El 11 de febrero de 2023, el llamado “Día del Honor” en Budapest derivó en enfrentamientos violentos que han desencadenado procesamientos judiciales en varios países europeos. El evento neonazi, que conmemora el intento de ruptura del asedio soviético de 1945 por parte de las tropas de Hitler y colaboracionistas húngaros, se ha convertido en el epicentro de un debate sobre los límites del antifascismo militante y las garantías procesales en la Hungría de Viktor Orbán.
Un evento neonazi bajo permisividad estatal
A pesar de —o debido a— su carácter abiertamente ultra, el Gobierno de Orbán ha mostrado una permisividad notable con el evento. Aunque el Tribunal Supremo húngaro prohibió la marcha en 2022, la decisión fue posteriormente revertida. El “Día del Honor” atrae anualmente a miles de simpatizantes de extrema derecha de toda Europa, entre ellos miembros de organizaciones neonazis como Blood & Honour, catalogada como terrorista en varios países.
El evento incluye una marcha de 60 kilómetros donde participantes exhiben simbología nazi y visten uniformes de las SS —proporcionados por el Museo de Historia Militar de Hungría, dependiente del Ministerio de Defensa—, una práctica que la Comisión Europea ha denunciado como incompatible con los valores fundamentales de la UE.
Las agresiones de 2023
Entre el 9 y el 11 de febrero de 2023, un grupo de activistas antifascistas procedentes de varios países europeos se movilizó para boicotear el evento neonazi. Según las autoridades húngaras, nueve personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad, con lesiones que incluyeron fracturas de cráneo. Los agresores utilizaron armas como porras extensibles y martillos, según la Fiscalía húngara.
Las autoridades húngaras iniciaron una investigación que identificó a 18 sospechosos, acusados de formar parte de una organización criminal y de causar lesiones graves. El caso, conocido como “Budapest Complex”, se ha convertido en una operación de alcance europeo.
El caso de Ilaria Salis: de prisionera a eurodiputada
El rostro más visible del caso Budapest Complex es Ilaria Salis, una profesora italiana detenida el 11 de febrero de 2023 acusada de causar “lesiones que podrían poner en peligro la vida” de tres militantes neonazis.
El caso de Salis saltó a la opinión pública internacional en enero de 2024 cuando fue fotografiada compareciendo ante el tribunal encadenada de pies y manos, una práctica prohibida por las conocidas como “reglas Mandela” que establece la ONU para el tratamiento de reclusos.
Las imágenes provocaron una controversia internacional, con organismos como el Comité Económico y Social Europeo o la Confederación Europea de Sindicatos calificando las condiciones de detención como “degradantes e inhumanas”. Salis permaneció 15 meses en prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad, desde donde describió a través de cartas las celdas angostas, ratas, cucarachas y la comida podrida. En mayo de 2024 pasó a arresto domiciliario en Budapest bajo fianza de 40.000 euros, en una vista en la que el juez leyó en voz alta su dirección, que rápidamente fue divulgada por portales de extrema derecha.
Su liberación definitiva llegó en junio de 2024, tras obtener más de 175.000 votos en las elecciones europeas como candidata de Alianza Verdes e Izquierda. La inmunidad parlamentaria adquirida tras los comicios obligó a las autoridades húngaras a liberarla y permitir su regreso a Italia.
El Gobierno de Hungría solicitó posteriormente la revocación de su inmunidad, una petición que el Parlamento Europeo rechazó en octubre de 2025 por un solo voto de diferencia: 306 contra 305. El Partido Popular Europeo decidió votar a favor de los intereses de Orbán —aunque varios diputados rompieron la disciplina de voto— a pesar de que la Comisión de Asuntos Jurídicos había recomendado mantener la inmunidad tras determinar la existencia de indicios de persecución política por parte del Gobierno húngaro.
Maja T.: extradición ilegal y condena ejemplarizante
El caso más controvertido es el de Maja T., activista antifascista de origen alemán de 24 años y género no binario. Su detención tuvo lugar en Berlín en diciembre de 2023 y su extradición a Hungría se produjo en 2024.
El Tribunal Constitucional alemán dictaminó que la extradición era ilegal pero la resolución llegó después de haberse ejecutado la orden de traslado. El tribunal se refirió expresamente a “condiciones de higiene inadecuadas, falta de acceso a agua caliente, chinches, alimentación escasa y de mala calidad, temperaturas extremas e deficiente iluminación y ventilación, violencia contra los reclusos y deficiencias en el Estado de derecho”.
