Fraude fiscal

Los europeos retrasan las decisiones sobre la evasión fiscal por falta de consenso

Cumbre Europea

LUDOVIC LAMANT | MEDIAPART

Nicolas Sarkozy creyó haber dado con la fórmula para derrotar a los evasores fiscales después de la reunión del G-20 de Londres del año 2009. “Los paraísos fiscales han llegado a su fin”, declaró entonces. Su sucesor en el Elíseo, Francois Hollande, ha lanzado este miércoles un lema mucho más prudente tras el último Consejo Europeo, indicando que “la opacidad está en vías de extinción".

Lo cierto es que, a pesar de las últimas propuestas, los avances a nivel europeo sobre esta materia en los últimos tiempos han sido escasos. La Unión Europea ha confirmado que da lástima ponerse a la cabeza del combate internacional contra el secreto bancario, puesto que se enfrenta a la difícil tarea de unificar 27 sistemas tributarios diferentes. Luxemburgo y Austria, principalmente, son los dos países que se encargan de frenar cualquier alternativa saliente que vaya en la dirección de la transparencia. Con este escenario, los dirigentes reunidos en Bruselas se han visto forzados a trasladar las decisiones verdaderamente importantes a la próxima cumbre de diciembre.

Incluso el jefe de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, ha reconocido que el nivel europeo no es el más apropiado para intentar combatir tan grave problema. "Más allá de lo que se puede hacer a los niveles nacionales o europeos, la UE debe promover estándares internacionales, en el seno de G-8 en particular, pero también en el G-20, la OCDE y en otros muchos entes internacionales".

Un diplomático europeo ha ratificado la postura de Barroso al asegurar que aunque "se han producido avances fiscales, la discusión no ha llegado a su fin. Las diferentes modalidades fiscales obligan a que tengamos que movernos en pequeños pasos”. Por primera vez desde el estallido de la crisis, los representantes europeos no han hablado sobre el modo de reducir los gastos, como en cada reunión que se celebra en Bruselas, sino acerca de las técnicas que permitirían aumentar los ingresos fiscales.

Sobre el papel, la meta es ambiciosa: intentar repatriar una parte de los 1.000 millones que escapan de las cajas de los Estados europeos cada año a causa de la evasión fiscal, según las últimas estimaciones de la Comisión. "Esto significa 2.000 euros al año por ciudadano, cuatro veces el presupuesto dedicado por la UE a educación”, ha calculado Martin Schulz, el presidente del Parlamento Europeo. Según las últimas evaluaciones de Bercy –barrio del distrito XII de París donde se ubica el Ministerio de Finanzas–, este constante lucro supone para el Gobierno francés dejar de recaudar entre 60 y 80 millones de euros anuales.

En el corazón de las discusiones se encuentra el intercambio automático de informaciones a nivel supraestatal, considerada la técnica más eficaz para acabar con los paraísos fiscales. Con ello, cada país se compromete a entregar a sus homólogos una vez al año informaciones acerca de las cuentas bancarias abiertas por los contribuyentes extranjeros. Esta es una manera drástica de poner fin a la existencia de cuentas no declaradas más allá de las fronteras nacionales. El G-20, junto con la OCDE, trabaja actualmente para reconocer internacionalmente el intercambio automático de información.

Tras la entrada en vigor en 2005 de la Directiva europea del Ahorro, todos los Estados de la Unión han cumplido el trasvase de archivos salvo dos: Austria y Luxemburgo, que gozan de un régimen derogatorio puesto que simplemente envían información bajo demanda previa. Lógicamente, los dos mismos países reacios a aceptar la revisión de la Directiva del Ahorro.

Ante el escándalo "OffshoreLeaks" y el caso Cahuzac, Luxemburgo, bajo presión, había dado a entender que estaba dispuesta a acabar con el secreto bancario. Pero poco después, el Gran Ducado ha retrocedido hasta llegar a la misma posición que antes: no hablar de comprometerse sobre un intercambio automático de informaciones en el seno de la UE, mientras la Unión no obtenga, por parte de "Estados terceros" como Suiza o Andorra, condiciones idénticas. En definitiva: si Suiza no se mueve, nosotros tampoco. Ambos países "mantienen sus exigencias", reconoció recientemente François Hollande.

