Límites al precio de los carburantes, rebajas fiscales o ayudas a familias: la UE se activa ante una nueva crisis

La respuesta conjunta de la Unión Europea contra la crisis económica desatada por la covid abrió un nuevo camino para las políticas comunitarias. Y ahora, el viejo continente se asoma al abismo de un crac que podría acercarse al petrolero del 73. Bruselas y los Estados miembros tienen claro que la senda explorada en 2020 puede ser parte de la respuesta económica. El presidente estadounidense, Donald Trump, acaba de prometer la reapertura del Estrecho de Ormuz en “dos o tres semanas”, cuando espera terminar la guerra contra Irán, una predicción sin fundamento confiando en que así terminen los problemas en el mercado de crudo y derivados, gas o fertilizantes.

La incertidumbre del vaticinio hace que la Comisión ya pida a los 27 que trabajen en seguir reduciendo el consumo de hidrocarburos que vienen acometiendo desde la invasión de Ucrania, empezando por el sector del transporte. En paralelo, el ejecutivo comunitario y los gobiernos europeos estudian, tras la reciente cumbre de marzo, la introducción de ayudas para los hogares, transportistas, agricultores y ganaderos, empresas de distribución o industrias de alto consumo energético. Y aunque la demanda todavía no existe, la sombra de los fondos comunes Next Generation es alargada y la UE contaría con instrumentos dentro de su presupuesto actual para derivar financiación de apoyo a los países. Igual que tampoco se descarta, como durante la pandemia, dar barra libre al gasto público sin afectar a las normas de déficit.

Francia, Hungría, Alemania, Portugal, Bélgica o Irlanda son algunos de los socios que, como España, anuncian sus primeras medidas y la Comisión Europea trabaja en contrarrestar los efectos económicos de una crisis energética cuyo impacto en los mercados no prevé de corta duración. Escenario compartido por el BCE con una inflación como mínimo del 2,6% este año, que podría llegar hasta el 3,5% y, en el escenario más preocupante, al 4,4% en la eurozona. En Bruselas, el rumor de que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, convoque una cumbre extraordinaria ante la delicada situación en Oriente Próximo por sus repercusiones energéticas y económicas cobra fuerza.

El canciller alemán, Friedrich Merz, se encuentra entre los más agoreros entre los líderes europeos con lo que pueda suceder y recientemente declaró que el corte de Ormuz y la continuación de la guerra en Oriente Medio tendrán unas consecuencias “tan grandes como las recientemente experimentadas durante la pandemia de covid o el inicio de la guerra en Ucrania”. Sería un escenario más preocupante que el esbozado por el Banco Central Europeo.

Los países europeos se activan ante una crisis energética

La primera potencia continental ya ha aprobado parlamentariamente límites en el aumento de los precios que las compañías de electricidad o gas aplican a familias y empresas y también a las estaciones de servicios para la gasolina y el diésel. El gobierno de Merz estudia rebajas en los impuestos de las facturas energéticas y la medida más polémica que no descarta es reactivar temporalmente las plantas de carbón para aliviar en situaciones de emergencia el aumento de los precios eléctricos en el mercado mayorista.

Austria y Hungría son otros dos países de Europa central que también han aplicado esos límites al aumento en el precio de los carburantes en las gasolineras. En Budapest, además, el Gobierno de Viktor Orbán mantiene una regulación sobre los precios de las energéticas y existen techos máximos que no se pueden superar para familias y empresas.

Escribe el analista Alistar Keep en la publicación euperspectives.eu que, aunque “el conflicto en Oriente Medio está llevando a precios energéticos desorbitados en toda Europa, Bruselas todavía tiene que acordar una respuesta coordinada, dejando a los gobiernos nacionales actuar solos”. Para este autor, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció “una de las respuestas europeas más amplias, con un paquete de 5.000 millones para ayudar a 20 millones de familias y 3 millones de compañías”.

Italia ha adoptado medidas semejantes a las españolas con descuentos de 25 céntimos por litro para el combustible gracias a rebajas fiscales que asumirá el Estado por un importe de 600 millones de euros. Carga que repercutirá en las cuentas públicas de uno de los países más endeudados de toda la Unión. Irlanda ha ido un poco más allá y aplicará reducciones al IVA de la gasolina, del diésel de los automóviles o también de varios céntimos por litro al petróleo y el gas en el mercado mayorista. Además, se mantendrán los cupones de ayuda que disfrutan durante el invierno casi medio millón de hogares para el combustible de calefacción.

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Un rumbo distinto al de rebajar la fiscalidad de los carburantes o controlar los precios de la energía es el que está tomando Francia. París impulsará nuevos permisos para la instalación de plantas fotovoltaicas y de molinos de viento, tanto en tierra como en mar, buscando “el objetivo 2035 de quince gigavatios suplementarios” de producción eléctrica, señala el ministro de Economía, Roland Lescure, con los que reducir a futuro las importaciones de combustibles fósiles. Visión a largo plazo, al tiempo que se pide a las refinerías instaladas en el país evaluar la capacidad para aumentar rápida y temporalmente la producción de los derivados del crudo. El gobierno de Emmanuel Macron todavía estudia si aplicar suspensiones en los pagos de las cotizaciones sociales a sectores vulnerables ante un alza de los combustibles, como la agricultura, la pesca o el transporte.

Si en dos o tres semanas, como promete Trump, el bloqueo del estrecho de Ormuz no se levanta y la actividad petrolera y gasística no retoma la normalidad en toda la región de Oriente Medio, los problemas de los países europeos se agravarán porque la UE tiene una dependencia del Golfo Pérsico especialmente relevante en sectores como el diésel para camiones y barcos o el fuel consumido por aviones. Según los datos oficiales, estas importaciones ascienden al 40%, ya que por ese estrecho navega cerca de una quinta parte del tránsito global de petróleo y su cierre afecta las importaciones de esos derivados a Europa. 

El comisario de Energía, Dan Jorgensen, es claro sobre el riesgo que afronta el continente y en una reciente carta a los diferentes ministerios ha advertido que “aunque la exposición directa de la UE a la oferta de la región antes de este conflicto era limitada, dependemos de los mercados globales para nuestro aprovisionamiento de combustibles fósiles en competencia directa con otros consumidores”. Cuando estalló la crisis del petróleo en 1973 las economías de los países occidentales dependían más del oro negro que hoy en día gracias a la irrupción e implantación progresiva de las renovables, pero no tenían que competir con gigantes como China, India y todo el sudeste asiático por ese combustible. Ahí está, según Bruselas, otra fuente de riesgo ante las guerras de Trump.