La crisis de vivienda europea que pone contra las cuerdas la emancipación juvenil y las cuentas de las familias de clase media se coló por primera en una cumbre de la UE. Las altas autoridades comunitarias son ya conscientes de la magnitud del problema, calificada por el propio presidente del Consejo, Antonio Costa, como “muy importante” y “dramático” al repercutir en millones de personas. El miedo en parte de la alta dirigencia comunitaria es que la credibilidad del proyecto europeo se resquebraje.
Auspiciado por España, con una presión creciente desde el Parlamento Europeo, ante los continuos datos económicos sobre el mercado inmobiliario y los informes, algunos propios del Consejo, que revelan el encarecimiento imparable de las casas, Costa introdujo la cuestión de la vivienda como tema importante en la agenda de una cumbre marcada por los desafíos internacionales que afronta la Unión.
La visita del presidente ucranio Volodimir Zelenski ocupó la primera parte de la reunión entre los 27. El encuentro físico en Bruselas venía precedido de la última cita entre él y Donald Trump, en la que el mandatario estadounidense le negó los misiles de largo alcance demandados y volvió a amagar con favorecer territorialmente a Rusia en unas futuras negociaciones de paz. Los europeos respondieron con un mensaje conjunto de apoyo a Ucrania y de defensa de sus fronteras reconocidas internacionalmente.
La presencia de Zelenski en la cumbre reafirmó este compromiso, remachado en los márgenes con varias iniciativas. Eslovaquia retiró su veto al decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia, que prohíbe comprar su gas natural licuado a partir del 1 de enero de 2027. Y España se comprometió a participar en el programa internacional para adquirir armamento estadounidense y suministrárselo a Kiev, coordinado por la OTAN, en el que ya colaboran otros socios comunitarios como Alemania, Dinamarca, Suecia o Países Bajos. Junto a España estarán las tres repúblicas bálticas, Bélgica, Luxemburgo y Finlandia.
El plato fuerte de la discusión sobre la crisis habitacional quedó para la tarde. Los 27 apremiaron a la Comisión Europea para presentar su Plan de Vivienda Asequible y la sola existencia del debate demostró un cambio de postura en Bruselas, donde hasta hace pocos meses se insistía en que el mercado inmobiliario debía funcionar según los principios de la oferta y la demanda y era competencia de las autoridades nacionales y locales regular el sector. Los 27 piden a la Comisión que este plan sea “ambicioso” y “amplio”, con el objetivo de “apoyar y complementar los esfuerzos de los Estados miembros” a la hora de afrontar desde sus competencias propias los problemas inmobiliarios.
A su llegada a la reunión, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió que Bruselas “articule medidas legales para poner freno a la compra de vivienda para uso no residencial”. Y dentro de la sala, con el resto de socios comunitarios, habló también de “palancas para poder actuar sobre las zonas tensionadas” de alquiler en aquellas ciudades que ven un aumento disparado de los precios.
Los informes internos del Consejo Europeo, a los que ha tenido acceso infoLibre y con los que el presidente Costa ilustró el debate planteado ante el resto de líderes comunitarios, muestran que, por ejemplo, Madrid y Barcelona son la segunda y tercera ciudad de la UE donde más porcentaje de sus salarios deben destinar las familias al alquiler. Tanto en la capital como en la ciudad condal, ese porcentaje sería del 74%, sólo superadas por Lisboa y por delante de Milán, Roma, Dublín, Atenas, Varsovia, Atenas o Amsterdam.
Fuentes de Moncloa celebraron que, por fin, la UE tome conciencia de una crisis común, porque una sociedad que destina demasiado a vivienda, probablemente tendrá problemas en su economía. La cuestión supera lo social y lo político en la mayoría de los Estados miembros y es un asunto que afecta a la competitividad del continente. Bruselas puede tener una contribución importante, con financiación del presupuesto europeo o del Banco Europeo de Inversiones, con la que facilitar la construcción de vivienda social o pública.
En este sentido, el presidente Sánchez habló de “habilitar un fondo específico para la construcción de vivienda protegida a nivel europeo”. “La imposibilidad de acceder a una vivienda es un problema europeo que comparten un español, un francés, un italiano o un alemán”, incidió el jefe del ejecutivo recogiendo el guante lanzado por Costa al introducir la crisis de vivienda en la cumbre.
El propio informe del Consejo recoge que el problema es de toda la UE al señalar “la compleja crisis de vivienda europea”, en un continente donde dos tercios de los residentes son propietarios del inmueble en el que viven y los precios se han disparado de media un 60% en los últimos diez años, provocando que “la proporción del presupuesto de la familia dedicado a la vivienda haya aumentado dramáticamente, especialmente en los centros urbanos”.
“La accesibilidad a una vivienda y poder permitírsela están entre las preocupaciones más urgentes de los europeos”, explicó Costa a los líderes al presentar el debate, señalando que la crisis de vivienda tiene un triple impacto peligroso: afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos, a la competitividad de la UE y, también mina la confianza ciudadana en las instituciones comunitarias.
Una crisis creciente en Bruselas
En las conclusiones, los 27 líderes europeos se pusieron de acuerdo en reconocer que “ante los desafíos habitacionales que sufren muchos ciudadanos en la Unión Europea, incluyendo el acceso a una vivienda asequible”, Bruselas también debe “simplificar su agenda” de normas para que los países accedan con mayor facilidad a fondos comunitarios, puedan acelerar las partidas de cohesión que a partir de 2027 podrán dedicar a la construcción de viviendas o, en un debate que todavía no está maduro en Bruselas, conseguir flexibilidad para estas inversiones en el cumplimiento de los objetivos de déficit.
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La cuestión de la vivienda ha cobrado protagonismo desde el inicio de la legislatura comunitaria. Al diseñar su segunda Comisión, el año pasado, la presidente Úrsula von der Leyen nombró por primera vez un responsable para vivienda dentro de su equipo. Y esto provocó que la Eurocámara también tuviese que crear un comité parlamentario específico, ya que del ejecutivo comunitario saldrán regulaciones, directivas y propuestas legislativas que la institución deberá analizar y votar, presentando sus propias propuestas y enmiendas.
El primer borrador de trabajo del Parlamento Europeo ya está encima de la mesa. Elaborado por el español Borja Giménez Larraz, considera que “la mayor causa de la crisis es la limitada oferta en stock, resultando en una construcción insuficiente y baja inversión”, en parte por “una excesiva fiscalidad”, sin mencionar problemas identificados como los miles de pisos y apartamentos vacíos con fines especulativos en las ciudades o la proliferación del uso turístico de viviendas.
En poco más de mes y medio, la Comisión Europea tiene que presentar su Plan para una Vivienda Asequible. Su reciente programa de trabajo para el próximo año contempla desarrollar en forma de propuestas legislativas las normas de ese plan. Las aspiraciones son medidas para armonizar las regulaciones sobre los alquileres de corta duración, las viviendas vacacionales o una revisión sobre el funcionamiento de las ayudas públicas al sector inmobiliario.
La crisis de vivienda europea que pone contra las cuerdas la emancipación juvenil y las cuentas de las familias de clase media se coló por primera en una cumbre de la UE. Las altas autoridades comunitarias son ya conscientes de la magnitud del problema, calificada por el propio presidente del Consejo, Antonio Costa, como “muy importante” y “dramático” al repercutir en millones de personas. El miedo en parte de la alta dirigencia comunitaria es que la credibilidad del proyecto europeo se resquebraje.