La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está decidida a llegar a donde sea necesario para retroceder en derechos, incluso aunque su ofensiva regresiva acabe sistemáticamente en los tribunales. Así ha pasado con el registro de objetores al aborto que se niega a elaborar, pese a que la ley le obliga, pero así sucedió también con el recorte a las leyes regionales LGTBIQ+.
En octubre del año pasado, el Ministerio de Sanidad dio un ultimátum a las comunidades que todavía no habían puesto en marcha el registro de objetores a la interrupción voluntaria del embarazo, una herramienta contenida en la ley del aborto que busca garantizar la práctica en la red pública.
Los territorios interpelados se pusieron manos a la obra, excepto la Comunidad de Madrid. Ayuso se mantuvo firme en su negativa, deslizó la idea de que el registro equivalía a una suerte de lista negra y dio rienda suelta a un conflicto ideológico situando al Gobierno central como su principal contrincante. La presidenta regional desobedeció hasta las últimas consecuencias.
En enero de este año, el departamento de Mónica García se aferró al último recurso que le quedaba: los tribunales. Denunció a la Comunidad de Madrid, la única que dejó sin contestar el requerimiento y que manifestó públicamente "su negativa a desarrollar dicho registro". Por ello, solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ordenara la elaboración del registro como medida cautelar. Y así lo acaba de hacer la justicia.
Los jueces aceptaron este lunes las medidas cautelares demandadas y obligaron a la líder conservadora a crear el registro de inmediato: no hacerlo supone una "clara afectación del interés público", pues "está implícito en el cumplimiento de una obligación directa" impuesta en una ley orgánica, razonan los magistrados.
Un fondo ideológico
Las conclusiones del abogado José Antonio Bosch en torno a la conducta de la presidenta regional son claras: "Es una rabieta infantil". A su juicio, la Comunidad de Madrid "sabe que no tiene otra opción" que cumplir con la ley. El jurista recuerda que ya en 2014 el Tribunal Constitucional avaló la ley navarra que establecía un registro de objetores al aborto, recurrida por diputados conservadores en la comunidad foral. Y años después, el mismo tribunal replicó aquellas conclusiones, esta vez respecto al registro ya contenido en la ley estatal, tras el recurso interpuesto por Vox.
Para Bosch, la obstinación de la líder conservadora por no cumplir con la ley y desplazar la batalla a los tribunales es "una decisión ideológica o política", pensada únicamente con el fin de "buscar un enfrentamiento" con el Gobierno. La Comunidad de Madrid "busca un enemigo importante, pero desde el punto de vista práctico no lleva a ningún sitio", sostiene el letrado. Tanto es así, que incluso Génova se ha pronunciado asegurando que no hay otro camino que acatar la resolución judicial, a pesar de la intransigencia de Ayuso.
Pero además, la dinámica en la que ha sumido la presidenta regional a su comunidad evidencia una "falta de respeto y lealtad procesal", porque "sabe perfectamente que los tribunales ya se han pronunciado" y que además el resto de las comunidades "lo han aceptado". A la representante madrileña, remata el abogado, "le dan igual los derechos de quien sea con tal de generar un conflicto en algún área".
Para Lorena Morales, diputada socialista en el parlamento madrileño, el mensaje es demoledor: "Ayuso quiere hacer como si la democracia a ella no le aplicara", sostiene al otro lado del teléfono. El resultado es, en su opinión, el desgaste progresivo de las instituciones.
A golpe de justicia
La batalla judicial desencadenada a consecuencia de un enfrentamiento ideológico previo no es en realidad nada nuevo. Hace ahora cinco años, Isabel Díaz Ayuso estrenaba la legislatura haciendo gala de su amplia mayoría e impulsando una reforma de la Ley de Radio Televisión de Madrid. La modificación salió adelante con los votos del Partido Popular y la abstención de Vox, pulsando además la tecla del procedimiento de lectura única, un acelerón para agilizar la tramitación y evitar la posibilidad de enmiendas.
Es este último punto el que fue recurrido por los diputados socialistas de la Asamblea de Madrid. Este miércoles, el Tribunal Constitucional ha comunicado que el Gobierno de Ayuso infringió el derecho fundamental a la participación política de los parlamentarios.
Madrid, de orgullo a vergüenza: Ayuso consuma su ofensiva contra las leyes del colectivo LGTBI
En el mismo Tribunal Constitucional acabó también el empeño de Ayuso a la hora de recortar los derechos del colectivo LGTBIQ+. Ocurrió a finales de diciembre de 2023 y utilizando también el camino más rápido: un pleno extraordinario en medio de las navidades. El Gobierno de Madrid sacó adelante dos reformas legislativas para vaciar de contenido sus normas clave en materia LGTBIQ+: aquella relativa a la protección del colectivo y la ley de identidad de género.
Meses después, el Gobierno de Pedro Sánchez contraatacó llevando ante al Tribunal Constitucional diversos puntos de las reformas. Ambas modificaciones quedaban entonces en suspenso, a la espera de que los magistrados resolvieran. El año pasado, el tribunal corrigió algunos de los principales preceptos formulados por la presidenta madrileña.
La ofensiva, en todos los casos, tiene un efecto directo sobre las personas afectadas, quienes asumen una situación de desigualdad flagrante respecto al resto de las comunidades y conviven con la posibilidad de que sus derechos queden definitivamente cercenados, siempre al albur de los plazos, las dinámicas y el criterio de los tribunales.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está decidida a llegar a donde sea necesario para retroceder en derechos, incluso aunque su ofensiva regresiva acabe sistemáticamente en los tribunales. Así ha pasado con el registro de objetores al aborto que se niega a elaborar, pese a que la ley le obliga, pero así sucedió también con el recorte a las leyes regionales LGTBIQ+.