La presión de los lobbies tecnológico, bancario y petrolero condiciona en Bruselas las normas de la UE

Hace mes y medio estallaba dentro del Parlamento Europeo el enésimo escándalo de corrupción protagonizado por políticos de la burbuja comunitaria en Bruselas. Como había ocurrido en 2023 con el Qatargate, la policía belga irrumpía en varios despachos de eurodiputados y en algunas oficinas privadas de lobbistas para efectuar diferentes registros en relación con una investigación de presuntos sobornos ejecutados por la tecnológica Huawei.

Mes y medio después de esa operación, los precintos siguen colocados en esos despachos de la Eurocámara, ocho personas –entre ellas, algunos de los principales ejecutivos en Europa de la empresa china– están formalmente acusadas y la Comisión acaba de vetar las reuniones entre sus autoridades y funcionarios con lobbistas de Huawei. De la prohibición se librarán las firmas de representación y comunicación que tengan a la tecnológica como cliente. Y ahí está el quid de un problema que, al tiempo, revela la punta de un inmenso iceberg: el de los cerca de 24.000 lobbistas repartidos por Bruselas entre cientos de empresas, asociaciones y organizaciones.

Un enorme ecosistema de expertos en derecho, finanzas, comunicación de cualquier ámbito y sector susceptible de ser regulado. Hay oficinas de representación de los grandes bancos, de energéticas, de empresas tecnológicas, farmacéuticas o químicas, pero también lobbistas que trabajan a favor del transporte sostenible y la implementación de carriles bici en las ciudades o para legislar sobre los derechos LGTBI+. Pero, por encima de todas estas organizaciones, destacan las multinacionales, todas presentes en Bruselas para influir en las normas europeas a favor de sus intereses. 

Líderes de la presión lobbista

160 grandes empresas y patronales gastaron entre febrero de 2024 y febrero de este año un total de 340 millones de euros en tratar de influir en los legisladores de las instituciones comunitarias. Esta partida aumentó un 13% respecto a un año antes y en un tercio si la comparamos con la de 2020, según un reciente estudio del Observatorio Corporativo Europeo (CEO, en sus siglas en inglés) y de LobbyControl.

Facebook e Instagram (a través de sus plataformas irlandesas de Meta), Microsoft, Amazon y Apple están en el ranking de los diez mayores lobbistas en Bruselas por gasto de sus oficinas. La partida de Google también es significativa. Las grandes tecnológicas estadounidenses destinan entre cinco y diez millones de euros anuales a esta actividad y todas cuentan con una amplia plantilla de trabajadores propios inscritos como lobbistas en el Registro de Transparencia de la UE, lo que les permite acceso libre al Parlamento Europeo y mantener decenas de reuniones con funcionarios comunitarios.

Según este registro oficial, los lobbistas del propietario de Meta, Mark Zuckerberg, mantuvieron 250 encuentros con trabajadores de la Comisión durante todo el año pasado, una cifra similar a los de Microsoft, mientras que los de Amazon y Apple se reunieron en torno a 150 ocasiones con altos funcionarios europeos. Fruto de estos esfuerzos, Facebook lanzó una campaña comunicativa llamada EUneedsAI (la UE necesita Inteligencia Artificial), que recogía una supuesta demanda del mundo empresarial a favor de reglas más laxas en la protección de datos. Casualidad o no, el informe del expresidente del BCE, Mario Draghi, señaló que esa nueva directiva y también las normas pioneras para la Inteligencia Artificial eran “barreras a la competitividad”.

Cuando en la legislatura pasada se aprobó esa directiva sobre la privacidad online, eurodiputados socialdemócratas, verdes, del grupo de izquierdas y hasta liberales denunciaron públicamente el acoso recibido en sus correos electrónicos oficiales mediante decenas de emails que pedían reducir la ambición de esas reglas, verdaderas cortapisas al uso que las empresas de Internet podían hacer con los datos de sus usuarios.

En paralelo, el sector bancario es el segundo que más gasta en lobby ante las instituciones de la UE. La asociación Finance for Europe, la patronal European Banking Federation y la Asociación de los Bancos Públicos alemanes desembolsaron todo el año pasado un total de 12 millones de euros y desplegaron por el barrio europeo de Bruselas a casi medio centenar de sus empleados. Bancos como el BBVA o el Santander tienen oficinas de representación y asuntos públicos cerca de la Comisión Europea, del Consejo y de embajadas como la española o la francesa, igual que el gigante galo BNP Paribas, el estadounidense Goldman Sachs, el británico HSBC o el suizo UBS.

El poder petrolero

Además de tecnológicas y sector financiero, las energéticas realizan un millonario esfuerzo de influencia en la legislación de la UE y, a juzgar por la nueva agenda desreguladora puesta en marcha por la segunda Comisión de la presidenta Von der Leyen, “están teniendo éxito”, según CEO y Lobby Control, que ponen como ejemplo “el reemplazo de las políticas verdes por la Clean Industrial Deal”, en referencia a las recientes normas aprobadas por Bruselas para aliviar la transición energética de las grandes industrias al rebajar sus obligaciones medioambientales.

Frente al proteccionismo de Trump, la Unión Europea impulsa la liberalización comercial

Ver más

La petrolera Shell gastó 4,5 millones de euros en actividades lobbísticas realizadas por un equipo de doce personas en Bruselas que mantuvieron 140 reuniones de alto nivel en las instituciones europeas. Rivales en el negocio del crudo, pero socias del cabildeo en la capital comunitaria, como la estadounidense ExxonMobil o la francesa TotalEnergies, dedicaron también más de tres millones de euros y decenas de encuentros a frenar la presión de las normas europeas sobre los grandes emisores de CO2 y gas metano.

En paralelo, y con los mismos objetivos, la asociación Fuels Europe invirtió una cantidad semejante en la actividad de sus quince lobbistas, que disponen de acreditación para entrar en el Parlamento Europeo y se vieron unas 60 veces con dirigentes y funcionarios de la Comisión. Hay otras organizaciones menos evidentes que también trabajan intensamente para reducir la ambición medioambiental de las normas comunitarias. Gigantes empresariales de las relaciones públicas como Rud Pedersen, presente en todas las capitales europeas, tienen treinta lobbistas acreditados ante el Parlamento y manejaron un presupuesto de siete millones de euros para “ser parte de la solución al cambio climático y a otros desafíos medioambientales”.

La clave de todo este ejercicio lobbista no son los maletines de dinero a eurodiputados por parte de empresas chinas o entes soberanos de Oriente Medio, sino las decenas de charlas bilaterales en torno a una mesa con un par de cafés o en los numerosos encuentros temáticos que cada día empresas, asociaciones sectoriales o think tanks celebran en Bruselas. Una labor legal y menos burda, al tiempo que prolífica y muy efectiva.