Reino Unido y la UE desencallan las negociaciones sobre el 'Brexit' y pasan a la segunda fase del divorcio

De madrugada y tras una reunión al más alto nivel. El Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron este viernes un primer acuerdo sobre el BrexitBrexit que permitirá la apertura de la segunda fase del largo proceso negociador entre ambas partes. Después de seis largas rondas de diálogo –la última a principios de noviembre– y tras cuatro días sentados alrededor de una mesa, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la primera ministra británica, Theresa May, cerraron a primera hora de este viernes un informe conjunto (ver aquí en PDF) en el que muestran su consenso en torno a tres aspectos fundamentales que, hasta ahora, permanecían encallados e impedían el avance: los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido –y los de los británicos en suelo comunitario–, la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte y la liquidación financiera. 

Con este acuerdo, que todavía tiene que avalar el Consejo Europeo, las dos partes cierran la primera fase del proceso de divorcio en tiempo y forma –desde el principio, la UE puso otoño de 2017 como límite para dar carpetazo al primer capítulo–. "Esta es una negociación difícil, pero hemos conseguido un primer avance decisivo. Estoy satisfecho con el trato equitativo que hemos conseguido con el Reino Unido. Si los veintisiete Estados miembro están de acuerdo con nuestra valoración, la Comisión Europea y el negociador principal, Michel Barnier, están dispuestos a empezar a trabajar de inmediato en la segunda fase de las negociaciones", señaló Juncker en rueda de prensa. Para Barnier, se han alcanzado "avances reales y genuinos" que permiten "seguir adelante" y pasar a "debatir" la futura relación entre Londres y Bruselas "con confianza y seguridad".

La primera ministra británica, Theresa May, se mostró también satisfecha con el consenso alcanzado: "Hemos trabajado extremadamente duro y no ha sido fácil para ningún lado. Cuando nos reunimos el lunes dijimos que el acuerdo estaba al alcance. Lo que hemos conseguido hoy supone una mejora representantiva", sostuvo en su comparecencia junto a Juncker. No fue la única. Durante el día, algunos de sus ministros partidarios de la ruptura con la Unión Europea también expresaron su entusiasmo con el paso dado durante la madrugada. "A principios de esta semana, había todo tipo de agoreros que decían que no había perspectiva de acuerdo y han demostrado que se equivocaban", subrayó el de Medio Ambiente, Michael Gove, en declaraciones a BBC Radio. "Un gran paso", aseveró el ministro para el Brexit, David Davis.

Derechos de los ciudadanos

El primer punto de fricción entre ambas partes durante la primera fase del proceso negociador ha sido el mantenimiento de los derechos de los 3,5 millones de europeos que viven en Reino Unido y de los cerca de 2,5 millones de británicos en suelo comunitario. "Nuestra principal prioridad debe ser crear tanta seguridad y claridad como sea posible para todos los ciudadanos", sostuvo el pasado mes de marzo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Tanto Bruselas como Londres han expresado durante los últimos meses su intención de alcanzar un acuerdo en este punto, el que a priori parecía más sencillo. De hecho, durante toda la primera fase el Ejecutivo británico ha remitido a la UE múltiples ofertas en este sentido, la última el pasado 7 de noviembre, dos días antes de que se diera el pistoletazo de salida a la sexta ronda de negociaciones.

En el documento cerrado este viernes, ambas partes respaldan que el acuerdo de salida debe proporcionar "protección recíproca para los ciudadanos británicos y europeos" para "permitir el ejercicio efectivo de los derechos derivados del derecho de la Unión". Es decir, que todos las personas que lleguen a suelo comunitario o británico antes de la salida del Reino Unido podrán continuar residiendo, trabajando o estudiando como lo han estado haciendo hasta día de hoy. A modo de ejemplo: los españoles que actualmente se encuentran allí viviendo, cursando estudios o empleados en alguna empresa no se verán afectados por el divorcio. Lo mismo pasa en el caso de los más de 200.000 ciudadanos británicos que residen actualmente en España: la ruptura con la UE no afectará a su situación.

El pacto, además, contempla que las familias tendrán derecho a vivir juntas en el futuro. Y establece una igualdad de trato en el caso de "los derechos de los trabajadores, los autónomos, los estudiantes y los ciudadanos económicamente inactivos" con respecto "a la seguridad social, la asistencia social, la asistencia sanitaria, el empleo, el trabajo por cuenta propia y la creación y gestión de una empresa, educación (incluida la educación superior) y formación, ventajas sociales y fiscales". "Tras la salida, las prestaciones de seguridad social se podrán conservar si los ciudadanos deciden vivir en otro país de la UE. Esa exportabilidad de derechos incluye todas las prestaciones", explicó Barnier. Con el objetivo de "proveer los efectos legales" que garanticen los derechos de los ciudadanos, el documento señala que "la legislación interna del Reino Unido" debería también "promulgarse a este efecto".