Durante su detención en Hungría, Maja inició una huelga de hambre de 40 días en protesta por las condiciones carcelarias, que incluían régimen de confinamiento —debido a su género no binario, según denunció su familia—, videovigilancia las 24 horas del día, y el uso permanente de esposas fuera de la celda. Seis guardias de la prisión desnudaron a la fuerza a Maja, según su comparecencia judicial, en una experiencia que calificó de “degradante e inhumana”. El Ministerio del Interior húngaro respondió afirmando que por "su actitud y su sonrisa" se podía concluir que provocaba deliberadamente a los guardias.
El pasado 4 de febrero, Maja recibió una condena a ocho años de prisión. La Fiscalía había solicitado 24 años. Su abogado defensor describió las grabaciones de vídeo de las cámaras de seguridad como “completamente inadmisibles como prueba”, argumentando que en las imágenes Maja “pasa, se da la vuelta y abandona la escena. Ni tiene una porra, ni ataca ni golpea a nadie”.
A pesar de la resolución del Tribunal Constitucional sobre la ilegalidad de su extradición, el Ministro del Interior alemán ha respaldado la condena, subrayando que Maja T. “pertenece a un grupo de extrema izquierda que atacó a otras personas con armas”.
“Se produjeron lesiones corporales gravísimas. Una persona sufrió una fractura de cráneo. Eso debe llevar a una condena”, aseguró el ministro, que también defendió que no hay “nada que objetar a que el procedimiento y la posterior sentencia se hayan llevado a cabo en Hungría”.
Alemania ha procesado a varios de sus ciudadanos por los mismos hechos. Hanna S., una estudiante de arte de 29 años, fue arrestada en Núremberg en mayo de 2024 y juzgada en Múnich en lugar de ser extraditada a Hungría.
La Fiscalía alemana inicialmente solicitó nueve años de prisión por tentativa de asesinato. El tribunal finalmente la condenó a cinco años, desestimando el cargo de tentativa de asesinato pero confirmando los cargos de pertenencia a organización criminal y lesiones graves. Su abogado argumentó que nunca se demostró su presencia en Budapest y que los análisis biométricos presentados como prueba "no estaban científicamente validados".
Cuestionamientos al sistema judicial húngaro
Las organizaciones de derechos humanos han expresado serias dudas sobre las garantías procesales en Hungría. El Tribunal de Apelación de Milán rechazó la extradición de otro activista italiano, Gabriele Marchesi citando “la falta de claridad ofrecida por Budapest sobre la situación en sus prisiones”, y la posibilidad de que recibiera un “trato degradante” y “una condena desproporcionada” si se le juzga en Hungría. Marchesi fue condenado en ausencia a siete años de prisión en el mismo juicio que Maja T.
La diputada del Parlamento Europeo Martin Schirdewan, que visitó a Maja T. en prisión, declaró que el sistema judicial húngaro ha sido “vaciado por el Gobierno de Orbán” durante sus 15 años en el poder.
El Gobierno húngaro, por su parte, ha designado oficialmente a “Antifa” como organización terrorista, siguiendo el ejemplo de Donald Trump en Estados Unidos. Viktor Orbán acusó directamente a Salis de "apalear a gente pacífica en las calles de Budapest con barras de hierro" durante el debate en el Parlamento Europeo en el que solicitaba anular su inmunidad parlamentaria.
Tres años después de aquella jornada de febrero de 2023, el "Budapest Complex" sigue planteando interrogantes incómodos sobre las garantías procesales en un país miembro de la UE y sobre la capacidad de Europa para defender el estado de derecho en su propio territorio.
Según sus páginas web, las organizaciones neonazis Légió Hungária y Blood & Honour —esta fue última ilegalizada en España en 2011 y en 2023 se detuvo a 16 integrantes de Combat 18, considerada su brazo armado— tienen previsto realizar sus actos del “Day of Honor” a lo largo de esta semana y la siguiente “en una propiedad privada de algún lugar de Hungría”.
El 11 de febrero de 2023, el llamado “Día del Honor” en Budapest derivó en enfrentamientos violentos que han desencadenado procesamientos judiciales en varios países europeos. El evento neonazi, que conmemora el intento de ruptura del asedio soviético de 1945 por parte de las tropas de Hitler y colaboracionistas húngaros, se ha convertido en el epicentro de un debate sobre los límites del antifascismo militante y las garantías procesales en la Hungría de Viktor Orbán.