Menos feminicidios y más denuncias: por qué las políticas públicas son un salvavidas para las mujeres

Si algo han demostrado los discursos de odio en los últimos años, es su obstinada cruzada contra los avances feministas. Las voces reaccionarias tienen la habilidad de retorcer la realidad para sembrar retrocesos, ignoran los datos para imponer visiones sesgadas y censuran las voces de expertas para introducir su relato ideológico. Ya no se trata sólo de negar las raíces culturales de la violencia machista, sino de insistir en el mantra de que las políticas públicas no han sido capaces de proteger a las mujeres. Es el primer paso para hacer saltar por los aires todo el entramado institucional construido en las últimas décadas contra la violencia de género. Pero en tanto que tramposo, su discurso es fácil de rebatir. 

Año 2003. España inauguraba una estadística pionera: a partir de aquel momento las instituciones harían un recuento de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Aquel año, a las puertas de una nueva ley integral que buscaba proteger a las víctimas, se cerró con 71 feminicidios. Este 2025, según los datos del Ministerio de Igualdad, terminó con 46 crímenes mortales. Es la cifra más baja en toda la serie histórica. El número de feminicidios se ha reducido un 35,2% en 22 años.

Las voces expertas insisten en observar con cautela las estadísticas, cuyo análisis no siempre arroja explicaciones sólidas, pero lo cierto es que sí existe un patrón de descenso imposible de ignorar. Las cifras, por tanto, reflejan una realidad: las políticas públicas tienen impacto en la realidad material de las mujeres. 

Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, insiste en que no resulta útil, ni estadísticamente correcto, comparar las cifras en periodos de tiempo muy cortos: "La diferencia interanual suele mostrar subidas y bajadas que obedecen a factores contextuales individuales", incide. Por eso sugiere un cambio de enfoque y propone revisar las diferencias entre los diez primeros años y los diez siguientes. "Ahí hay una disminución clara", celebra.

Pero además, recalca el también médico forense, se produce una bajada de los feminicidios en un momento en que "las circunstancias son más complejas" en contextos de violencia. Las víctimas son "más críticas frente a esa idea de aguantar, no separarse y no denunciar". Ahora, ellas tienden en mayor medida a querer romper con la violencia, a pesar de que la ruptura ha demostrado ser un detonante y por tanto un momento de "riesgo de sufrir violencia", puntualiza el exdelegado. A pesar de ello, "hay menos homicidios, luego el avance es más significativo".

Coincide Altamira Gonzalo, jurista feminista, en la idea de observar las cifras desde una mirada larga. "En los últimos quince años constatamos una tendencia a la baja", se apresura a decir al otro lado del teléfono. "La reducción es muy importante" y a pesar de ello "es también insuficiente", matiza. Pero sirve para afirmar que "las leyes y las políticas públicas tienen su resultado positivo", por lo tanto "ese es el camino". También significa que "no podemos bajar el ritmo en la aprobación de esas políticas públicas de igualdad, porque el objetivo es violencia cero".

Dar la voz de alarma

El descenso en las cifras no se entendería sin otro fenómeno: la capacidad de las víctimas para pedir ayuda y la funcionalidad de un sistema que, aun siendo imperfecto, puede protegerlas. 

En el año 2007, el teléfono específico para dar ayuda a las víctimas, el 016, recibió un total de 15.715 llamadas. Era su primer año en funcionamiento. Ya en 2008, la cifra experimentó un gran ascenso, con 74.951 llamadas. Y desde entonces no ha parado de crecer. Con el paso de los años, las víctimas se han ido sintiendo fuertes para descolgar el teléfono, decididas a romper con la violencia que las asolaba. En 2025, la línea recibió 118.337 llamadas. 

Esta tendencia encuentra su reflejo también en las denuncias registradas. Si en el año 2009 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reportaba un total de 135.539 denuncias por violencia machista, en el año 2024 –último con datos completos–, la cifra ascendía a 199.093. La interpretación de las expertas es clara: la curva ascendente tiene que ver con una mayor confianza de las mujeres en el sistema y una mayor capacidad para protegerlas. El porcentaje de condenas también ha aumentado sensiblemente: si el 2009 fueron condenadas el 77% de las personas enjuiciadas, el año pasado el porcentaje escaló hasta el 91,9%.

Las pulseras de control a maltratadores se han demostrado también, con todos sus matices y su necesaria mejora, como una herramienta de protección útil para las víctimas: ninguna mujer con pulsera ha sido asesinada nunca. En 2009, se registraron un total de 153 dispositivos activos. En 2025 eran ya 4.432.

