Un año de 'Macronomic' o el fin del equilibrio

El macronismo electoral se veía, en el plano económico, como un equilibrio. “Simultáneamente”, preconizaba, de un lado, un liberalismo asumido; del otro, la aprobación de nuevas medidas de protección y de nuevos apoyos. Un social-liberalismo capaz de seducir y de tranquilizar a la derecha y a la izquierda y que distinguía a Emmanuel Macron de sus adversarios, demasiado liberales o demasiado intervencionistas. Un año después de su elección, el nuevo presidente, ¿ha mantenido su compromiso?

Por supuesto, hay muchas reformas en curso y algunos requerirán de varios años hasta concluir, por lo que el balance sólo es parcial. Pero esto no impide que, un año después de su elección, Emmanuel Macron parezca haber reducido claramente sus ambiciones en el aspecto social y redistributivo de su programa. El reformismo macroniano se inclina a la derechamacroniano y este primer año presenta una visión muy diferente de la que ofreció durante la campaña electoral. El Gobierno liberaliza, privatiza, refuerza la parte del mercado allí donde puede, en las viviendas sociales, el ferrocarril o el empleo, con la esperanza de que este movimiento lleve a liberar medios que permitan aplicar políticas más sociales. Ese “simultáneamente” se convierte en un “primero, las reformas y después ya veremos”. Y eso lo cambia todo. Porque ¿qué pasará si las reformas no dan sus frutos? Que harán falta otras, por supuesto...

Las reformas sociales: mucha flexibilidad, poca seguridad

Prioridad de las prioridades, la primera reforma en el orden del día fue la que afectó al mercado del trabajo. Dicha reforma, llevada a cabo por decretazo en el verano de 2017, exime a los empresarios de muchas obligaciones, favoreciendo los despidos individuales, estableciendo un baremo obligatorio (y bajo) para las indemnizaciones, fusionando a los representantes del personal y permitiendo la denuncia colectiva de los convenios. A cambio, las compensaciones son mínimas; en esencia, se limitan a aumentar las indemnizaciones por despido, cuyo montante ha pasado de ser del 20% al 25% del sueldo mensual por año de antigüedad. Esta pequeña contrapartida no cuestiona la razón de ser de esta reforma: la mejora del flujo del mercado laboral.

Esta mejora en el flujo podía ser el primer acto de una flexiseguridad a la francesa. Además, responde a la voluntad del Gobierno de que vaya unida a un esfuerzo inédito en la formación de los demandantes de empleo y de una ampliación de su protección. Pero esta reforma, la otra vertiente de la aprobada vía decreto, no sólo no se ejecutó de forma simultánea a la reforma de liberalización (con el pretexto de una larga “concertación” que no consideró necesaria durante el verano), sino que se ha revelado muy decepcionante.

En lo que respecta a las prestaciones por desempleo, la ampliación de los derechos a nuevos beneficiarios (autónomos y aquellos que dejan voluntariamente el trabajo) es muy limitada por no decir simbólica, dadas las estrictas condiciones necesarias. Sólo 50.000 personas se podrán beneficiar cada año de esta novedad. Paralelamente, el fin de las cotizaciones para el paro, y la asunción por parte del Estado de dicho seguro que emana de él, aumenta el riesgo, en caso de crisis, de un ajuste en las indemnizaciones o de la duración de la cobertura del seguro. Ya en estos momentos, la obsesión por el control de los parados traiciona una visión muy financiera de la prestación por desempleo poco compatible con la visión equilibrada de la flexiseguridad.

En lo que respecta al esfuerzo destinado a la formación profesional, tras prometer una dotación de 15.000 millones de euros en el quinquenio, ha resultado ser consecuencia de un juego financiero donde se han redistribuido los gastos existentes. De igual modo, se han suprimido 130.000 empleos subvencionados por razones presupuestarias sin ofrecer respuestas inmediatas o adaptadas a los beneficiarios de aquéllos. Sin embargo, el Ejecutivo eliminó estos empleos alegando su escasa eficacia y prometió formación más adaptada para estas personas sin empleo. Eso sí, estas personas tendrán que esperar. Por lo demás, el Gobierno ha alterando la formación abriéndola al mercado y monetarizando las horas de formación a un precio reducido. Estamos lejos de la seguridad prometida como reverso de la flexibilidad. Además, el permiso individual de formación (CIF, por sus siglas en francés) ha visto cómo su partida se reducía a la mitad, cuando es el único que permite una verdadera movilidad profesional.