Desde este punto de vista, la reunión de la Cumbre Europea de esta semana ha desembocado en un compromiso como sólo Herman Van Rompuy, presidente del Consejo, sabe confeccionar: La UE va a negociar "cuanto antes" con Suiza, prometiendo la adopción de la directiva revisada sobre el ahorro para la reunión de diciembre, se indica mediante un comunicado. Al mismo tiempo, desde los órganos europeos se trabajará para "ampliar" durante el mes de junio el intercambio automático de información entre los diferentes países.

¿Imitará Bruselas a Estados Unidos con la creación de una FATCA?

Existe un problema añadido: no está claro por qué los suizos están de acuerdo en someterse a las normas que se han negado a aplicar ciertos miembros de la UE. Ante esto, el debate podría dar la vuelta. ¿Qué importa? ¿Se cuestiona la adopción de la directiva revisada? Según el presidente francés, él está fuera de la cuestión: “el resultado de estas negociaciones no determinará la posición de Europa con respecto a la Directiva del Ahorro", ha afirmado. Sin embargo, las conclusiones del Consejo son menos claras sobre un punto que se considera crucial.

Ante la resistencia de los países más cerrados en este asunto, los europeos más persistentes se han planteado diseñar un mecanismo similar al FATCA (Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras) de Estados Unidos. A partir del 1 de enero de 2014, esta legislación va a obligar que los bancos de cualquier parte del mundo tengan que transmitir a Washington documentación detallada acerca de sus clientes norteamericanos. Originalmente planteada en cinco estados, entre ellos Francia y Gran Bretaña, esta iniciativa está respaldada por 16 capitales europeas.

Teóricamente, esta propuesta iría mucho más lejos que el texto de la Comisión, ya que el intercambio de información automática podría integrar muchos más datos que las previstas inicialmente –como el seguro de vida–. Es poco probable, no obstante, que los países europeos vayan tan lejos como los Estados Unidos, que incluso llegará a penalizar a las instituciones y naciones que no cooperen. Este asunto, que será discutido de nuevo el próximo mes en las instancias europeas, confirma, de algún modo, el avance de la Europa de varias velocidades, con un grupo de estados más integrados en la Unión que otros.

Hollande se vuelca en la lucha contra los paraísos fiscales

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Los resultados de la última cumbre europea son también pobres con respecto a la lucha contra las multinacionales que consiguen evitar impuestos gracias a las lagunas del derecho internacional. Lo que la jerga diplomática denomina "la erosión de las bases fiscales”. Sobre este punto, se podría pensar que el caso Apple iba a cambiar la tendencia, ejerciendo presión sobre los dirigentes. A principios de la semana, el Senado de los Estados Unidos demostró que la empresa de la manzana había ahorrado –desde la legalidad– decenas de miles de millones de dólares en impuestos desde 2009 hasta 2012. Finalmente, el caso de Apple no fue de gran ayuda.

Una vez más, se espera que la Comisión presente una iniciativa acerca de la evasión por parte de multinacionales a finales de año. En sus conclusiones, el Consejo Europeo se basa en un informe de la OCDE sobre este tema (la institución ya hizo saber una primera vez su posición, severa, sobre la cuestión). Este último elemento revela una cierta impotencia europea en la materia: la UE se niega a publicar una lista de paraísos fiscales al igual que otras instituciones. Durante el pasado diciembre, el comisario encargado del informe todavía se atrevió, sin embargo, a proponer criterios comunes que permitan a cada Estado miembro elaborar su propia lista.

*Artículo publicado originalmente en Mediapart por su corresponsal en Bruselas, Ludovic Lamant. Traducido al castellano por Víctor Ruiz-AlejosMediapart

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