Loli Gómez está a punto de quedarse en la calle. Una resolución judicial acaba de confirmar su expulsión de la vivienda de acogida en la que reside desde hace dos años, a la que llegó por encontrarse en una situación de vulnerabilidad extrema. Loli fue una de las muchas víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, una institución franquista que dejó en ella una herida irreparable que todavía supura.
La víctima atravesó las puertas del recurso residencial, un piso compartido de tres habitaciones, debido a una situación de extrema vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales de su localidad, Torrelavega (Cantabria). El Ayuntamiento, más de dos años después, considera que los hechos que la llevaron a cumplir los requisitos para entrar en la vivienda se han extinguido.
Pero lo cierto es que todo sigue igual para ella. Hasta principios de 2024, la víctima residía en un piso que había heredado de su madre, cuya titularidad comparte con sus hermanos. El mal estado de la casa, sin embargo, comprometía su seguridad: era necesaria una reparación integral que la víctima no podía asumir económicamente. Hace dos años, el consistorio ordenó "el desalojo de la vivienda" debido a la "situación de deterioro y peligrosidad del inmueble", tal y como dejó plasmado en un expediente al que ha accedido este diario. Es el propio Ayuntamiento quien asume la "ejecución subsidiaria de las obras de reparación", dada la imposibilidad de la víctima de costearlas.
Loli, según consta en el mismo informe, "se encuentra en exclusión social" debido al "estado de su vivienda y la carencia de recursos". Así que es derivada al recurso de acogida de manera temporal y como solución parcial durante el tiempo que duren las obras. Pero estas nunca se llevaron a cabo: "Ni han empezado, hace un año precintaron la vivienda y un mes después quitaron el precinto. Pero nada de obras", asiente hoy la afectada.
Pese a ello, el consistorio considera que la víctima ya no se encuentra en una situación de riesgo. Lo argumenta apoyándose en el informe de una trabajadora social, quien entre los motivos para acreditar esa supuesta mejora de su contexto económico incluye asuntos como su relación con "una escritora que de forma puntual le presta apoyo económico", las charlas en las que ha participado en los últimos años debido a su paso por el Patronato de Mujeres y la "perspectiva de que sea reconocida como víctima del franquismo y obtener la correspondiente compensación económica".
Loli asegura que ni obtiene remuneración alguna por los actos en los que participa, ni existe ninguna previsión de que el estatus de víctima se vaya a materializar en el corto plazo en una indemnización económica. Las víctimas del Patronato han obtenido el perdón y el reconocimiento simbólico de los poderes públicos, pero están lejos de conseguir los derechos por los que llevan años peleando.
Los argumentos del gobierno municipal también incluyen la posesión de una vivienda en propiedad, pero se trata de la misma casa de la que fue expulsada debido a unos daños estructurales que todavía a día de hoy no han sido reparados. La administración le reprocha que no ponga a la venta la casa, pero no tiene en cuenta que la operación requeriría del visto bueno del resto de propietarios. Igualmente, indica que la víctima "ha rechazado alternativas habitacionales voluntariamente".
Lo cierto es que los servicios municipales le plantearon la posibilidad de acceder al alquiler de una habitación por 320 euros al mes. Pero las cuentas, explica al otro lado del teléfono, no salen. "Con unos ingresos de 480 euros mensuales y un gasto fijo de 156 en medicinas, ¿con qué como?", se pregunta. Loli se encuentra en situación de discapacidad, por lo que buena parte de sus ingresos van a parar a gastos médicos.
La entrada en la vivienda de acogida tenía carácter temporal, un plazo que se fue prorrogando en varias ocasiones. Ahí es donde se aferra ahora la justicia para avalar el desalojo: incluso el mantenimiento de una eventual situación de vulnerabilidad, zanja el tribunal, no justifica el uso indefinido de un recurso habitacional cuya naturaleza es temporal por definición. Pero tampoco hay sobre la mesa ninguna alternativa para Loli. Aunque su intención es recurrir la decisión de los jueces, si la justicia no le da la razón la única opción que tiene es volver a la casa familiar, a pesar de su mal estado y de los riesgos que entraña para su integridad.
La herida del Patronato
La situación de vulnerabilidad por la que transita la víctima es indisociable de su paso por la institución franquista. Si bien las supervivientes han sido reconocidas como tal, las investigadoras que han estudiado la historia y raíces de los reformatorios creen que hacen falta más pasos hacia una reparación real del daño. "Los símbolos son importantes y ellas lo vivieron como una especie de acto de catarsis colectiva, pero es preciso un cambio en la Ley de Memoria Democrática para incluir oficialmente una reparación económica", decía recientemente la historiadora Carmen Guillén. "Les partieron la vida, condicionaron su futuro y no les dejaron estudiar", denunciaba.
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En ese mismo extremo se detiene Loli. "El primer psiquiatra que me ingresa en el internado, con 12 años, lo hace para que yo prosiga mi formación. Pero eso no sucedió, nunca tuve estudios", lamenta. Así que los obstáculos laborales que ha tenido que enfrentar desde entonces están directamente ligados a lo sucedido dentro de los centros.
Pero no todos los daños que arrastra son visibles. El Patronato reservaba un lugar especial para las chicas embarazadas. De todos los centros maternales, el más importante fue el de Nuestra Señora de la Almudena, conocido popularmente como Peñagrande. Ahí fue a parar Loli tras las violaciones perpetradas por su progenitor. A ella nadie le preguntó quién era el padre, ni si había sido producto de una agresión sexual. Lo que sí recibió fueron insultos y vejaciones constantes. Loli tuvo dos hijos siendo todavía menor de edad. Nacieron en democracia, pero la institución aún se mantenía con vida y las religiosas que regentaban los centros le obligaron a darlos en adopción.
La víctima se pregunta de qué manera habría cambiado su futuro si no hubieran hipotecado su infancia y juventud dentro de las paredes de una institución que además mermó su salud mental, dejando secuelas que persisten hasta la actualidad. También se cuestiona la utilidad del perdón público por parte de los responsables, si al mismo tiempo le son negadas las condiciones mínimas para poder cerrar las heridas.
Loli Gómez está a punto de quedarse en la calle. Una resolución judicial acaba de confirmar su expulsión de la vivienda de acogida en la que reside desde hace dos años, a la que llegó por encontrarse en una situación de vulnerabilidad extrema. Loli fue una de las muchas víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, una institución franquista que dejó en ella una herida irreparable que todavía supura.