El TC prevé resolver el recurso del PP sobre el aborto antes de que el Gobierno saque adelante su nueva ley

El Ministerio de Igualdad quiere cimentar las bases de una nueva legislación sobre el aborto. No se trata ya de reformar la actual normativa de 2010, sino de construir una legislación propia, desde cero. Al menos esa es la intención, pero lo cierto es que el proceso de negociación en el seno del Gobierno está todavía abierto y quedan aspectos de peso por pulir, precisan desde el departamento de Irene Montero. La propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reseñado que su equipo sigue trabajando en el contenido de la ley. El objetivo, en cualquier caso, pasa por llevar la propuesta al Consejo de Ministros del próximo martes, en una carrera de fondo que tiene como rival los tiempos del Tribunal Constitucional, pendiente desde hace doce años de resolver el recurso interpuesto por el Partido Popular contra algunos preceptos de la ley de 2010. Las previsiones apuntan hacia un eventual pronunciamiento de los magistrados antes de que la futura ley culmine toda su tramitación.

¿Qué se sabe hasta ahora? Según publicó la cadena Ser este miércoles, el borrador incluye una "disposición que deroga la actual norma de 2010", así que el recurso que espera en un cajón del Tribunal Constitucional, actualmente de mayoría conservadora, adquiere una relevancia significativa. ¿Cuáles son los escenarios que se abren a partir de ahora? Dependen, esencialmente, de los tiempos y, claro está, de la decisión final que adopten los magistrados.

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que la propuesta legislativa llegará, si se cumplen las previsiones, al Consejo de Ministros en forma de anteproyecto de ley. A partir de ahí, tendrá que pasar por distintos órganos consultivos y volver al Consejo de Ministros en segunda vuelta. Sólo entonces podrá llegar a la Cámara Baja, donde los grupos parlamentarios tendrán la oportunidad de presentar sus correspondientes enmiendas, debatir y votar la ley. Los tiempos pueden dilatarse y lo cierto es que la tramitación de las leyes de igualdad no se caracteriza por ser especialmente ágil. Un ejemplo: este mes de junio se cumplirá un año desde que la Ley de Igualdad LGTBI fue aprobada en el Consejo de Ministros y el Ministerio de Igualdad prevé sacarla adelante en segunda vuelta este verano. Si bien la ley del aborto es una propuesta que no genera fricciones entre los socios de la coalición, lo cierto es que la posible dilación del Consejo General del Poder Judicial podría entorpecer su avance.

Mientras el trámite sigue su curso, el Tribunal Constitucional tiene en su mano tomar una decisión sobre la ley de 2010. La estimación más reciente apuntaba a junio como mes clave para emitir un pronunciamiento, aunque el diario El Independiente publicó este martes que la deliberación se aplazará, probablemente hasta después de las elecciones andaluzas del 19 de junio. Fuentes del Tribunal Constitucional precisan a infoLibre que "aunque se apruebe un anteproyecto en Consejo de Ministros, falta mucha tramitación para que se convierta en ley" y señalan que "probablemente" sus miembros se habrán "pronunciado antes". Joaquín Urias, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y exletrado del Tribunal Constitucional, también pronostica que el Tribunal acelerará los trámites para tomar una decisión antes de que se consolide la nueva ley.

Los posibles escenarios

El recurso que registró el PP hace doce años carga contra ocho preceptos de la ley y la disposición final segunda de la norma, relativos a la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo durante las primeras catorce semanas de gestación. El PP defiende, esencialmente, el "derecho a la vida" del no nacido. "Tendremos que ver si la nueva ley va a derogar esos artículos y si los cambia por otros", reflexiona Urías. Si el TC da la razón a los conservadores pero la nueva ley no replica los artículos recurridos, la nueva propuesta "no sería inconstitucional". Si son iguales o muy parecidos, estima el jurista, es "previsible que el Tribunal Constitucional diga lo mismo" ante un eventual nuevo recurso de la derecha.

Si la decisión del TC avala lo expuesto en el recurso conservador, la nueva norma quedaría afectada políticamente: "¿Quién va a aprobar una ley que ya se sabe que no es constitucional?", se pregunta Urías. En cualquier caso, sería fundamental analizar la exposición de motivos trazada por los magistrados, porque a partir de esa argumentación el legislador podría modular la nueva ley para adaptarla a la decisión de los jueces. Por ejemplo, si el Constitucional tumba la ley de 2010 porque la considera poco garantista, el Gobierno podría adaptar el articulado introduciendo nuevas garantías más sólidas. Coincide Ana Valero, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha: "El legislador tendría que tener en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional y redactar su nueva ley en base a ello".

En caso de que el Tribunal Constitucional rechace el recurso y avale la constitucionalidad de la ley de 2010, la nueva legislación tendría vía libre. Y de hecho un nuevo recurso basado en los derechos del no nacido lo tendría mucho más difícil. "Probablemente el TC ni siquiera lo admitiría", prevé Valero.

Igualdad quiere garantizar el aborto en los hospitales públicos regulando la objeción de conciencia

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¿Y qué ocurre si, contra todo pronóstico, la nueva ley acelera y se aprueba antes de la decisión del TC? El Constitucional "puede pronunciarse sobre la ley derogada" si estima que las cuestiones sobre las que debe deliberar "merecen un posicionamiento", expone Urías. Las fuentes del TC consultadas confirman de hecho que "en principio la reforma de una ley no deja sin objeto el recurso anterior".

El contenido de la ley

Según la información publicada por la cadena Ser, la nueva ley mantiene los plazos configurados hace más de diez años por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: aborto libre y accesible para todas las mujeres dentro de las catorce primeras semanas. La ley, además, devolverá a las menores de 16 y 17 años la posibilidad de interrumpir su embarazo sin necesidad de consentimiento por parte de sus progenitores o representantes legales.

Tal como avanzó Igualdad en los últimos meses, la ley también consagrará el aborto en todos los hospitales públicos, a través de un control sobre la objeción de conciencia similar al que se despliega en la Ley de Eutanasia. En cuanto a otros asuntos vinculados a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la norma introducirá una baja menstrual pensada para reglas incapacitantes y un control más estricto de la prohibición de los vientres de alquiler, a través de sanciones a las agencias.