Macron quiere justificar con pseudo-referéndums su recurso permanente a decretos presidenciales
El presidente francés Emmanuel Macron gobierna gracias a las amplias competencias que la Constitución da al jefe del Estado pero no tiene una mayoría parlamentaria que apoye sus leyes. Por eso ha recurrido, más que ningún otro presidente democrático en Francia, al artículo 49.3 de esa Constitución, el que le permite gobernar por decreto sin siquiera necesitar una aprobación parlamentaria posterior como en el caso de los decretos-leyes españoles. Así fue como consiguió sacar adelante su contestada reforma de las pensiones. Y, así, anuncia ya la primera ministra Elisabeth Borne, será como se aprobarán los presupuestos generales de 2024.
El anuncio, hecho por Borne cuando ella había prometido en primavera que no volvería a usar ese artículo, provocó las críticas de la oposición. A derecha y a izquierda, la oposición, que suma mayoría parlamentaria pero que no se une porque nadie pacta con la extrema derecha de Marine Le Pen, puso el grito en el cielo porque el Gobierno no usa el decreto presidencial después de chocar contra las fuerzas parlamentarias en unas negociaciones, es que ni se ha ofrecido a negociar.
Borne justifica el uso del 49.3 porque asegura que la oposición se niega a negociar porque entiende que votar las cuentas les asimilaría a grupos que apoyan al presidente: “La oposición no querrá, y es totalmente respetable, así que tendremos que recurrir seguramente en otoño al 49.3 porque nuestro país necesita un presupuesto”, dijo Borne. De no aprobarse unas nuevas cuentas se prolongarían las de este año. Por boca de la diputada conservadora Véronique Louwagie, “es extraordinario que antes incluso de presentar el presupuesto la primera ministra indique ya que recurrirá al 49.3”. Esta diputada asegura que si los partidos opositores no aceptan votar el presupuesto no es porque estén en la oposición sino porque las cuentas no les gustan.
La izquierda teme incluso una maniobra políticamente más tóxica de llevarse el presupuesto a la Asamblea Nacional. Que los grupos opositores aprueben enmiendas y que después Macron las elimine al firmar el presupuesto. El año pasado suprimió una enmienda, impulsada por la izquierda y que había obtenido mayoría parlamentaria, que pedía un impuesto especial a los dividendos financieros más altos.
Macron reunió la semana pasada a todos los jefes de los grupos parlamentarios. En una jornada de reuniones que sumaron 12 horas, el presidente extrajo la conclusión de que su soledad política sigue igual, que nadie le apoyará, ni siquiera ‘Les Républicains’, el partido de la derecha tradicional, la familia política que fuera de Charles De Gaulle, Jacques Chirac o Nicolas Sarkozy.
El macronismo busca una solución para saltarse a la Asamblea Nacional y presionar a los grupos políticos. El ministro-portavoz, Olivier Véran, dijo que Macron “estaría abierto” a la organización de “preferéndums”. Según Véran, tal cosa, que no aparece por ningún sitio en ninguna norma en vigor en Francia, “es un concepto que nos permitiría probar varios asuntos a la vez en un solo voto”.
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Macron sabe que cualquier referéndum al uso y legal sobre cualquier cuestión sería en realidad un plebiscito sobre su figura. Así que se inventa una especie de referéndum alegal que en realidad no es más que un sondeo nacional en urna y en el que se preguntaría a los ciudadanos si están a favor o en contra de varios temas, o si están muy a favor o un poco a favor, o un poco en contra y así hasta el infinito según la inspiración de quien redacte preguntas y respuestas. Macron conseguiría con tal herramienta saltarse a la Asamblea Nacional, donde podría volver con un voto popular favorable a algún sujeto y haría políticamente más difícil para los diputados opositores el negarse a aprobarlo.
Desde 1958 los franceses han votado 10 referéndums, la última vez en 2005 para tumbar la Constitución Europea que nunca llegó a nacer. La Constitución permite al presidente de la República la organización de referéndums (ejecutivos, no consultivos como esta idea de prereferéndum) sobre una lista concreta de asuntos: organización de los poderes públicos, reformas relativas a la política económica, social o medioambiental de la nación y a los servicios públicos.
Los críticos aseguran que no serían más que macrosondeos públicos sin valor jurídico y que Macron podría decidir después hacer caso a los ciudadanos o no hacerles caso.