El balance es claro: la reforma del mercado del trabajo es una reforma liberalizadora dirigida a mejorar la competitividad externa de las empresas con una mayor presión del paro sobre los salarios. Dicho de otro modo, es una medida que no necesita compensación. La lógica del presidente no es la del candidato...

Un presupuesto motor de desigualdades

La segunda gran cita de este año económico han sido los presupuestos para 2018. El Gobierno los colocó bajo el ángulo del poder de compra, de ahí que estos presupuestos hayan sido ante todo un shock fiscal para los patrimonios financieros. El 1 de enero, el impuesto sobre el patrimonio (ISF, por sus siglas en francés) dio paso al impuesto sobre la fortuna inmobiliaria (IFI), pero también se comenzó a aplicar un tipo máximo del 30%, la tasa fija única sobre los ingresos del capital (PFU), lo que ha permitido liberar cerca de 5.000 millones de euros adicionales. Paralelamente, se inició la bajada del impuesto de sociedades con un descuento inicial de 1.200 millones de euros sólo para 2018. Por último, se han destinado a las empresas que pagan impuesto sobre los salarios (principalmente los bancos) 300 millones de euros. ¿Cómo? Con la supresión del tramo impositivo superior que afectaba a los sueldos más altos.

Por otro lado, el Gobierno ha defendido la idea de las bajadas de impuestos “compartidas” entre los hogares y las empresas. Pero este reparto no es tan igualitarios como podría parecer porque compara medidas inmediatas a medidas diluida y mezcla medidas relativas a hogares megarricos (como la supresión del ISF) y las relativas a hogares modestos. En realidad, las medidas relativas a las clases medias y populares han servido de ajuste para las políticas presupuestarias del Gobierno, siempre preocupado por evitar que el déficit se desboque. Y son los hogares los que han pagado las medidas a favor del capital que entraron en vigor el 1 de diciembre.

“Las finanzas no son nuestro enemigo, las necesitamos”

Efectivamente, en el proyecto inicial de Emmanuel Macron, la creación del IFI y del PFU debía ir acompañado “al mismo tiempo” de la supresión de las cotizaciones salariales de enfermedad y paro y una subida de las cotizaciones correspondientes a la contribución social generalizada (CSG) de 1,7 puntos. Esta subida del poder de compra debía estar garantizada también para el resto de trabajadores (autónomos, funcionarios). Pero el Gobierno finalmente decidió llevar a cabo estas medidas en dos tiempo: en enero y, después, en octubre. Resultado: la mejora del poder de compra fue mínima en enero (0,5%) y el aumento total en este año se quedará en el 0,95%, en lugar del 2,2% prometido. Esta diferencia permite ahorrar 4.500 millones de euros, es decir, ¡lo equivalente a las medidas tomadas a favor del capital!

Paralelamente, si bien los autónomos se beneficiarán de una mejora equivalente en su capacidad de compra, no sucederá así con los funcionarios, que sólo se verán compensados con el aumento de la CSG. Emmanuel Macron no ha respetado su promesa. Los jubilados que pagan la CSG han visto como se incrementaba en un 1,7 puntos, sin recibir compensación alguna. El Gobierno responde que los que ganan menos de 2.500 euros se verán compensados con la bajada del impuesto sobre los bienes inmuebles, bajada que se llevará a cabo en octubre... y en un plazo de tres años. Mientras tanto, habrá que abonar cada mes más por las cotizaciones... Además, los hogares son los principales perjudicados por las subidas de impuestos en el tabaco y la gasolina. Según el Insee, el instituto francés de estadística, el poder de compra retrocedió en el primer semestre 5.000 millones por efecto de la fiscalidad indirecta.

Por último, según estimaciones del Observatorio Francés de Coyunturas Económicas (OFCE), en 2018, el nivel de vida del 5% de la población que más tiene subirá un 1,6% como consecuencia estas medidas fiscales, frente al 0,1% que lo hará el nivel de vida del 95% restante y todo ello aunque los más pobres sufran un retroceso del 6% en el nivel de vida... En 2019, la situación se corregirá un poco, pero no lo suficiente como para reequilibrar los movimientos: las políticas fiscales del Gobierno aumentan las desigualdades ahora que la ciencia económica no deja de preguntarse por los medios para reducirlas.

Presidente de los ricos y de las empresas

Bien es verdad que el Gobierno ha renunciado a una austeridad que había prometido –a contracorriente de las promesas de campaña, también en esta ocasión– a principios de año, debido a los buenos ingresos fiscales que han permitido que Francia tenga primer déficit público por debajo del 3% del PIB (2,6%) desde hace diez años. Pero el gasto público está bajo fuerte presión, sobre todo en las partidas destinadas al alojamiento, el empleo y las comunidades locales. También en sanidad, donde el crecimiento del gasto previsto es tres veces menor que la tendencia natural. La Seguridad Social, con un superávit de 5.000 millones de euros en 2017, debe seguir sumando dichos superávits para reducir el déficit global. En todas partes, el descontento se opone a un discurso edificante sobre la necesidad de reducir la deuda que, también en este caso, contrasta con las bajadas de impuestos acordadas. Pero estas políticas participan también del aumento de las desigualdades.