Frontera con Irlanda

El segundo escollo superado tras cuatro días de reunión ha sido el que tiene que ver con las dos Irlandas, quizá el punto más frágil de este primer capítulo del proceso negociador. En el informe conjunto, ambas partes comienzan señalando que el Acuerdo de Viernes Santo, que puso fin en 1998 a un conflicto que dejó miles de muertos, "debe estar protegido en todas sus partes" y asegurando que no se volverá a la "frontera dura" entre el Irlanda del Norte –que, como Reino Unido, saldrá del mercado único y la unión aduanera– e Irlanda, cerrando la puerta a la instalación de los viejos puestos de control fronterizo. Aunque en el texto no queda claro cómo se va a lograr dicha frontera abierta, Londres se ha comprometido a garantizar "su completo alineamiento" con las normas del mercado interior y la unión aduanera en caso de que no llegue a buen puerto un acuerdo comercial.

Además, tal y como ha explicado Barnier, los residentes en Irlanda del Norte que son irlandeses "seguirán disfrutando de sus derechos como ciudadanos europeos". "Estoy satisfecho de que se hayan hecho progresos suficientes en las cuestiones irlandesas, los parámetros han quedado fijados ahora y son buenos", señaló este viernes el primer ministro irlandés, el conservador Leo Varadkar, que participó también en la negociación –igual que el líder del partido norirlandés DUP, Arlene Foster–. En rueda de prensa en Dublín, Varadkar celebró el "fuerte" compromiso político de que no habrá "frontera dura", asegurando que esta cuestión ha quedado "políticamente a prueba de balas". No obstante, quiso dejar claro que "este no es el final, sino el final del principio" y que Irlanda buscará "construir puentes, no fronteras".

La factura con la UE

Londres y Bruselas, por último, han conseguido acercar posiciones respecto a la factura del divorcio, otro de los puntos de roce entre las dos partes. "Los británicos tienen que saberlo, lo saben ya, que no habrá descuento ni coste cero. Deben respetar los compromisos en los que ellos participaron –proyectos a largo plazo comprometidos pero sin abonar, pensiones de los funcionarios europeos o garantías sobre préstamos, por ejemplo–. Así que la factura será, por decirlo un poco vulgarmente, muy cara", señaló a comienzos de año el presidente de la Comisión Europea, quien en una entrevista concedida a la BBC puso sobre la mesa una factura concreta: 58.000 millones de euros. Londres, por su parte, rechazó esta cantidad por activa y por pasiva durante los primeros meses de 2017. 

El acuerdo aprobado este viernes no habla, ni mucho menos, de cifras. Simplemente recoge la metodología a seguir para calcular esa cuenta –y que lo hará en la divisa común, no en libras– y establece, entre otros aspectos, que Reino Unido "contribuirá, y participará" en los presupuestos de los años 2019 y 2020 –a pesar de haberse consumado ya la ruptura–, así como en el pago de las pensiones de los funcionarios de la Unión. "Nunca he hablado de cifras aquí y no lo voy a hacer ahora", apostilló el negociador jefe de la UE, que, no obstante, sí aseguró que "se ha hablado de ciertas cantidades, y algunas son bastante realistas". Según el diario El País, la cuenta ascenderá a entre 40.000 y 45.000 millones de euros.

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Ahora, la pelota pasa al tejado de los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que deberán decidir en la cumbre del próximo 15 de diciembre si dan luz verde a la segunda fase de las negociaciones. Pocas horas después de hacerse pública la fumata blanca, el presidente del Consejo, el polaco Donald Tusk, celebró el paso dado y anunció que pedirá a los líderes europeos que se inicien "inmediatamente" las negociaciones en las que se acordará el periodo de transición que tendrá lugar una vez que se produzca el Brexit –antes del 29 de marzo de 2019– y se abordará la futura relación comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea. Según el calendario que maneja en el Ejecutivo comunitario, esta segunda fase debería cerrarse, a más tardar, en otoño de 2018 "para dar al Consejo tiempo suficiente para concluir el acuerdo de retirada previa aprobación del Parlamento Europeo".

Tusk resumió este viernes las directrices que ya ha enviado a los jefes de Estado y de Gobierno de cara a la siguiente etapa. En primer lugar, explicó el político, "debemos empezar a negociar el periodo de transición –Londres ha solicitado dos años en los que seguirá formando parte del mercado único y en los que, según Tusk, deberá continuar respetando toda la legislación comunitaria–, de forma que la gente y las empresas tengan claridad sobre su situación". Y, en segundo término, deberá aclararse cómo será la asociación entre las dos partes. "Hasta ahora hemos escuchado una serie de ideas. Necesitamos más claridad. (...) Estamos preparados para empezar a preparar una cercana asociación entre la UE y Reino Unido en comercio, pero también en lucha contra el terrorismo y crimen internacional, así como en seguridad, defensa y política exterior".

En este sentido, el negociador jefe de la UE aseguró durante su comparecencia ante los medios de comunicación que trabajará en el futuro acuerdo comercial con Londres tomando como "modelo" el tratado con Canadá, el conocido como CETA. En su opinión, esta es la única opción posible después de que el Reino Unido se haya cerrado definitivamente a continuar dentro del mercado único, optando por recuperar "su soberanía en materia de negociación comercial". "Es el Gobierno británico el que ha establecido estas líneas rojas, que cierran ciertas puertas. Por eso trabajaremos sobre este modelo", señaló Barnier. Cabe recordar que el tratado con Canadá ha tardado más de cinco años en negociarse y que su ratificación estuvo a punto de desmoronarse después de que la región belga de Valonia decidiera bloquearlo en el último momento.