En defensa de un sistema imperfecto

Pero los elogios al sistema son estériles si no van acompañados de una legítima crítica. No todo son buenas noticias en estos veinte años. Las órdenes de protección no han experimentado apenas cambios, siendo 41.081 las dictadas por los jueces en 2009 y 41.237 las registradas en 2024. Las ayudas socioeconómicas tampoco muestran un aumento significativo, o al menos no lo suficientemente sostenido en el tiempo. Un ejemplo: las ayudas para el cambio de residencia concedidas en 2005 fueron 761, en el año 2015 fueron 3.632 y en 2024 cayeron a 2.077.

Pero los expertos reparan en una cifra también prácticamente inalterable: el número de feminicidios con denuncia previa. En el año 2006, el 31,8% de las víctimas mortales de la violencia machista había interpuesto primero una denuncia contra su agresor. Casi dos décadas después, el porcentaje es del 21,7%. Son diez puntos de diferencia, pero sigue representando un fracaso sin paliativos del sistema.

Ante esta realidad surge una pregunta: cómo defender un sistema que se ha demostrado imperfecto. Para Lorente, hay dos cuestiones clave. "Primero debemos hablar de responsabilidad", esboza. Es decir, siempre que existan fallos en el sistema, quienes están detrás de su diseño deben tener la capacidad de hacer autocrítica y responsabilizarse de los errores. "Cuando se cometen imprudencias, debe haber responsabilidades", zanja.

Pero los déficits deben ser también un estímulo de cara a una mejora inmediata y urgente. El exdelegado cree fundamental un análisis constante alrededor de aquellos elementos que no funcionan bien, detectar los recursos que faltan y sobre todo caminar hacia una estrategia enfocada en la prevención y no tanto en una respuesta exclusivamente pensada para los momentos críticos. Y con él coincide la jurista feminista. "Hay que mejorar esas políticas, ver dónde hemos tenido fallos, porque sabemos que los hay", sostiene. Gonzalo cita las grietas a la hora de aplicar las leyes, los problemas ligados a la carencia presupuestaria y la ausencia de medios materiales. "Todo eso lo tenemos identificado, sabemos que no podemos bajar la guardia". 

Combatir el negacionismo

Las políticas públicas, observa Lorente, son una "pieza esencial" por dos razones. Por un lado, expone, porque actúan directamente sobre el problema que buscan combatir. Por otro, porque al mismo tiempo son capaces de generar una "conciencia sobre el problema que abordan". Todo ello genera ese "doble efecto de actuar y concienciar". Eso es lo que ha sucedido a su juicio con la estrategia contra la violencia machista. 

Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia machista por parte de su pareja o expareja

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Esos avances, sin embargo, están hoy en riesgo. Lorente se detiene en los datos de la última Macroencuesta de violencia contra la mujer, correspondiente a 2024. Según sus conclusiones, el 16,7% de las víctimas de violencia machista dicen haber sufrido malos tratos en el último año. Una cifra nada desdeñable que el exdelegado mira con preocupación. "Recordemos que ese último año es el de los pactos de la extrema derecha y los discursos negacionistas", asiente. Una coincidencia que no cree inocente.

Según el Barómetro Juventud y Género 2025 del Centro Reina Sofía de Fad Juventud, la idea de que la violencia de género "siempre ha existido y es inevitable" cala entre el 36,5% de los jóvenes, un aumento superior a seis puntos respecto a hace dos años. Además, un 20,3% coincide en que la violencia machista "no existe, es un invento ideológico", más de dos puntos por encima en relación al anterior barómetro. El 50,8% de los encuestados cree que los hombres están desprotegidos ante denuncias falsas y un 44,6% asegura que los varones han perdido la presunción de inocencia. Lo afirman así a pesar de los datos: en su última Memoria, la Fiscalía reseña que el porcentaje de denuncias falsas desde el año 2009 es "ínfimo", cifrándolo en 0,0082%. "Los jóvenes llegan bajo ideas introducidas por sectores de la ultraderecha", así que no es difícil ver los efectos de la "reacción del machismo, propiciada por la ultraderecha como instrumento de acción política", lamenta Lorente. 

Frente a los discursos que comienzan a calar, las políticas públicas han erigido a España como uno de los países de la Unión Europea más avanzados en igualdad de género, según el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE). Sólo Suecia, Francia y Dinamarca están por encima. A pesar del negacionismo, existe una mayoría social que lo mira con orgullo: según el barómetro de la juventud citado anteriormente, la idea de que "la violencia de género es un problema social muy grave" alcanza máximos históricos, siendo enunciado por el 67,7% de los encuestados.