Haciendo honor a su sobrenombre de “presidente de los ricos”, Emmanuel Macron cree en un deslizamiento de la riqueza, a través de la inversión, de los más ricos al empleo y de ahí a los más pobres. Aquí también, la lógica está en las antípodas de la anunciada durante la campaña. Se trata de reforzar la oferta antes de dar poder de compra. “Crear riqueza antes de distribuirla”, no deja de repetir el ministro de Economía Bruno Le Maire. Pero esta apuesta por reforzar el aparato productivo recurriendo al mejor postor fiscal es muy incierta.

Y lo es por varias razones. En primer lugar porque muchos países han iniciado la misma carrera de bajada de impuestos, como ha señalado el economista Thomas Piketty, que insistió en los puntos comunes entre la política económica de Emmanuel Macron y la de Donald Trump. Esta carrera al abismo conduce a un debilitamiento de las finanzas y de los servicios públicos y a una dilución del efecto de las medidas. En enero, invitó a 40 empresarios a Versalles para ofrecerles un gran show de seducción a las multinacionales, pero obtuvo pocos frutos concretos. En segundo lugar porque, en un mundo financiarizado y globalizado, la carrera por el rendimiento es la palabra clave. Nada garantiza que el dinero de las bajadas de impuestos se destine a la creación de riqueza francesa en lugar de a los mercados financieros impulsados por los bancos centrales o en países con tipos de crecimiento más atractivos. Las medidas de asignación deberán ser adoptados por la ley Pacto de mayo. Pero se anuncian ya como poco ambiciosas y nada capaces de contrarrestar estas fuerzas.

Si el Gobierno aspira a hacer pagar el impuesto a las grandes empresas de internet, no ha convencido con su plan de lucha contra el fraude fiscal desde el momento mismo en que creó un “derecho al error” fiscal y la posibilidad de declararse culpable. Como en otras partes, el objetivo para ser evitar al máximo a las empresas. Incluso a costa del interés del Estado.

En su conjunto, el Gobierno parece, en materia económica, determinado a liberalizar y mucho menos convencido a proteger y compartir. Su modelo económico es el de la start up, lo que apenas tiene sentido cuando se sabe que el grueso de estas empresas fracasa y crea poco empleo. Sin embargo, las inversiones públicas procedentes de las privatizaciones masivas que serán anunciadas en la ley Pacto y que prometen reducir el servicio público quedarán reservadas a la innovación. El Gobierno cree firmemente en la “destrucción creadora”. Y también cree firmemente en el espejismo de las finanzas. Bruno Le Maire no deja de repetirlo. “Las finanzas no son nuestro enemigo, las necesitamos”. Y siguen dándose pasos para atraer a los gigantes de las finanzas del mercado de la City de Londres a París, como la reducción del tipo sobre los salarios de los bancos o el estatus de los expatriados que retornan al país. En ese caso tampoco se ven muchos éxitos: Frankfurt se impone en una carrera en la que el número de empleos en juego es escaso.

La gran suerte de Emmanuel Macron ha sido la coyuntura económica favorable. El crecimiento francés ha vuelto a ser del 2% en 2017, por primera vez en 10 años. Pero este buen resultado se explica por un débil crecimiento en 2016 y sobre todo por el apoyo masivo e inédito del BCE a la economía europea y en particular a la economía francesa. La inversión va de la mano del endeudamiento: Francia es el único país europeo en que el endeudamiento de las empresas no financieras progresa. Este crecimiento ha permitido evitar una espiral de austeridad anunciada en julio, pero es frágil. Depende de una coyuntura mundial que tiende a debilitarse y que va a tener que hacer frente a varios desafíos: burbujas financieras diversas, normalización de las políticas monetarias, guerras comerciales. Lo más inquietante en esta política es la inaptitud de Emmanuel Macron que proporcionará protecciones frente a estos desafíos y su convicción de que las viejas recetas de antes de la crisis llevarán a otro resultado, más brillante. Como si el regreso al neoliberalismo causante de las crisis de 2007 bastara para protegerse de la siguiente...

Traducción: Mariola Moreno

Aquí puedes repasar íntegra la entrevista a Macron en Mediapart

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