El primer centro de atención a víctimas de violencia machista en España lanza un SOS al borde del cierre

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo.

Cuando Ana María Pérez del Campo firmó el contrato en 1991 para levantar un centro asistencial, selló un compromiso: prestar atención a mujeres víctimas de violencia de género y conseguir que el centro funcionara durante, al menos, treinta años. Hoy Pérez del Campo tiene 85 años y puede dar su promesa por cumplida, pero observa con temor la continuidad del primer centro que ofreció cobijo a las víctimas de violencia machista en España. Los fondos que lo sustentan han caído en picado.

Más de tres mil metros cuadrados dan guarida a las mujeres que llaman a la puerta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas (FAMSD), presidida por Pérez del Campo. El centro atiende en torno a medio centenar de personas –las mujeres y sus hijos– y son sus trabajadoras –psicólogas, educadoras, abogadas, cocineras…– quienes se encargan de sacarlo adelante. El presupuesto anual para que sus engranajes funcionen supera los 800.000 euros

Este año no llegarán: la subvención que la casa recibirá este curso ha caído como nunca antes. "Este año se ha reducido en un 75%", señala la Federación en una misiva firmada por la propia Pérez del Campo, en la que pide la colaboración ciudadana para sacar adelante el centro. No solo los fondos han sufrido una reducción más que sustancial, sino que el dinero comprometido, 260.641,27 euros, todavía no ha sido ingresado. "El centro está en las últimas, económicamente hablando", lamenta la carta. A día de hoy, la situación es tan crítica que las trabajadoras están sin cobrar y los proveedores atienden los pedidos a crédito.

A Pérez del Campo se le llena la voz de elogios cuando habla de su centro. Es importante detenerse en los detalles: no es una casa de acogida, no es un refugio, ni es un espacio cualquiera. Se trata de un centro de recuperación integral, con todo lo que ello implica: extinguir los restos de violencia que anidan en las vidas de las víctimas, entender a las mujeres y sus hijos, ganar su confianza, darles un hogar y oportunidades para empezar de cero. 

Al orgullo le acompaña el dolor de ver cómo el centro va deteriorándose económicamente. "Nunca, gobernara quien gobernara, hemos tenido problema con la subvención", dice la histórica feminista. "Es inviable seguir con el programa". Actualmente, el único ingreso que ha recibido la Federación proviene de la Comunidad de Madrid, 66.117,35 euros, y del Instituto de las Mujeres, 29.206,09 euros.

Una sentencia del Tribunal Constitucional

¿Cuál es el origen del problema? Para entenderlo, es necesario retroceder un lustro. En 2017, el Tribunal Constitucional falla en contra del reparto estatal destinado a los programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF. Se trata de un conflicto competencial planteado por la Generalitat de Cataluña, en torno al que el alto tribunal resuelve que el Estado no tiene competencias para financiar atención social directa en el reparto del 0,7% del IRPF.

Un portavoz autorizado del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, responsable del reparto, señala que el departamento "firmó en 2021 un acuerdo con las comunidades y la Plataforma del Tercer Sector" para dar cumplimiento a la sentencia. A través de dicho acuerdo, "se ha conseguido llegar a un consenso" por el cual las comunidades asumirán el 80% de los fondos y el Estado el 20%. ¿Y qué está capacitado para financiar, con ese 20%, el Estado? "Investigaciones, redes estatales, internacionalización de las entidades, pero no atención directa", señalan desde la cartera ministerial de Ione Belarra, incluidos los "gastos de mantenimiento". "Deberían ser las comunidades las que subvencionen directamente a las entidades en lo que se refiere a la atención social directa", apostillan.

Pero la realidad es que ni siquiera los 260.000 euros asignados han llegado todavía. El acuerdo se selló el pasado verano y la necesidad de no dejar flecos sueltos ha "prolongado los plazos con respecto a años anteriores", señalan las mismas fuentes, quienes insisten en que "la convocatoria se ha gestionado en tiempo récord para evitar en la medida de lo posible perjuicios a las entidades". Según señalan las mismas voces, el proceso por parte del Ministerio está terminado y ahora es el Tesoro Público quien tiene que hacer la transferencia.

La Federación critica que en los últimos años, desde que el Tribunal Constitucional dictara su sentencia, no se había producido ninguna alteración en la concesión de fondos. El Ministerio aclara que hasta ahora, sencillamente, el fallo no se estaba cumpliendo.

Igualdad se aferra al Pacto de Estado

Si hay un ministerio afectado por la sentencia del Tribunal Constitucional, además de Derechos Sociales y Agenda 2030, ese es el de Igualdad. El pasado 25 de noviembre, coincidiendo con el Día contra la Violencia de Género, todos los grupos salvo Vox firmaron la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En ese acuerdo, se consensuó incluir una partida destinada a la financiación de las entidades que atienden a víctimas. En parte para amortiguar los daños colaterales provenientes de la sentencia. Además, señalan fuentes de Igualdad, desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género "se destinarán fondos para las entidades que trabajan enfocadas a la sensibilización".

En cualquier caso, "todas las entidades eran conscientes desde 2017 de que había que resolver esta cuestión y dar cumplimiento al mandato del TC, que es muy claro: la asistencia social directa la regulan las comunidades y es una competencia exclusiva de ellas". Igualdad se ha reunido con la Federación, confirman las fuentes consultadas, para tratar este asunto en reiteradas ocasiones.

Ya sea por un mandato inesquivable de los tribunales, ya sea por falta de previsión, ya sea porque las alternativas se quedan cortas, el caso es que el centro agoniza. La Federación, recuerda Ana María Pérez del Campo, es una entidad sin ánimo de lucro que solo busca la recuperación de las víctimas. "No he cobrado en mi vida [señala la referente feminista], pero es mi dinero porque es el dinero de las trabajadoras y el dinero de las residentes, eso es lo que me conmueve y lo que me remueve".

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