La justicia considera prescritas las sanciones a las feministas que hicieron huelga el 8M de 2018 en València

Las feministas valencianas que participaron en la huelga del 8M de 2018 no serán sancionadas, al considerar la justicia que las multas impuestas han prescrito. Así lo ha anunciado este lunes la Assemblea Feminista de València, después de los dos últimos juicios celebrados el pasado 20 de diciembre. 

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Tal y como ha difundido la organización feminista, las sentencias de ambos juicios han concluido que las sanciones han prescrito, por lo que libran de la multa a las feministas encausadas. Las activistas valencianas vienen enfrentándose a distintos procesos judiciales, con resultados diversos, tras su participación en una serie de piquetes informativos con motivo de la huelga feminista celebrada hace casi cuatro años. Las últimas dos resoluciones de los magistrados constituyen la “segunda vez que la justicia da la razón a las feministas, inmersas en un largo proceso judicial que se inició en 2020 con tres juicios, que ha continuado en 2021 con tres más y que proseguirá en 2022 con tres citas más en los juzgados”, reza la organización a través de un comunicado.

Todos los juicios, afirman las feministas, “derivan de la veintena de multas impuestas por la Policía Nacional bajo el amparo de la ley mordaza”. Se han celebrado ya seis juicios y del total, tres han tenido “una resolución favorable a las feministas”. En septiembre de 2020, los jueces ya reconocían “la parcialidad del atestado policial, puesto que incluía comentarios sobre el valenciano y la denominación País Valencià que no tenían nada que ver con los hechos”. 

La defensa de las activistas insiste en que, más allá de la prescripción de la sanción, no existían “elementos probatorios suficientes que evidenciaran la alteración de la seguridad ciudadana de que se acusaba a las encausadas”. Pero no todo son victorias para las feministas. En los tres juicios restantes sí se acordó condena para las encausadas y la abogada de las activistas está “estudiando la posibilidad de presentar un recurso” alegando una supuesta vulneración de la “presunción de inocencia” y por lo que considera una “aplicación de la infracción excesivamente automática”. La participación activa en la huelga del 8M le ha costado a las feministas, por el momento, cerca de 7.000 euros de los 11.000 a los que se eleva el total de las sanciones.