas solares instaladas en hogares y pequeñas empresas suponen el 7% de la generación eléctrica y, según Bloomberg, la financiación de proyectos de autoconsumo superó los 73.000 millones de dólares (64.000 millones de euros) en todo el mundo el pasado año, un 34% más que un año antes.

Donde hay más coincidencia entre los planes de Bruselas y los del Gobierno de Rajoy es en la cuestión nuclear. Pese a que países con gran peso en la UE –caso de Alemania– mantienen sus planes de cierre de instalaciones, Bruselas considera que la energía nuclear es fundamental para garantizar el suministro. Con el mismo argumento, el Gobierno de España es partidario de extender la vida útil de las centrales más allá de los 40 años, como sucede en el caso de la central de Garoña, convertida en símbolo.

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La apuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy por los combustibles fósiles es clara. La autorización a las prospecciones de Repsol en Canarias y el impulso normativo al fracking lo demuestran. En estos momentos está en trámite en el Parlamento –sin haber pasado por el filtro de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Comptencia (CNMC)– la nueva Ley de Hidrocarburos que respalda el fracking.  

Declaración de intenciones

La nueva ley es toda una declaración de intenciones.  La norma reconoce un nuevo tributo a las explotaciones y extracciones de petróleo y gas que servirá para compensar a las comunidades autónomas, ayuntamientos y titulares de los suelos donde se produzcan los hallazgos. También apela al bolsillo de los propietarios para suavizar oposiciones a los proyectos. A los propietarios de los terrenos donde se perfore se les reconoce un retorno del 1% del valor de la producción anual mientras dure el periodo de concesión. Todo sea por la búsqueda de combustibles fósiles, los que Bruselas quiere reducir en el modelo energético futuro.