España, Eslovenia, Dinamarca, Suecia y Estonia han mostrado su apoyo público en Bruselas a la iniciativa My Voice, My Choice: for Safe and Accesible Abortion European Citizens Initiative, firmada por más de un millón de ciudadanos y a la que la Comisión Europea da la bienvenida al considerar que “los abortos inseguros son una cuestión de sanidad pública, que puede conducir a varios tipos de daño físico y severo estrés mental y por lo tanto poner en riesgo la vida de las mujeres”.
La demanda popular de 'Mi Voz, Mi Elección, en favor de un aborto seguro y accesible' es la duodécima iniciativa de este tipo gratificada con respuesta oficial de la Comisión desde el año 2012, una muestra del apoyo que el Ejecutivo comunitario ofrece a la propuesta frente a las exigencias recientes en el Parlamento Europeo por parte de la internacional ultraderechista en contra de regular y apoyar este derecho de las mujeres.
El Gobierno español ha trabajado para que cinco gobiernos europeos se uniesen en la carta liderada por Eslovenia con la que se buscaba respaldar en Bruselas la iniciativa ciudadana. Y la Comisión recoge el guante poniendo a disposición el Fondo Social Europeo, con una potencia de miles de millones en su cartera, para que los Estados miembros “mejoren el acceso igualitario a servicios sanitarios legalmente disponibles y accesibles”. De manera voluntaria, Bruselas permitirá a partir de ahora que cada país distribuya o redirija fondos de ese instrumento a garantizar el aborto.
Pese al apoyo financiero mostrado para un aborto incorporado a los sistemas de salud nacionales por las mujeres en condiciones de seguridad y legalidad, la Comisión está atada de pies y manos para imponer a los países la legalización del derecho. Según el propio artículo 168(7) del Tratado de Funcionamiento de la UE, cada capital tiene libertad para organizar su sanidad pública y, por lo tanto, la regularización del aborto es un área de responsabilidad estatal. Así que, como reconoce el Ejecutivo comunitario, cualquier “acción de la UE que impactase en la decisión de un Estado miembro sobre si permitir el acceso al aborto y en qué condiciones está excluida”.
España, explican fuentes diplomáticas sobre la disponibilidad de financiación comunitaria para garantizar el aborto, usará la vía que se habilite para ello, comprometida con el acceso efectivo a ese derecho. Pero no todos los Gobiernos de Estados miembros tienen este nivel de compromiso ni están dispuestos a legalizar el ejercicio de las libertades por parte de las mujeres.
Aborto no libre en toda la UE
En un continente donde al año, según la Organización Mundial de la Salud, se practican cerca de 480.000 abortos y casi todos los Estados miembros de la UE lo han legalizado, Malta y Polonia son los únicos donde las leyes son abiertamente restrictivas. En la pequeña república mediterránea el aborto está completamente prohibido salvo si la vida de la mujer está en riesgo inmediato por complicaciones médicas, mientras que en Polonia el acceso de las mujeres a este derecho está restringido y sólo se permite si la vida o la salud de la mujer está en riesgo, el embarazo es resultado de una violación o existen severas anomalías en el feto.
Las últimas reformas legislativas en Malta datan de 2023 y declaran el aborto como ilegal en la mayoría de circunstancias, incluso en casos de violaciones o anomalías en el feto, con penas de cárcel de hasta tres años para la mujer y de entre 18 meses y cuatro años para quienes lo practiquen. La venta de la conocida como píldora del día después está, por supuesto, terminantemente prohibida. Debe ser un equipo de profesionales médicos el que apruebe la interrupción del embarazo sólo en caso de ese riesgo vital para la mujer.
La reforma legal del 2023 fue muy pequeña con la intención de incluir únicamente ese supuesto y sólo después de que una ciudadana estadounidense, Andrea Prudente, estuviese a punto de morir tras encontrarse de vacaciones en la isla y sufrir una complicación extrema en su embarazo. La imposibilidad legal de practicar una operación provocó que Prudente fuese evacuada a España, donde finalmente sí se le practicó un aborto. La ciudadana estadounidense denunció el código criminal de Malta por vulnerar la Convención Europea de Derechos Humanos y forzó el cambio normativo.
Muy diferente es la realidad para las mujeres en gran parte de la UE. En Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Rumanía y Suecia el aborto está garantizado a petición de la mujer embarazada. Son 24 países, una amplia mayoría de la Unión, donde este derecho con diferentes matices y una gradualidad de limitaciones sí está permitido.
En la mayoría, esta decisión debe tomarse durante el primer trimestre de la gestación, con límites que van entre las 18 y las 24 semanas, pero en circunstancias específicas como el riesgo para la salud o la vida de la mujer el aborto puede practicarse a posteriori. Y por supuesto en estos Estados, las mujeres, sean adultas, adolescentes o niñas, que se hayan quedado embarazadas fruto de una violación tienen garantizado el acceso a la interrupción.
El Consejo de Estado avala blindar el derecho al aborto en la Constitución
Sin embargo, hay también sombras en países como Alemania, Bélgica, España, Hungría, Irlanda, Países Bajos o Portugal, donde existen plazos obligatorios de mayor o menor duración desde que la intervención es solicitada por la mujer hasta que es efectiva. “Estos periodos de espera”, según el Center for Reproductive Rights, “socavan el acceso a tiempo y asequible a la atención y restringen los derechos de los mujeres y sus autónomas decisiones”.
El último informe de este centro sobre la situación de Europa sitúa también a Polonia por mantener “leyes altamente restrictivas” al aborto, destaca “tendencias positivas” como la retirada de las prohibiciones desde 2018 en Chipre, Finlandia, Irlanda y, fuera del espacio comunitario, Islandia, Irlanda del Norte o San Marino, pero también advierte “amenazas regresivas” en Hungría, Italia y la citada Polonia.
Y en Alemania, principal potencia de la UE y abanderada en muchos frentes de los derechos civiles, técnicamente el aborto sigue siendo ilegal, regulado por una ley de 1871 que lo criminaliza hasta con penas de cárcel de cinco años, aunque se han ido introduciendo excepciones y enmiendas para permitirlo durante los primeros doce semanas de gestación. En la década de los 70 en ese país nació la campaña 'Mi vientre me pertenece' y cincuenta años después las iniciativas ciudadanas en la UE se imponen, aunque crece la contestación. La actual de 'Mi Voz, Mi Elección' recibió 358 votos a favor como resolución favorable en el Parlamento Europeo y 202 en contra. No sólo se opusieron los tres grupos de extrema derecha, también 68 eurodiputados del PP y hubo otras 30 abstenciones de ese grupo.
España, Eslovenia, Dinamarca, Suecia y Estonia han mostrado su apoyo público en Bruselas a la iniciativa My Voice, My Choice: for Safe and Accesible Abortion European Citizens Initiative, firmada por más de un millón de ciudadanos y a la que la Comisión Europea da la bienvenida al considerar que “los abortos inseguros son una cuestión de sanidad pública, que puede conducir a varios tipos de daño físico y severo estrés mental y por lo tanto poner en riesgo la vida de las mujeres”.